7 de julio de 2020
En una polémica decisión, el juez federal de El Dorado, Misiones, Miguel Ángel Guerrero, prorrogó por un año el congelamiento de los bienes de Hezbollah por «lavado y financiación del terrorismo». Los fondos ya estaban frenados desde que Mauricio Macri emitió un decreto a tal efecto y no fue derogado por el actual Gobierno nacional. Hezbollah está dentro de las llamadas «organizaciones terroristas» en la Argentina, pero no es así en todo el mundo ya que tiene existencia legal, por caso en el Líbano y otros países árabes que lo carcterizan como un movimiento de resistencia frente al Estado de Israel. Así, la justicia federal de Misiones ratificó el congelamiento de activos de la organización, de otras entidades y de personas por su presunta vinculación con el atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 y que mató a 85 personas. La responsabilidad de Hezbollah nunca fue probada. El foco está puesto sobre el grupo Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, detenido en septiembre de 2018 en Brasil. Assad Ahmad Barakat era una de las personas más buscadas de la Triple Frontera por la acusación de lavado de dinero para financiar el terrorismo internacional, puntualmente al grupo Hezbollah. Al momento de ser detenido, Barakat tenía pedido de captura internacional de las justicias de Argentina, Paraguay y Brasil.
