9 de agosto de 2017
«Las sociedades de bienestar no existen señor Galanópulos. Solo existen los grupos de presión. Empresarios que luchan para defender sus intereses, trabajadores que luchan por los suyos», afirmaba con gran determinación Henrik De Moor, representante de una agencia calificadora internacional. La visión de De Moor revela un estereotipo de sociedad en la que el Estado se encuentra estratégicamente al margen de esta aparente puja entre iguales. Esta cita, que fue extraída de Con el agua al cuello, un libro de ficción griego, podría adaptarse perfectamente a las «recomendaciones» que suelen darnos estos organismos cuando vienen a la Argentina. Sin embargo, la experiencia demuestra que sin un Estado que arbitre entre estos intereses, la balanza siempre se inclina hacia el mismo lado: los más fuertes.
El cierre de la planta de Pepsico o la irregular situación de los trabajadores de Cresta Roja, constituyen ejemplos cercanos en tiempo y lugar. Bajo el discurso de «eficientizar» la producción, se justificó la decisión de despedir o someter a condiciones de precarización laboral a los trabajadores. Hechos que ocuparon las primeras planas de los diarios durante solo unos días pero que deberían permanecer en nuestras mentes por mucho más tiempo.
Situaciones que deberían llevarnos a reflexionar acerca de la lógica laboral que rige a las grandes empresas, y que las reformas laborales implementadas en algunos países intentan flexibilizar aún más. Ante las decisiones empresarias de recortar personal o debilitar las condiciones de trabajo, debería haber un Estado que provea a los trabajadores los recursos necesarios para hacer valer sus legítimos reclamos. Algo que, en estos días, también parecería pertenecer a la ficción y no a la realidad de nuestro país.
