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Un crimen de Estado

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Médico, militante y dirigente comunista, fue detenido en junio de 1955 y, aunque el Gobierno admitió que murió en la mesa de torturas, su cuerpo nunca fue hallado.

 

Rosario. Ingallinella (de pie, a la izquierda) en una reunión del Partido Comunista.

La fotografía más conocida lo muestra de medio cuerpo, con saco gris y corbata. Juan Ingallinella trasluce serenidad. Pero hay algo fundamental de su carácter que agregan los testimonios de quienes lo conocieron y no se aprecia en la imagen: la dedicación a las ideas por las que entendió justo luchar, el buen humor, la escucha sensible de los demás.
Ingallinella nació en Rosario el 10 de octubre de 1912, hijo de inmigrantes sicilianos radicados en el barrio Tablada. En 1931 comenzó a estudiar Medicina, pero tardó más de 15 años en recibirse. La militancia política fue su prioridad.
Eran tiempos de agitación. La Reforma Universitaria estaba amenazada por la intervención de la Universidad Nacional del Litoral. Ingallinella integraba Insurrexit, una agrupación vinculada con la juventud comunista. Leía a Romain Rolland, José Ingenieros y Aníbal Ponce, y se destacaba como orador en las asambleas.
En agosto de 1934 cayó detenido durante las protestas que los estudiantes organizaron contra la designación del decano de la Facultad de Medicina. Fue el primer registro de una persecución que se extendió por el resto de su vida. Dos años después conoció a Rosa Trumper, una maestra de Moisés Ville. Se casaron en 1938, y fueron a vivir a Saavedra 667, donde hoy funciona un centro cultural que lleva el nombre del médico y militante.
Jaskel Shapiro lo conoció a mediados de la década de 1940. «Era una figura estimulante para la juventud, porque era muy combativo. Y resultaba atrayente por lo cordial, por estimular en cada uno los rasgos positivos. Eso se trasladaba a la atención a los pacientes, con sus bromas, su trato afectuoso», recuerda.
En 1942, Ingallinella se incorporó a la dirección provincial del Partido Comunista. En junio de 1943 pasó a la clandestinidad después de que la policía allanara su casa. Montó una pequeña imprenta de incógnito y organizó la propaganda del partido, para lo cual redactaba los originales, los componía en tipografía y corregía las pruebas.
Así, a principios de 1944 Ingallinella acusó a los policías Francisco Lozón, Félix Monzón y Santos Barrera, quienes en adelante se convirtieron en sus perseguidores más encarnizados, por las torturas que habían recibido los militantes Luis Liborio Trella, Antonio Propat y Atilio Faca. A pesar de que usaba anteojos negros y bigotes postizos, fue reconocido en la calle y detenido cuando echaba propaganda partidaria en un buzón. Tuvo que festejar en la cárcel el primer año de su hija, Ana María, nacida en 1943.
Con Enrique Rulo Dratman, conocido por su habilidad para improvisar discursos en actos relámpago, y otros compañeros, organizó prácticas de gimnasia y estudios de marxismo-leninismo, y se las ingenió para editar un periódico manuscrito. También escribía resúmenes de libros de economía política y materialismo histórico y los hacía circular entre los presos.
En 1945 salió en libertad. Terminó la carrera dos años después, en Córdoba. Según el testimonio de Rina Bertaccini, «su imagen era la de un hombre de barrio, con un consultorio modesto y abierto a todo el mundo. No le faltaba trabajo, lo que le faltaban eran pacientes que le pudieran pagar. Pero él irradiaba optimismo, pese a toda la vida dura».
La persecución política tenía muchas formas. Ingallinella fue despedido del Hospital de Niños, después de fundar la sección rosarina del Movimiento de Partidarios de la Paz, en 1949, y en 1950 Rosa Trumper quedó cesante como docente, luego de que la policía se negó a otorgarle un certificado de buena conducta. La noticia de su viaje por Europa, entre julio y setiembre de 1953, tuvo amplia repercusión. Invitado al Congreso Mundial Médico que se realizaba en Viena, recorrió también institutos científicos de la Unión Soviética y Checoslovaquia.
El 16 de junio de 1955 una conspiración cívico-militar intentó derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Durante la tarde, en los alrededores del frigorífico Swift, de Rosario, circuló un volante donde el Partido Comunista llamaba a resistir «el golpe reaccionario dirigido fundamentalmente contra la clase obrera y el pueblo». Fue la excusa para que el jefe de policía, Emilio Gazcón, ordenara una razzia.
Ingallinella fue detenido al día siguiente, cuando volvía a su casa para ver a una paciente, y conducido a la División de Investigaciones de la policía. Los interrogatorios con picana eléctrica comenzaron a la madrugada, dirigidos por Francisco Lozón.
La mayoría de los detenidos quedó en libertad entre el 18 y el 19 de junio. La policía informó que entre ellos estaba Ingallinella. Pero el dirigente no aparecía por ningún lado y el 21 de junio el abogado Guillermo Kehoe, que también había sido torturado, presentó un hábeas corpus. Los reclamos se multiplicaron de inmediato.
Las calles de Rosario comenzaron a ser escenario de marchas y actos relámpago de estudiantes universitarios y secundarios. El 13 de julio los abogados hicieron un paro en reclamo de la investigación, y el 2 de agosto hubo otro de médicos.
Finalmente, el 27 de julio el gobierno provincial admitió que Ingallinella había muerto en la mesa de torturas. Pero las defensas pidieron la absolución de los policías invocando la falta del cuerpo del delito. Argumentaban que no podía probarse el asesinato de Ingallinella. El concepto jurídico de «desaparición forzada de personas» era desconocido en la época.
Fue un juez correccional, Juan Antonio Vitullo, el encargado de dictar sentencia, después de que se excusaran los jueces del fuero penal de Rosario. No era necesario el hallazgo del cadáver, sostuvo, ya que sobraban pruebas del hecho: la admisión de la muerte por parte de los principales responsables; las contradicciones entre los acusados; las pericias; los testimonios sobre las torturas. El 30 de mayo de 1961 condenó a 5 policías –entre ellos Lozón– a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y privación ilegal de la libertad, entre otros cargos. La Cámara del Crimen rebajó las penas a 20 años de prisión.
El caso tuvo otras sanciones. Desde noviembre de 1955, cuando un funeral cívico convocó a una multitud en el Teatro El Círculo, de Rosario, hasta el 24 de julio de 2010, en que a partir de una propuesta del abogado Adolfo Trumper fue declarado «Ciudadano Ilustre Post Mortem», el crimen de Juan Ingallinella persistió como un episodio insoslayable de la historia política argentina.

Osvaldo Aguirre

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