Pese a sus escasas chances de triunfo, el abogado progresista Jaled Alí anunció su candidatura con miras a frenar los abusos del régimen de Abdelfatah Al Sisi. Entre ellos: las violaciones a los derechos humanos y la persecución contra opositores y periodistas.
29 de noviembre de 2017
La historia dirá que el 8 de octubre de 2017 fue la única vez en largo tiempo que el pueblo de Egipto gritó en las calles sin que nadie terminara preso, torturado o muerto por eso. Mohamed Sala, delantero de la selección, convirtió ese día un penal para la victoria sobre Congo en las eliminatorias africanas, que aseguró la participación del equipo egipcio en el Mundial de Rusia 2018. La política local disputa otro torneo, mucho más cruel y desparejo, que también tiene el año próximo su fecha clave: habrá elecciones presidenciales que, aun con resultado cantado, cuenta con sorpresas.
Jaled Alí, un abogado de 45 años, es la Cenicienta de la competencia y no por falta de pergaminos: hijo de las revueltas populares de 2011, supo construir prestigio por su comprometida militancia social y por su pensamiento político progresista. Su rival es el presidente Abdelfatah Al Sisi, que había llegado al poder en 2014 por un golpe de Estado y desde entonces recibe cuestionamientos internos y externos por violaciones a los derechos humanos y severas restricciones a la libertad de expresión. El propio Alí sufre la embestida oficial por ser el opositor más activo. Su candidatura depende de cómo resulte un juicio que se le sigue por realizar gestos obscenos. Fue condenado en primera instancia a tres meses de cárcel por cerrar su puño y dejar extendido el dedo mayor en medio de una manifestación, proceso legal que podría impugnar su presentación. Por las dudas, la policía irrumpió en la imprenta donde se preparaba material proselitista y la clausuró.
Al frente del partido Al Dustur (en árabe, la Constitución) Alí diagnosticó que «Egipto está en crisis» y aseguró que «estamos trabajando con otros partidos democráticos con el propósito de tener garantías reales para librar esta batalla». Menuda tarea le espera si se tiene en cuenta que en la elección de 2012 reunió apenas 150.000 votos. En 2014, Al Sisi obtuvo un 96% de los sufragios; su rival, representante de izquierda, sacó un 3%, menos que el millón de votos nulos registrados. Participar en una contienda donde el triunfo parece imposible tiene sentido, según la estrategia que sigue Alí: se trata de organizar a la oposición, volverla visible en el precario sistema democrático que rige en su país y soñar con que las mayorías quiten apoyo a lo que calificó como «una tiranía».
Estado de asfixia
Hacerse oír en la tierra de los faraones supone un riesgo cierto. Un informe de la ONG Human Right Watch (HRW) revela que en los últimos tres años unos cincuenta «disidentes» murieron por apremios ilegales. El estudio describe un proceso que empieza con un arresto arbitrario, continúa con las torturas y el interrogatorio durante los períodos de desaparición forzada, y cuenta con la indiferencia –o complicidad– de la Justicia. Si el detenido esquiva el desenlace fatal, su calvario llega a ser difundido en redes sociales como mensaje de amedrentamiento. Según HRW, Al Sisi «usa como pretexto la lucha contra el terrorismo para acabar con la oposición pacífica». En abril pasado, el presidente había declarado una Ley de Emergencia tras el ataque de ISIS a dos catedrales cristianas coptas, que dejaron 45 víctimas. La reciente matanza de 305 personas a fines de noviembre en el norte de Sinaí, atribuida al mismo grupo islámico, trae argumentos en favor del presidente. Entre otras cosas por la dimensión del ataque terrorista, uno de los más sangrientos desde los atentados a las Torres Gemelas en EE.UU.
Las noticias también son malas para los periodistas. El gobierno cerró más de 400 sitios web, puso bajo su control a todas las ONG que trabajan en Egipto y encarceló a trabajadores de prensa. Asmaa Zidan purga una estadía tras las rejas por publicar en Facebook un fotomontaje de una moneda local con la cara del presidente. El diario Al Bawaba tiene a uno de sus periodistas desaparecido luego de que las fuerzas de seguridad reconocieran su detención. Otro de sus editores fue obligado a pedir disculpas públicas y a proclamar su lealtad a Al Sisi tras escribir sobre la huida de un ministro del expresidente Hosni Mubarak mientras estaba en prisión domiciliaria.
La asfixia oficialista cuenta con un sofisticado andamiaje tecnológico. El Parlamento de la Unión Europea estudia leyes que impidan que se exporten del Viejo Mundo soportes informáticos de monitoreo y censura de contenidos en Internet a países denunciados por violaciones a los derechos humanos. Una compañía italiana vendió a Al Sisi un sistema de control remoto que permite al gobierno activar cámaras en celulares y tablets, grabar conversaciones y obtener contraseñas. Otra firma francesa aportó el programa Cerebro, un ejército de espías virtuales en la web.
Hasta la Casa Blanca se vio obligada a reaccionar frente a lo que ocurre con uno de sus socios en el continente. El 80% de las armas que importó Egipto entre 2012 y 2016 provino de EE.UU. y Francia, según un informe. La administración de Donald Trump canceló una partida de 100 millones de dólares en ayuda social a El Cairo, a la espera de progresos comprobables en las denuncias que se le imputan a Al Sisi. El mandatario parece firme en su carrera por la reelección; Jaled Alí aspira apenas a causarle un tropiezo, que no es poca cosa mirando la pista.
