En plena pandemia, el presidente Luis Lacalle Pou consolida el giro a la derecha al impulsar un megaproyecto de ley que prevé achicar el Estado, endurecer el Código Penal y criminalizar la protesta social. Plan de lucha del Frente Amplio y los sindicatos.
28 de mayo de 2020
Ni siquiera el coronavirus le puso un freno a Luis Lacalle Pou en su afán por imponer el neoliberalismo en Uruguay. En plena pandemia, y a poco tiempo de asumir su mandato, el presidente envió un megaproyecto al Congreso para, según sus dichos, «refundar el país». Se trata de una Ley de Urgente Consideración (LUC), un cóctel de ajuste, apertura económica y mano dura que pone en peligro buena parte de las conquistas del Frente Amplio en sus 15 años de gobierno.
La LUC entró formalmente al Parlamento el 23 de abril para que los legisladores analicen un texto –más largo que la propia Constitución uruguaya– que cuenta con más de 500 artículos y que deroga más de 60 leyes sancionadas por los sucesivos Gobiernos frenteamplistas. Además, versa sobre un amplio abanico de temas: desde lo económico y lo financiero, pasando por las jubilaciones, las telecomunicaciones, el Código Penal y el sistema educativo. Como señalan analistas desde el otro lado del Río de la Plata, en la LUC se refleja fielmente el proyecto de país del nuevo Gobierno, formado por una coalición de cinco partidos que van del centro a la extrema derecha.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición y los sindicatos es el de la reducción del gasto público y de la plantilla estatal. Según el texto de la iniciativa, «no se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado», por lo que «quien debe ajustar los costos es el Estado». La idea es lograr un ahorro de aproximadamente 900 millones de dólares. Está claro: mientras el mundo revaloriza el papel del Estado a raíz de la pandemia de coronavirus, Lacalle Pou planea achicarlo.
El proyecto también prevé modificar el funcionamiento de las empresas públicas, que en Uruguay controlan sectores clave de la economía, como la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y los combustibles. En uno de sus artículos, estipula la derogación del «monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados establecido a favor del Estado y gestionado» por la ANCAP, la histórica compañía estatal creada en 1931. De ese modo, abre la puerta a los privados en un jugoso rubro como es el del negocio petrolero. Desde el Frente Amplio sostienen que la medida significa «entregar parte de la soberanía» uruguaya y «desconocer que las empresas públicas son parte de la identidad nacional». Pero no todo se limita al ajuste y la apertura económica. Como cualquier plan neoliberal, el proyecto se sostiene incrementando el papel represivo de las fuerzas de seguridad. En concreto, la LUC establece nuevas figuras legales y nuevas penas, como la que podría imponerse con hasta un año de prisión a quien «menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione o arroje objetos a un policía en ejercicio». También sube de cinco a diez años el lapso máximo de detención para menores de entre 15 y 18 años que hayan cometido delitos graves. Asimismo, otorga la posibilidad al Gobierno de «restringir» huelgas y declara ilegales los piquetes, que podrán ser reprimidos a través de la «disuasión policial». Uno de los fervientes defensores de estas medidas es Jorge Larrañaga, actual ministro del Interior. «Si hay que reprimir, hay que reprimir. Y al que no le guste, que se la banque», dijo alguna vez el también dirigente del Partido Nacional.
En campaña
Lo curioso es que, durante la campaña electoral del año pasado, Lacalle Pou no había mencionado ninguno de los puntos más polémicos de su proyecto de gobierno. Apenas se había limitado a decir que tenía «en mente una ley como de 500 artículos» y que, bajo su gestión, impulsaría un proceso de «cambio y diálogo». De allí que muchos lo comparen con Mauricio Macri. De hecho, y al igual que el expresidente argentino, una de sus primeras medidas de gobierno fue implementar un tarifazo en los servicios públicos de electricidad, agua y telefonía. El argumento para imponer estos aumentos fue, también, el mismo que utilizó Macri: la «pesada herencia». En este caso, Lacalle Pou hizo foco en el supuesto mal manejo de la economía por parte de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José «Pepe» Mujica para justificar sus decisiones.
A pesar de los reclamos de la oposición, el presidente uruguayo ya avisó que no dará marcha atrás con estas medidas ni, mucho menos, con la LUC. La megaley cuenta con tres meses exactos para su debate en el Congreso: 45 días en el Senado, 30 en Diputados y 15 por si deben hacerse modificaciones. La oposición tiene escasas chances de frenarla, ya que el oficialismo goza de mayoría en ambas Cámaras. Por ese motivo, el Frente Amplio comenzó una campaña de recolección de firmas para convocar a un referendo revocatorio y anularla en caso de que sea aprobada. Los sindicatos, por su parte, llamaron a la movilización para combatir una ley que consideran «antipopular» y que «ataca particularmente a los sectores más vulnerables». La lucha será larga. Y recién comienza.
