Tierra en trance

Doscientos activistas en defensa del suelo y el medio ambiente fueron asesinados en 2016 por su lucha contra el negocio de las grandes empresas con los recursos naturales. Los casos testigo en América Latina. Derechos vulnerados y falta de controles.


Tegucigalpa.
Reclamo indígena exigiendo justicia por el crimen de la líder hondureña Berta Cáceres frente al Ministerio Público. (Sierra/AFP/Dachary)

La Tierra llora sangre. Y no es milagro. 200 ambientalistas y defensores de su suelo natal fueron asesinados en 2016 a manos de sicarios, matones y policías al servicio de grandes empresas y grupos económicos. Los crímenes ocurrieron en 26 países del mundo, 6 de cada 10 se cometieron en Latinoamérica. La avanzada de las grandes corporaciones arrasa con todo aquel que se interponga en el camino. Las fuerzas de seguridad con su mano de obra, la Justicia con sus ojos bizcos y su mirada perezosa y los recursos financieros que llegan sin importarles el cómo y el para qué, todos se alían para custodiar los intereses del poder.
Los datos fueron revelados por un informe de la ONG Global Witness (GW), que desde hace 20 años se dedica a la temática ambiental. El reporte asegura que «esta oleada de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias». Las víctimas de estas peleas estaban involucradas en conflictos con la minería (33 casos), la explotación forestal (23) y la agroindustria (23). La caza ilegal, el acceso al agua potable y la instalación de represas completan el cuadro.
Según GW, Honduras es el país con más homicidios de defensores de la tierra por cantidad de habitantes. Allí, el crimen de Berta Cáceres había puesto en escena internacional la problemática. En 2015 fue distinguida con el premio Goldman, una suerte de Nobel del medio ambiente. Hasta el 3 de marzo de 2016 había acumulado 33 amenazas de muerte. Ese día cumplieron, le dispararon en su propia casa. «Mi mamá era una luchadora social: anticapitalista, antipatriarcal y antirracista», evocaba su hija Laura. La Justicia detuvo, entre otros, al sospechado de ser autor material, un oficial del Ejército hondureño. También está en prisión el gerente de la empresa que gestionaba el proyecto «Agua Zarca», una obra hidroeléctrica a la que Cáceres se oponía.
En opinión de GW, el sur del continente presenta condiciones favorables para que, como indican las cifras, los atropellos de las empresas se repitan. Ben Leather, director de campañas de la ONG, asegura que «los ambientalistas corren más peligro en Latinoamérica porque, entre otras razones, hay una gran población indígena con una historia de marginalidad que la hace más vulnerable». El informe agrega que el alto grado de corrupción en los Estados involucrados «permite que la tierra pueda ser vendida sin el consentimiento y a veces sin el conocimiento de las comunidades afectadas».

Impunidad
El desconocimiento de los aspectos legales que, a veces, suelen tener los demandantes choca también con la negativa empresarial a respetar control alguno. Frente a una iniciativa que modifique el medio ambiente, el derecho internacional establece que ninguna persona debe ser coaccionada o manipulada para la aprobación de un proyecto. Indica además que se debe dar tiempo a las poblaciones involucradas para estudiar cada emprendimiento. La norma obliga a que las comunidades reciban información objetiva, precisa y, de ser necesario, en la lengua materna del grupo. El consentimiento de quienes puedan ser afectados por las tareas a realizar está amparado por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Las balas, sí, suelen eludir expedientes y no visitan tribunales. Isidro Baldenegro era un líder indígena mexicano que, como Cáceres, también recibió el premio Goldman. Se lo reconoció porque «su trabajo implacable en la organización de protestas pacíficas ayudó a proteger los bosques, las tierras y los derechos de su pueblo». Referente de la comunidad de los tarahumaras, enfrentaba la tala ilegal de árboles en su estado natal, Chihuahua. Había huido de allí, amenazado, para radicarse en las montañas de Sierra Madre. No pudo escapar de la muerte. Lo asesinaron el 15 de enero de 2016, para que repitiera el sino trágico de su padre. A Julio Baldenegro, también activista contra la tala, lo habían acribillado 30 años antes que a su hijo.   
Un día después del crimen en México, la muerte se mudó a Guatemala. Un tiro en la cabeza derrumbó a Laura Leonor Vásquez. A sus 47 años y con dos nietos a su cargo, participaba del rechazo a la explotación de oro y plata en la mina El Escobal. El emprendimiento minero se encuentra a menos de 200 metros de los mantos acuíferos de la zona, el riesgo de contaminación era como una bomba de tiempo para el lugar. Nada detuvo al concesionario privado. El gobierno local, incluso, decretó estado de sitio en la región cuando las protestas recrudecieron.
Desde GW denuncian el papel de los inversionistas en el ataque a los ambientalistas. Citan como ejemplo el caso Cáceres y señalan que «durante años, el Banco Holandés de Desarrollo y su socio en Finlandia, Finnfund, continuaron financiando el proyecto al que se oponía Berta, incluso después de que ella y otras personas denunciaran gran cantidad de amenazas y ataques; solo se pronunciaron tras que el crimen cobrara trascendencia internacional».