9 de noviembre de 2018
Más de la mitad de los legisladores tucumanos firmaron un proyecto que prohíbe los abortos, aun en caso de una violación, a pesar de que el Código Penal establece que la interrupción del embarazo es legal si representa un peligro para la vida o salud de la madre o si proviene de una violación. Su vigencia fue confirmada en 2012, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJT) en la causa «FAL», en el que se avaló la interrupción del embarazo que cursaba una adolescente de 15 años, como consecuencia de los ataques sexuales que había sufrido de parte de su padrastro. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales tucumano, Marcelo Caponio, afirmó: «Respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que (esta postura) no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas».
