25 de enero de 2018
Desde la llegada del chavismo al poder, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han optado por combinar organización popular, movilización y ampliación democrática. El objetivo: buscar dotar al país de una nueva institucionalidad. Ese debía ser el marco necesario para discutir los grandes condicionantes en materia económica. A partir de la convocatoria a un nuevo proceso constituyente y luego de las contundentes victorias oficialistas en las elecciones de gobernadores y alcaldes, en 2017, se concluyó con cuatro meses de asedio opositor en las calles. Allí, la ciudadanía expresó su deseo de poner fin a la violencia para debatir los temas de especial relevancia para el país.
Este año se inició con una serie de iniciativas dispuestas por el gobierno en materia económica, romper la dependencia del dólar, solucionar la escasez de alimentos y medicamentos y dotar de inversiones extranjeras a PDVSA. Pero rápidamente, en continuidad con el decreto sancionatorio de Obama de 2015, se puso en marcha la orden ejecutiva propuesta por Donald Trump en agosto. Esto es, la prohibición de refinanciar los bonos de la deuda contraída con el país del norte, seguida de un conjunto de sanciones a las transacciones privadas con el Estado venezolano o con PDVSA y navíos que transporten alimentos a Venezuela. A esto se añade el embargo de armas por parte de la Unión Europea.
Así, el estrangulamiento financiero reflejado en la capacidad de compra de alimentos e insumos básicos, el cierre de cuentas en el exterior, la cancelación de pagos y depósitos y el congelamiento de fondos para la importación de medicamentos marcan el tono de este tiempo de guerra económica devenida en bloqueo.
