Masivas protestas se registraron contra el sistema privado de jubilaciones, instaurado bajo la dictadura de Pinochet, que genera ganancias extraordinarias para las empresas en perjuicio de millones de pensionados. Inacción de los gobiernos democráticos.
10 de agosto de 2016
En la calle. Multitudinaria movilización de organizaciones sociales en Santiago, que se replicó en casi todo el país. (BernettI/AFP/Dachary)
Más de 700.000 personas salieron a las calles en Chile para reclamar por el fin de una de las más pesadas herencias del pinochetismo: el sistema privado de jubilaciones. Un sistema que, tal como ocurrió con las extintas AFJP argentinas, provocó el enriquecimiento de un puñado de empresas a costa de la miseria que viven, día a día, millones de jubilados. Sin embargo, desde el fin de la dictadura a la actualidad, ningún gobierno democrático se atrevió a tocarlo.
La inmensa movilización, que se replicó en casi todas las ciudades del país, ocurrió el pasado domingo 24 de julio. Fue la más grande desde las históricas manifestaciones estudiantiles de 2011. Miles de personas se unieron en torno a un solo grito: «No más AFP», en referencia a las cuestionadas Administradoras de Fondos de Pensiones, creadas en 1981 por la dictadura del general Augusto Pinochet.
Su artífice fue José Piñera, hermano del expresidente Sebastián Piñera, quien gobernó el país entre 2010 y 2014. Por eso otro de los cánticos que se escuchó en las marchas fue: «Y ya lo ve, y ya lo ve, estamos cagados por culpa de José». Cuando el sistema fue puesto en marcha, el entonces funcionario pinochetista prometió que los futuros jubilados serían ricos.
Sin embargo, más de tres décadas después, la realidad contradijo a Piñera. Según la Fundación SOL, el 91,5% de los jubilados chilenos recibe un promedio de 231 dólares mensuales. Es decir, casi la mitad del salario mínimo del país andino, que oscila los 396 dólares.
La situación también fue analizada por un grupo legislativo formado por la propia presidenta Michelle Bachelet. Después de 16 meses de trabajo, la llamada Comisión Bravo concluyó que el 44% de las jubilaciones están por debajo de la línea de la pobreza (menos de 100 dólares mensuales).
Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubicó a Chile entre los países con peores jubilaciones del mundo. Una vez que se retiran, los hombres cobran, en promedio, apenas el 37% de su mejor salario. La situación de las mujeres es aún más precaria: reciben el 33%.
Cuando diagramaron el sistema, los militares se cuidaron especialmente de quedar por fuera del esquema privado. Es por eso que el Estado continúa pagando las pensiones y retiros de los miembros de las Fuerzas Armadas, que en algunos casos perciben haberes 30 veces mayores a los de cualquier otro jubilado. Una situación que genera aún mayor indignación.
Por si fuera poco, los dueños de las empresas que administran las pensiones continúan engrosando sus bolsillos. Las firmas Provida, Habitat y Capital, que manejan casi el 80% del mercado, aumentaron sus ganancias un 111% en los últimos cinco años.
El negocio es redondo. Todos los meses, los trabajadores aportan a las AFP el 10% de su sueldo. Con ese dinero, las empresas compran acciones en otras compañías o invierten en plazos fijos. Desde 1981 a hoy, dos de cada tres pesos chilenos recaudados fueron utilizados para obtener ganancias. El paso restante fue al pago de jubilaciones. Ante los reclamos de la población, el presidente de la Asociación de AFP, Francisco Pérez Mackenna, rechazó cualquier posibilidad de aumento y se limitó a decir que «pagar las pensiones a señoras de 60 años es un acto galante que ya nos cuesta muy caro».
Los analistas consultados por Acción coincidieron en que la inacción de los gobiernos democráticos se explica por los vínculos entre el modelo de las AFP con los poderes económicos más concentrados del país. «Se trata de una minoría plutocrática que se ha dedicado a administrar el sistema neoliberal heredado de la dictadura, en desmedro de los intereses de la gran mayoría de la población», afirmó el economista chileno y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), José Salvador Cárcamo.
El politólogo Diego Raus, docente de la Universidad de Lanús y especializado en temas latinoamericanos, explicó que una reforma del sistema previsional afectaría «al corazón de la economía privada chilena». Por lo tanto, opinó, «el escenario se va a abrir en relación con esta cuestión, pero de una manera mucho más restrictiva si se lo compara con lo que es la reforma educativa, porque se están tocando intereses mucho más fuertes». Ambos especialistas coincidieron en que, por estos motivos, será difícil que el gobierno de Bachelet lleve adelante una eventual reforma previsional. Para Cárcamo, la apertura del debate por parte de la mandataria fue una «contribución histórica», pero serán «los futuros candidatos a presidente» quienes deberán ocuparse del tema. Raus, por su parte, vio «muy complicado que el gobierno implemente alguna reforma hasta el fin del mandato», que culmina en 2018.
Aunque Bachelet se hizo eco de las masivas movilizaciones, lo cierto es que, por ahora, no tomó medidas concretas. El tiempo dirá si en los dos años de mandato que restan, la presidenta chilena cumple con su promesa de retornar al sistema estatal o, como dicen funcionarios en los pasillos del Palacio de la Moneda, esa será tarea «de la próxima administración».
