15 de junio de 2016
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó en mayo una extenso documento sobre la situación en Venezuela atendiendo un pedido de la oposición que controla la Asamblea Nacional de ese país con el objetivo de utilizar la «Carta Democrática» de la OEA y sancionar el gobierno de Nicolás Maduro. La mencionada «Carta» (de 2001) plantea que ante la «alteración o ruptura institucional» en un país corresponde su suspensión del organismo si lo aprueba una mayoría de dos tercios. Almagro considera que ya existe una «alteración grave al orden democrático» y fundamenta su análisis en las explicaciones que brinda la oposición. Es más, en el documento ni se menciona que la oposición ha intentado derrocar a Hugo Chávez y a Maduro y se la presenta únicamente como «víctima» de un régimen represivo. Sorprende que Almagro no reconozca que referentes opositores han llamado abiertamente a derrocar a Maduro y pusieron su firma en el acta que validaba el golpe de Estado de 2002, como lo hizo la dirigente María Corina Machado. También llama la atención que proponga como «mediador» a José María Aznar, expresidente de España, que avaló el golpe de aquel año.
La iniciativa de Almagro ha logrado que la OEA tenga un lugar en la crisis de Venezuela y esto es un triunfo para la oposición, dado que el gobierno de Venezuela prefiere el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como interlocutor. Sin embargo, fue la misma OEA por consenso la que expresó su apoyo al diálogo ya iniciado por UNASUR, un triunfo del gobierno de Caracas.
La situación es el reflejo de que el continente está en disputa entre los sectores progresistas que intentan impulsar una agenda de integración regional y los sectores liberales-conservadores que –por el contrario– buscan impedir que las experiencias progresistas se consoliden. Y esta disputa en Venezuela tiene uno de sus picos más altos.
