9 de mayo de 2019
«Upskirting» es el nombre con el que se conoce la práctica de filmar y fotografíar el cuerpo de las mujeres por debajo de vestidos o polleras sin su consentimiento. Considerada una forma de acoso, la palabra se popularizó a partir del caso de Gina Martin, una joven británica que, tras haber sido fotografiada contra su voluntad en un festival en Londres, logró que esta conducta fuera tipificada como un delito por el Parlamento británico.
Recientemente, la provincia de Córdoba fue escenario de un caso similar, con el agravante de que el acosador es un funcionario público. En un fallo con perspectiva género, el juzgado de Control Nº 4 de la capital provincial condenó a un funcionario judicial de 46 años acusado de registrar imágenes de mujeres que esperaban el colectivo en el centro de la ciudad colocando su teléfono celular, escondido en una mochila, a baja altura, por debajo de las faldas de las víctimas. El hecho, sostiene la sentencia, «representa una repudiable invasión a la intimidad, que degrada y denigra a las mujeres», y se agrava «por ser el imputado un funcionario público que realizó la conducta juzgada en horario laboral».
