30 de marzo de 2016
Pese a las condenas internacionales, la monarquía árabe continúa persiguiendo a disidentes y minorías étnicas. Las semejanzas con Estado Islámico y el vínculo con las potencias.
Ejecuciones. Movilización de mujeres por el asesinato del clérigo chiíta Nimr al Nimr. (STR/AFP/Dachary)
Las filmaciones son impactantes: una mujer es decapitada en plena calle, un hombre es torturado a latigazos y cinco cuerpos cuelgan de un poste, sin sus respectivas cabezas, a los ojos de todos los transeúntes. Parecen imágenes propias de la Edad Media. Pero no. Ocurren en pleno siglo xxi y fueron tomadas en Arabia Saudita, la ultraconservadora monarquía árabe que todavía utiliza la pena de muerte y las amputaciones para castigar a quienes piensan distinto o cometen algún delito.
Gran parte de esas aberraciones pueden verse en el documental Saudi Arabia uncovered (Arabia Saudita al descubierto), estrenado a fines de marzo en el canal pbs, la televisión pública estadounidense. El film muestra cómo se vive y qué ocurre en ese hermético país árabe, una de las cinco monarquías absolutistas de todo el mundo.
Las imágenes tomadas en el documental son la cara más cruda de una realidad conocida. En el rico país petrolero está prohibida la libertad de expresión en todas sus formas, no hay posibilidad de disidencia política y la violencia más extrema es utilizada para silenciar voces opositoras o perseguir a minorías étnicas. De hecho, y según datos de Amnistía Internacional (ai), Arabia Saudita es uno de los territorios en los que más se aplica la pena de muerte. En 2015 hubo 151 ejecuciones, la cifra más alta de las últimas dos décadas. En lo que va de este año, la agencia France Presse ya cuenta 47. Una de las más recordadas fue la del clérigo chiíta Nimr al Nimr, que generó un conflicto diplomático y geopolítico con un histórico enemigo: Irán.
Todas las ejecuciones fueron ordenadas por el rey Salmán bin Abdulaziz, quien asumió el cargo el 23 de enero del año pasado, tras el fallecimiento de su medio hermano Abdullah bin Abdulaziz. Por las dudas, Salmán ya nombró a su sobrino, Mohamed bin Nayef, como ministro del Interior y futuro heredero del trono. La familia gobierna el país desde 1932, cuando Abdelaziz bin Saud, padre de Salmán y Abdullah, se convirtió en el primer rey de lo que es considerado la Arabia Saudita «moderna».
Lo curioso es que, en su afán por mantenerse en el poder, la realeza no solo utiliza la pena capital para delitos graves –tal como aún ocurre, por ejemplo, en algunas regiones de Estados Unidos y otros países occidentales–, sino también para penar a aquellas personas que consumen drogas, que intentan profesar una religión distinta a la oficial o que simplemente son críticos de las políticas implementadas por el gobierno. Amnistía Internacional sostiene que, en la mayoría de los casos, los acusados afrontaron juicios sin garantías y fueron torturados, engañados o coaccionados para hacer confesiones falsas. Muchos fueron decapitados públicamente.
La monarquía también se encargó de eliminar sistemáticamente todo tipo de activismo político al amparo de una legislación «anti-terrorista» que impide la formación de partidos, sindicatos u organizaciones sociales. Del mismo modo, están prohibidas las manifestaciones callejeras, consideradas por el gobierno como una «incitación al pueblo contra las autoridades», según el decreto promulgado en 2011. La persecución llegó hasta Internet: decenas de blogueros y cibernautas que escribieron contra la realeza saudita terminaron tras las rejas o sufrieron una sesión de tortura a latigazos.
El país también fue denunciado en reiteradas ocasiones por la onu. Según el último informe del abogado argentino Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, el aumento de las ejecuciones en el reino árabe «equivale a tortura y viola la legislación internacional». Méndez puso la lupa sobre la aplicación de la pena de muerte contra menores, como en el caso de dos jóvenes que fueron condenados a crucifixión cuando tenían apenas 17 años. ¿El delito? Haber participado de las protestas contra el gobierno en los albores de la Primavera Árabe, allá por 2011.
Para Luis Mendiola, embajador argentino en Arabia Saudita entre 1996 y 2005, el aumento de las ejecuciones está vinculado con la necesidad del gobierno de hacer «cambios en la estructura económica y política» del país. «Eso hizo que se produjera una inquietud e inestabilidad política que, a los ojos del régimen, lo obliga a ponerse más duro para lograr que los ciudadanos obedezcan. Es un régimen que depende de la represión. Ellos se sienten amenazados desde el exterior, creen que en el país entraron fuerzas ideológicas extrañas y que deben reprimir para evitar males mayores», explicó Mendiola, diplomático de carrera, ante la consulta de Acción.
En ese sentido, Paulo Botta, coordinador del departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, sostuvo que los altos niveles de represión que utiliza el gobierno saudita están sustentados por su «sistema constitucional, que aplica una visión particular del Islam, el wahabismo, una escuela caracterizada por ser extremadamente literal en cuanto a su interpretación de los castigos y, por lo tanto, muy dura».
Ciudadanas de segunda
Esa estricta interpretación del Corán es la que, para algunos analistas, emparenta a Arabia Saudita con Estado Islámico (ei). Tanto la monarquía conservadora como el temible grupo terrorista cuentan con un sistema penal muy similar: por ejemplo, la «blasfemia», los «actos homosexuales» y la «traición» son castigados, en ambos casos, con la pena de muerte. El adulterio es penado con la muerte por lapidación y el «insulto a la religión», con 1.000 latigazos. Un poco más abajo en la escala aparece el robo, que es sancionado con la amputación de la mano, tal como estableció el Código de Hammurabi creado en 1.728 ac.
Quien se encarga de velar por el buen cumplimiento de las normas es la Mutaween, más conocida como la «policía religiosa» de Arabia Saudita. Esta fuerza de seguridad forma parte del Comité para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, que vela por el mantenimiento de las estrictas normas de conducta impuestas constitucionalmente. Una serie de videos que se viralizaron en las redes sociales mostraron el accionar del cuerpo policial religioso. En uno de ellos, los oficiales arrestan a una mujer por caminar dentro de un shopping con las uñas pintadas.
Las vejaciones y la discriminación que sufren las mujeres en Arabia Saudita las convierten en verdaderos ciudadanos de segunda. Entre otras cosas, tienen prohibido conducir y solo pueden viajar, cursar estudios superiores u obtener un trabajo remunerado si cuentan con la autorización de un hombre. Recién en diciembre del año pasado pudieron participar por primera vez como candidatas en una elección. Pero lo hicieron con inmensas limitaciones: no pudieron presentarse en actos de campaña, solo se les permitió aparecer en carteles propagandísticos con el rostro cubierto y las autoridades les prohibieron dirigirse directamente a los electores varones. El resultado fue lógico: entre los 2.106 escaños en juego, las mujeres sólo obtuvieron 21.
Lo más preocupante dentro de este cuadro es que, a pesar de las furiosas condenas internacionales, las grandes potencias continúan manteniendo estrechos vínculos con la monarquía saudita. Estados Unidos, por ejemplo, es el mayor proveedor de armas del país árabe, acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos y financiar a grupos terroristas en Siria, Pakistán, Afganistán, Yemen y otros países de la región.
Una muestra más de esa amistad se vio recientemente. Después de pasar por Cuba y la Argentina, el presidente Barack Obama viajará hacia Arabia Saudita. Seguramente será recibido con alfombra roja y entre cálidas sonrisas, como cada vez que realiza una visita oficial.
—M. A.
