11 de julio de 2014
Agentes del poder financiero presionan desde la justicia estadounidense mientras el país cosecha un gran apoyo internacional. Causas y consecuencias locales y globales.
Rechazo. En Argentina, además de marchas contra el fallo, hubo campañas públicas de repudio a los buitres. (Jorge Aloy)
Es mucho lo que está en juego. Tanto que no se puede entender la cuestión como un problema económico, tal como lo presentan algunos analistas. La puja abierta tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos del fallo de Thomas Griesa comprende más que el importe de un eventual pago a los bonistas que no entraron en el canje y querellaron al país ante la justicia de Nueva York. La estrategia argentina ante el revés en los tribunales estadounidenses pone las cosas en el terreno de la política y ese curso seguirán, aunque en paralelo a las negociaciones que se sustancian con el representante del juez (Daniel Pollack), en busca de lo que reclamó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández: «Pedimos que nos generen condiciones de negociación justas y de acuerdo con la Constitución argentina y las leyes nacionales». Ese fue el argumento que llevó el ministro de Economía, Axel Kicillof, a la reunión que mantuvo con Pollack el lunes 7 en Nueva York. El ministro planteó –en la oficina que Pollack posee en Manhattan– que «la sentencia de Griesa tal cual se interpreta sería de imposible cumplimiento».
El juez neoyorquino, además de establecer el pago total del valor de los bonos –adquiridos por los fondos buitre cuando el default argentino era casi un hecho consumado y a un valor ínfimo–, fue más allá y prohibió el pago al resto de los bonistas hasta que se resuelva la demanda de los holdouts. Nacido en Kansas, de origen republicano, el anciano magistrado juega sin disimulo su partido en favor de los buitres. «El pago es ilegal y no será realizado», se envalentonó, pero no pudo luego salir de la encrucijada planteada por el depósito de los fondos que Argentina hizo para el pago a los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010. Griesa, en suma, no embargó, pero «prohibió» el pago y el Gobierno argentino calificó tal decisión como «insólita e inédita, porque el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio. Se trata de fondos que ya no son de Argentina sino de terceros».
La medida del juez, que tiene como objetivo derribar los canjes de deuda acordados por nuestro país con el 92,4% de los bonistas, abrió nuevos frentes, ya que quienes tienen bonos con jurisdicción europea presentaron demandas al Bank of New York y Euroclear –agentes de pago– para que les transfirieran el dinero depositado por Argentina e inmovilizado, en lo que muchos consideran un exceso del juez, por Griesa. La controversia, como se ve, ya tiene nuevos actores. El Gobierno argentino publicó, en ese contexto, una solicitada en The Wall Street Journal, en la que manifestó que «Argentina quiere seguir pagando sus deudas, como lo viene haciendo desde 2005, pero se vio obstaculizada por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos de tomar el caso».
Con respaldo
Fronteras adentro se criticó con cierta liviandad la acción argentina en busca de apoyos internacionales para enfrentar la situación. Se dijo aquí que tales manifestaciones «no sirven para nada» a la hora de negociar. Los críticos locales vincularon las gestiones ante foros internacionales con lo que denominaban «falta de una estrategia» del Gobierno ante el fallo. Y, curiosamente, mientras sectores de derecha y analistas políticos no se cansan de repetir la consigna del aislamiento del mundo que padecería nuestro país, las solidaridades recogidas, así como la invitación a participar de la cumbre de los BRICS en Brasil, y las visitas que se avecinan de los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, a Buenos Aires, evidencian una realidad diferente.
El grupo G77 más China, nucleamiento de 133 países, expresó su «plena solidaridad y apoyo a la Argentina», al tiempo que marcó su «preocupación por las serias consecuencias de la sentencia que van más allá de la Argentina y que podrían afectar a cualquier país enfrentando situaciones similares». También se expresó el Parlamento del Mercosur: «La decisión de la justicia estadounidense pone en riesgo no sólo la resolución cooperativa de crisis de deuda soberana de los estados, sino que condiciona severamente la estabilidad y el desarrollo social y económico de la Argentina», señalaron en una declaración. El Banco del Sur, en tanto, manifestó su «más enérgico rechazo al accionar de grupos minoritarios cuya actitud obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países».
