A 100 años del movimiento estudiantil que transformó la educación superior en Argentina e influyó en toda América, los principios y valores levantados como bandera en Córdoba mantienen su plena vigencia. Crónica de las tomas y movilizaciones, sus protagonistas y las ideas que le dieron sustento.
23 de mayo de 2018
Los albores del siglo XX alumbran un mundo en ebullición. La gran industria promueve la modernización y los productos que surgen de las innovaciones técnicas generan el mejoramiento de las condiciones de vida, pero la clase obrera soporta jornadas extenuantes a cambio de salarios escasos. La vieja Rusia comienza a sacudirse las cadenas del zarismo y en Europa la disputa por los mercados hace que la guerra asome en el horizonte como una catástrofe inexorable.
En la Argentina semidesértica se amplían las tierras productivas y las ganancias de los terratenientes después de la campaña de exterminio de los habitantes originarios. La población se incrementa merced a una ola inmigratoria que otorga a las grandes ciudades un carácter cosmopolita y potencia el trabajo rural, aunque la renovada sociedad agudiza también las contradicciones entre criollos y gringos. El analfabetismo está reducido a la mínima expresión, el consumo de libros, diarios y revistas es uno de los más altos del mundo, la red ferroviaria se extiende mirando hacia el puerto de Buenos Aires y se favorece el ascenso de las capas medias, si bien la proclamada bonanza, celebrada ostentosamente en el Centenario de la Revolución de Mayo, es cuestionada por la rebeldía obrera y las ideas socialistas y anarquistas que bajan de los barcos junto con la babilónica marea humana que se instalará en los conventillos.
Conscientes de que las nuevas condiciones ponen en crisis los métodos con los que construyeron su hegemonía –el voto cantado, la compra de libretas– los dirigentes más lúcidos de la oligarquía ven la necesidad de abandonar las prácticas fraudulentas. Están convencidos de que la fortaleza del aparato que controlan les asegurará la victoria, y por ello dictan la Ley Sáenz Peña, que instituye el voto secreto y obligatorio. Pero el radicalismo, que durante décadas había resistido al «régimen» en nombre de la «causa», abandona la abstención electoral y, contrariando las previsiones, se impone en los comicios presidenciales de 1916.
En este contexto, la educación es un valor compartido por todas las facciones y su democratización parece indetenible. El número de estudiantes que asisten a las tres únicas universidades nacionales: Córdoba, Buenos Aires y La Plata –la del Litoral y Tucumán eran provinciales– ha pasado de 3.000 a 14.000, entre 1900 y 1918. Ya no solo los hijos de los terratenientes o los comerciantes pueblan las aulas, y ese cambio en la composición de la matrícula tendrá consecuencias irreversibles. Las casas de altos estudios son el bastión en el que se atrincheran los sectores más reaccionarios de la sociedad y allí rigen desde hace siglos el autoritarismo y la influencia clerical. Los profesores se consideran portadores exclusivos de la verdad, las cátedras en las que predican los axiomas del régimen son vitalicias y los exámenes, un mecanismo de sumisión y disciplinamiento. La Revolución Francesa resulta, para ellos, un hecho subversivo.
Primeros reclamos
La Universidad de Córdoba, fundada en 1613, es la más antigua del país y tradicional proveedora de funcionarios y burócratas. Los apellidos aristocráticos se repiten, monocordes, en todos los ámbitos de la coloquialmente denominada Casa de Trejo. Los jesuitas ejercen un poder omnipotente y la escolástica –doctrina medieval que subordina la razón a la fe– impera sin cortapisas.
A comienzos de 1917, la incipiente organización estudiantil cordobesa comienza a fortalecerse con el masivo reclamo por la reducción del pago de matrículas y aranceles. Las peticiones ante el Consejo Superior se multiplican y en la Facultad de Medicina se produce un conflicto a raíz del cierre del Hospital de Clínicas, donde los estudiantes hacen sus residencias.
El paso inicial de lo que poco después sería un inmenso movimiento que se extendería por toda América Latina lo da el Comité Pro-Reforma, presidido por Ernesto Garzón, Horacio Valdés y Gumersindo Sayago y, pese a que sus peticiones son aún tímidas, es inmediatamente desconocido por el Consejo Superior, que resuelve no aceptar ninguna solicitud estudiantil. Una huelga por tiempo indeterminado declarada por el Comité y acatada unánimemente impide que las clases se inicien el 1 de abril, como estaba previsto. El 11 de ese mes, los avances registrados se consolidan con la conformación de la Federación Universitaria Argentina (FUA) integrada por representantes de todas las casas de estudio.
Ante este panorama, el gobierno de Hipólito Yrigoyen intuye que la efervescencia irá en aumento y decide inmiscuirse en el conflicto para evitar desbordes que podrían debilitar su predicamento entre los sectores medios. Así, después de recibir a los dirigentes estudiantiles y ponerse al tanto de sus reclamos, interviene la universidad. Benjamín Matienzo es quien toma a su cargo la difícil tarea. Una de sus primeras medidas consiste en la modificación del estatuto –que data de 1893– al que califica de «restrictivo». La Asamblea Universitaria se convoca para el 31 de mayo. En tanto, se eligen democráticamente los decanos de Derecho, Medicina y Ciencias Exactas, las únicas tres existentes, y los partidarios de la Reforma consiguen una victoria decisiva. Emilio Caraffa es proclamado vicerrector y la elección del rector se traslada para el 15 de junio.
