6 de marzo de 2013
Es el poder del Estado que menos cambió desde la etapa constitucional iniciada hace 30 años. Anuncios oficiales y reacción opositora. Una oportunidad para la transformación.
Cuando a mediados de diciembre de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner deslizó en una de sus alocuciones que resultaba imperioso democratizar la Justicia, algunos miembros de ese poder del Estado se sintieron particularmente afectados y reaccionaron con notable virulencia. Así fue como la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que se denunciaban presuntas presiones gubernamentales sobre los jueces. Como contrapartida a una declaración que pretendía reflejar la opinión del conjunto de los funcionarios del único poder estatal cuyos integrantes son vitalicios y no deben someterse a la voluntad popular, un nutrido grupo de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y académicos replicó en sendas solicitadas publicadas en diarios nacionales que no se sentía representado por expresiones que tenían como objetivo central convalidar una tradición vertical, burocrática y elitista. A partir de entonces, la impugnación fue tomando fuerza hasta derivar en la convocatoria a un encuentro, denominado «Justicia legítima» que se desarrolló los días 26 y 27 de febrero en la Biblioteca Nacional y contó con más de 1.000 participantes.
En verdad el tema no apareció por arte de magia en la agenda política. Cabe recordar que uno de los ejes de la rebelión popular de 2001 fue la renovación total de la Suprema Corte de la «mayoría automática», absolutamente funcional a las políticas neoliberales del menemismo y la Alianza, un elemento que el ex presidente Néstor Kirchner supo capitalizar con inteligencia y que lo llevó a promover un gradual proceso de renovación del máximo tribunal.
Una serie de fallos que adquirieron características escandalosas (el asesinato de una mujer, víctima del «avenimiento» –figura legal que afortunadamente ya no existe–, la absolución de los presuntos responsables de la desaparición de Marita Verón, las cautelares eternas que favorecen a los oligopolios mediáticos) pusieron en el centro de la escena pública una discusión postergada que incomoda a quienes se amparan en la supuesta independencia del Poder Judicial para blindar sus privilegios.
Parte del aire
Al respecto, el ex juez y camarista José Massoni, en un texto publicado en 2007 titulado «La Justicia y sus secretos» señala que en lo que hace a ese poder «hay algo en el aire, un hedor, una idea difusa no expuesta, un elemento emocional y visceral escondido, que hace que las conductas no deriven en actos que respondan a una esencia republicana sino que tengan un perfume de aquellos propios intereses». En tanto, en una entrevista publicada por el matutino Página/12, la integrante del Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Ruiz, precisa: «Hay un discurso que habla de la independencia de los jueces respecto del poder político: esa es la primera falacia porque nosotros somos un poder político y deberíamos asumirlo. El Poder Judicial resignifica las reglas y el discurso, construye la realidad y puede –por ejemplo– instalar una idea sobre la mejor distribución de todos los bienes de la sociedad». En la misma línea argumental, el Defensor Oficial, Julián Axat, apunta que «se sostiene falsamente que el Poder Judicial argentino no hace política, cuando realmente está atravesado en todas sus instancias por la capacidad de decidir sobre la realidad social desde un punto de vista netamente político. El Poder Judicial hace política todo el tiempo a espaldas de las instituciones democráticas y es muy permeable a los medios y la presión de las corporaciones».
La impugnación a un paradigma que deviene de la herencia aristocrática e hispanista, advertible en la propia composición social de gran parte de los magistrados, apunta, entre otras cuestiones, a los mecanismos nepotistas para la designación del personal judicial, al carácter clasista de los concursos, donde se priorizan los antecedentes académicos que otorgan los posgrados y maestrías a los que acceden solo aquellos que pueden pagarlos, a la falta de transparencia en los dictámenes, al abuso del lenguaje técnico, a la perpetuidad en el ejercicio de la función –una anacrónica canonjía de la que gozaron los profesores universitarios hasta que fue eliminada por la Reforma Universitaria en 1918–, a las prebendas ocultas bajo el manto de los viajes académicos o las becas, a las relaciones de los jueces con grandes estudios jurídicos o empresas privadas, al sistema de juzgamiento que no sanciona la arbitrariedad ostensible o el desconocimiento del derecho.
Déficit. Los sectores más vulnerables de la sociedad tienen dificultades para acceder a un adecuado tratamiento en los tribunales argentinos. (Télam)
Opinión. En la Biblioteca Nacional, contra las posiciones conservadoras. (Kala Moreno Parra)
Acabar con este esquema retrógrado, implica terminar también, como sostiene Mauro Benente, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con «la desigualitaria distribución de la palabra, ya que hoy el magistrado es el único facultado para armar un relato sobre lo que supuestamente sucedió» y fundamentalmente tomar en cuenta las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, porque no es justo ni equitativo que, por caso, el sistema penal castigue con mayor pena el hurto o el robo con armas que la administración fraudulenta. Mientras está demostrada la incapacidad del sistema judicial para sancionar los fraudes económicos, el vaciamiento de empresas o la alta criminalidad organizada, se persiguen los delitos de poca monta y se criminaliza la miseria. Esto se refleja en la composición social de la población carcelaria, integrada en forma mayoritaria por personas de bajos recursos, muchos de ellos jóvenes acusados por hechos menores.
Supremos. La renovación de la Corte fue uno de los reclamos de 2001. (Télam)
Otro atavismo, fruto de la prevalencia de una cultura patriarcal, al que hicieron referencia algunos participantes del encuentro «Justicia legítima» es el modelo tutelar del Código Civil que declara incapaces a las personas, les designa un curador que debería representarlas pero en realidad las excluye, que convierte a los discapacitados en marginados sociales, considera a los menores como objetos, desatendiendo su derecho a ser escuchados y consolida el modelo de la mujer «protegida» y súbdita de su marido.
Discusión abierta
En este contexto crítico y reflexivo, hubo planteos tajantes, como el de Alfredo Drocchi, juez en lo Criminal a cargo del Juzgado Nº 1 de La Matanza, quien además de postular el juicio por jurados y que los jueces paguen el impuesto a las ganancias pidió la remoción de todos los jueces que tuvieron actuación durante la dictadura cívico-militar y también «de sus pichones». Otras iniciativas, en apariencia menos relevantes, como el cambio de la currícula en las facultades de derecho, la publicidad de la agenda de los magistrados para que la sociedad sepa con quiénes se reúnen, la creación de un observatorio externo, la televisación de los juicios o el respeto a las leyes indígenas como un reconocimiento de otras formas de administrar justicia, contribuyeron a sentar las bases de una propuesta integral.
Para Paula Litvachky, abogada representante del Centro de Estudios Legales y Sociales, «este polo de debate que se está armando hacia adentro de la Justicia, no va a ser verdaderamente transformador si no se abre la discusión, si no se escuchan los reclamos de los sectores que esperan que el sistema de justicia responda de una manera diferente a como lo está haciendo hoy. Hay que sumar a otros actores como los movimientos sociales, campesinos, indígenas, otros movimientos de derechos humanos. Queremos que esto no se encapsule sino que sea una apertura en serio».
Ello exige que la asociación que seguramente surgirá de los acuerdos respete y procese las naturales diferencias, eluda las presiones partidistas o sectarias y sea representativa de aquellos que dentro del sistema judicial o fuera de él aspiran a construir una Justicia verdaderamente democrática que –como preconiza Andrés Gallardo, juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está a días de retomar sus funciones– sea dependiente «de los derechos humanos, de nuestro pueblo y de los intereses de la Nación».
—Daniel Vilá