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hong Lei, reclamó una salida negociada «para no perjudicar el desarrollo económico argentino ni su estabilidad social». En la red social Twitter, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, plasmó «toda nuestra solidaridad con Argentina y contra el bárbaro atropello a su soberanía». En igual sentido se pronunciaron otros mandatarios y dirigentes latinoamericanos.
El gobierno argentino recurrió asimismo a la Organización de Estados Americanos (OEA), y logró la aprobación de una declaración de «respaldo a la posición de Argentina en la reestructuración de su deuda soberana», en la que calificó como «esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional garantizar que los acuerdos alcanzados» sean «respetados». El documento no fue acompañado por Canadá y contó además con una nota al «pie de página» agregada a solicitud de la representación de Estados Unidos en la que el país del norte manifestó «que no puede dar apoyo a la declaración y hace notar que el tema sigue su curso en el proceso judicial estadounidense».
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) también acompañó a la Argentina. A través de una declaración rechazó «el comportamiento de agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad financiera global».
Protagonistas. El juez Griesa (izquierda) benefició con su fallo al fondo de Paul Singer (derecha) y designó para negociar a Daniel Pollack (centro).
Donde manda Wall Street
La posición de Estados Unidos llama la atención porque salieron a la luz las contradicciones internas del gobierno de Obama y sus vínculos con lo más granado del poder financiero. Si bien presentó un recurso de amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones, cuestionando el fallo de Griesa antes de la determinación de la Corte, bloqueó las anunciadas intenciones de la titular del FMI, Christine Lagarde, de presentar su propio amicus curiae ante la Corte para apoyar la postura de Argentina. Al respecto, Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Política y Económica, explicó en una entrevista que los buitres, además de su gran poder de lobby en la justicia, tienen fuertes aliados en el gobierno de Obama.
En el país del norte también surgieron posicionamientos en contra del juez neoyorquino y del máximo tribunal. Para The New York Times, «la decisión de la Corte puede dañar el status de Nueva York como capital financiera del mundo». El Council of Foreign Relations, conspicua expresión del establishment estadounidense, aclaró que «un país deudor necesita poder pagarles a los tenedores de bonos reestructurados sin pagarles a los holdouts. Caso contrario, nadie podrá participar en el futuro en un canje de deuda y ningún país podrá jamás reestructurar su deuda». Advirtió el Council que «no hay muchas instituciones lo suficientemente poderosas para poner de rodillas a una Nación soberana. La mayoría de las que ejercen su poder lo hacen con cuidado, el resto son fundamentalistas y peligrosas. La Corte Suprema de Estados Unidos –y el resto del sistema judicial federal de Estados Unidos– se puso de lleno en la última posición cuando se negó a aceptar una apelación presentada por la Argentina contra una decisión de un tribunal inferior».
No es que a estos voceros conservadores les preocupe la suerte de los argentinos sino que sus desvelos pasan por el desprestigio en que caería la plaza de Nueva York como centro financiero internacional. El respaldo que obtuvo Argentina por parte de un centenar de parlamentarios británicos los alarmó, ya que Londres es uno de los eventuales rivales en su carácter de sede financiera.
Suárez o Messi
En el ámbito interno, la dirigencia política se encaminaba al inicio de la campaña hacia 2015, una vez finalizado el Mundial de Fútbol. El Gobierno había ido cerrando frentes externos (Ciadi, Repsol, Club de París) se presume que con el objetivo de recuperar el acceso al crédito internacional. Esta intención era mayormente compartida por las fuerzas políticas de oposición. De ahí que, ante el obstáculo que interpone el juez Griesa con su fallo, puede decirse que prevaleció un sentido de acompañamiento a la gestión oficial en un tema que –saben quienes aspiran a suceder a la Presidenta a partir de diciembre de 2015– incidirá notoriamente en el escenario económico que deberán administrar en caso de ganar las presidenciales del año que viene. Así, sin dejar de llevar agua para el molino propio en un clima de campaña en ciernes, hubo pronunciamientos del diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, quien convocó a formar una comisión bicameral para convertir el acceso a los mercados en «una política de Estado». El dirigente bonaerense, con espíritu marketinero, convalidó una nota del semanario conservador británico The Economist que comparó a la Argentina con el futbolista uruguayo, Luis Suárez, expulsado del Mundial por morder a un defensor italiano. «En el futuro, tenemos que lograr que digan que somos los Messi de los mercados, que nos distinguimos por talento, por calidad y por iniciativa. Ese es el país distinto que tenemos que hacer».