El estallido
La acogida que el movimiento obtiene entre la masa estudiantil y una minoría activa del profesorado determina que uno de sus aliados, Enrique Martínez Paz, aparezca como el mejor posicionado de los candidatos al cargo. Sin embargo, y haciendo caso omiso de los compromisos asumidos, algunos de los consejeros que los estudiantes computan como propios se suman a los tradicionalistas y tras dos votaciones en las que ninguno de los aspirantes obtiene la mayoría absoluta, es elegido uno de los personajes más reaccionarios del claustro profesoral, Antonio Nores, respaldado por Corda Frates, una logia clerical integrada por no más de una docena de personas. La reacción estudiantil tumultuosa y violenta toma el establecimiento y obstaculiza su asunción, la Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y pocos días después se difunde públicamente el célebre «Manifiesto a los Hombres Libres de Sudamérica» (ver recuadro), redactado por Deodoro Roca, uno de los líderes del movimiento –además de Aníbal Ponce, Arturo y Raúl Orgaz, Julio González y Arturo Capdevila, entre otros– que hoy continúa siendo valorado como un formidable texto político-literario.
Frente a lo que considera una insurrección que atenta contra el orden y la religión, la jerarquía eclesiástica se abroquela. Uno de sus voceros, el obispo Zenón Bustos y Ferreira, se indigna: «Córdoba ha contemplado azorada y sin creer que fueran realidad las manifestaciones desordenadas y sacrílegas que veía. No advirtió que había llegado el momento de cosechar los frutos indigestos del doloroso descuido de dejar a sus hijos sin disciplina, ni cultura ni instrucción cristiana». Valdés le replica desde un palco callejero: «Los viejos dioses cristianos han perecido en el corazón de los hombres y el fantasma crucificado no se reitera para redimir al pueblo de tanta injusticia».
Como las protestas y las movilizaciones se suceden y concitan el apoyo del movimiento sindical y los partidos políticos populares, el 11 de julio el Consejo Superior acuerda clausurar la universidad. Diez días después se inician las sesiones del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la FUA en Córdoba, en el que se reiteran los principios básicos del movimiento reformista: cogobierno estudiantil; autonomía política, docente y administrativa de la universidad; elección de todos los mandatarios por asambleas con representación de profesores, estudiantes y egresados; selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que aseguren la libertad de acceso al magisterio; fijación de mandatos con plazo fijo para el ejercicio de la docencia solo renovables mediante la evaluación de la competencia del profesor; asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a la Nación y la defensa de la democracia; libertad docente y creación de cátedras libres.
La situación se torna insostenible y Nores se ve obligado a renunciar. Yrigoyen, en otra vuelta de tuerca, designa un nuevo interventor, José Salinas, quien asume muchas de las demandas estudiantiles y acepta la renuncia de los docentes disconformes. El radicalismo termina por asumir como propias las reivindicaciones de un segmento considerable de su base social, si bien los partidarios de la Reforma son una minoría dentro del partido.
Réplicas americanas
El proceso transformador se extiende a las universidades de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y a la del Litoral, que un año más tarde sería nacionalizada, entre otras razones como consecuencia de la agitación existente. También a países latinoamericanos como Perú, donde sus principios rectores tendrán considerable influencia sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, por entonces dirigente estudiantil y fundador en 1924 de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), organización política que durante la primera etapa de su existencia levanta banderas antimperialistas. Otro líder revolucionario que abreva en la experiencia reformista es el cubano José Antonio Mella, que edifica la Federación de Estudiantes Universitarios de su país sobre la base de las definiciones del «Manifiesto Liminar». Chile, México y Uruguay se impregnarán prontamente de este espíritu.
A la hora de establecer los contenidos ideológicos del movimiento reformista y las condiciones de su surgimiento existen muchas diferencias y un puñado de coincidencias entre los estudiosos, dadas las múltiples corrientes que coexisten en el nacimiento de este complejo fenómeno, lo cual impide establecer relaciones mecánicas o plantear influencias absolutas, aunque el acuerdo es generalizado en subrayar como aspectos centrales, la exigencia de la participación plena del estudiante en la vida académica, el acendrado anticlericalismo y la impugnación a un saber profesoral anquilosado, así como la oposición a toda forma de dogmatismo.
Desde el punto de vista político, se resalta su carácter latinoamericanista y antimperialista y una visión solidaria con las luchas de la clase obrera. En efecto, el propio Deodoro Roca, polemizando con quienes afirman que hay que atenerse a lo puramente académico, reivindica la estrecha relación entre la universidad y la sociedad y, refiriéndose a quienes la impugnan con un criterio insular, sostiene que «tales trogloditas» creen saldadas sus deudas con los demás «por el mero hecho de atestiguar ante el asombro privado que son cisternas del saber», sin reparar en que es necesario que «con la palabra de un intelectual se transparente una acción».
En un discurso pronunciado recientemente en el acto de colación de grados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el filósofo Diego Tatián reivindica, a su vez, a la Reforma como un acontecimiento emancipatorio: «Más allá del episodio puramente universitario que la desencadenó –sostiene– extiende inmediatamente su acción a problemas sociales como el de los exiliados o el de los presos políticos». En cuanto al concepto de autonomía, puntualiza: «En sentido pleno, es en primer lugar un compromiso, que piensa la producción y la transmisión amorosa del conocimiento que es la educación en un contexto siempre difícil. Tampoco es un concepto autotransparente ni evidente. Ninguna palabra importante para la vida humana lo es. No lo es la palabra libertad, no lo es la palabra igualdad, no lo es la palabra democracia. Es decir, son siempre términos con los que las generaciones deben confrontarse y a los que deben resignificar, reinventar, y sobre todo preservar como una memoria y un horizonte de sentido».