También opinó el senador del Frente Amplio Unen (FAUnen) Fernando Solanas: criticó los pagos realizados por el país y dijo que «esta crisis estuvo muy anunciada», mientras que su colega radical Gerardo Morales indicó que «claramente el juez Griesa trabaja para los fondos buitre». El precandidato presidencial de FAUnen, Hermes Binner, señaló que «vamos a apoyar y contribuir siempre pensando que este es un tema que, como está en la Constitución, lo tiene que tratar el Congreso». El gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, del Partido Socialista como Binner, expresó que «esta instancia que estamos atravesando en el abordaje de la deuda externa nos tiene que encontrar unidos, sin fisuras, con madurez».
Washington. El ministro de Economía, Axel Kicillof, junto con la embajadora argentina ante Estados Unidos, Cecilia Nahon, ingresan a la sede de la OEA. (EFE)
En otra sintonía, la diputada Elisa Carrió anunció que «no vamos a acompañar la irracionalidad con la que procede este gobierno y que puede traer consecuencias muy penosas para los argentinos». Por su parte, el jefe de Gobierno porteño y aspirante a la presidencia, Mauricio Macri, no tuvo dudas: «Ojalá las negociaciones sean buenas, pero no hay otra que ir y aceptar el fallo o caer en el default»; es decir, pagar y callarse la boca. El diputado del Pro Federico Sturzenegger, quien mucho tuvo que ver con uno de los episodios más nefastos para la deuda argentina, el megacanje, de cuya causa judicial quedó absuelto por prescripción, protagonizó una llamativa voltereta. El mismo día que se conoció el pronunciamiento de la Corte estadounidense, sostenía en notas periodísticas su convencimiento acerca de un fallo favorable al país y destacaba lo hecho por la misión parlamentaria y multipartidaria que había viajado a Washington días atrás, la cual él integró. Hecha pública la confirmación del fallo de Griesa, el ex secretario de Política Económica del equipo de Domingo Cavallo trajinó micrófonos radiales fustigando al Gobierno por su «mala praxis» con la deuda. El kirchnerismo respaldó sin fisuras la estrategia gubernamental. Lo mismo hicieron las fuerzas aliadas. Por caso, el diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, Juan Carlos Junio, manifestó que «lo que está claro para presentar el problema es que aquí hay dos grandes actores. El Gobierno nacional, la Nación entera, por un lado, y los fondos buitre del otro lado. Esa es la gran diferencia. Y francamente creo que hay que presentarlo como enemigo, porque se trata de eso, de una confrontación entre enemigos».
La resolución de esta puja determinará en buena medida las posibilidades argentinas de sostener las políticas de redistribución y estímulo al consumo y la producción interna. Pero también influirá en el escenario regional y afectará, si se impone el criterio del juez, las futuras reestructuraciones de deuda. El ministro Kicillof planteó en la OEA la gravedad de la situación: «Venimos a pedir soluciones urgentes. Argentina no quiere ser un caso de estudio para el futuro. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales actúen y que lo hagan pronto, antes de que el precipicio que ha establecido el juez Griesa esté delante de nuestras narices». Para el pensador brasileño Emir Sader, el fallo estadounidense tiene un evidente trasfondo político. A su juicio, es parte de una avanzada de la derecha internacional. «Esta ofensiva contra la Argentina tiene que ser contestada por todos los gobiernos latinoamericanos, que son, en distintos niveles, igualmente víctimas del capital especulativo, que se resiste a reciclar las inversiones productivas que necesitamos. Es hora –concluyó Sader– de que los gobiernos de otros países de la región no sólo acompañen a las misiones argentinas, sino que también asuman la disposición de imponer tributos a la libre circulación del capital financiero. Una medida indispensable, urgente, que sólo puede ser asumida por un conjunto de países en forma de unidad».
—Jorge Vilas
