26 de agosto de 2015
Rosana Galliano fue asesinada por su marido. Hoy sus hijos, como muchos otros niños y niñas, están obligados a convivir con el femicida. Un proyecto de ley para protegerlos.
(Pablo Blasberg)
Mi papá está en casa». La frase podría ser motivo de alegría para cualquier chico que, quizás, aguarda a su papá tras un largo día de trabajo, o porque regresó de un viaje o que afirma simplemente el vínculo padre-hijo que debiera ser inquebrantable, pero no, lejos está de la realidad. Como si fuera una obra de Griselda Gambaro, el horror y lo absurdo se dan la mano para confirmar la muerte del sentido común: el padre es nada menos que José Arce, condenado por el crimen de Rosana Galliano ocurrido el 16 de enero de 2008, y el niño que le informa a su abuela materna la llegada del padre femicida es uno de los hijos de Rosana.
Desde fines de enero de este año, Arce convive con su madre y cómplice, Elsa Aguilar, y los dos hijos de 10 y 12 años que tuvo con la joven asesinada. Es que él, al igual que su madre, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por razones de salud y edad. La medida fue duramente criticada por los abogados de la familia Galliano, pero hasta el momento nada pudo hacerse y la Justicia sigue dilatando el pedido de tenencia de los hijos de Rosana, iniciado hace 7 años. «Es una vergüenza la resolución de la jueza Elena Bárcena –integrante del Tribunal Oral en lo Criminal 1 junto con Daniel Rópolo y Raquel Slotolow–, no solo porque no está demostrado que Arce esté enfermo, sino porque es una barbaridad que los chicos vivan con quienes mataron a su mamá», sostuvo a la agencia Télam Roberto Babington, abogado de la familia Galliano.
El caso Arce es seguramente uno de los tantos que día a día se dan de bruces con la lógica y el respeto por los derechos más elementales de los niños, consagrados internacionalmente. De acuerdo con el último informe de La Casa del Encuentro, una organización no gubernamental dedicada a monitorear los femicidios ocurridos en el país, además de asesorar a víctimas e intervenir en la propuesta de políticas públicas para luchar contra este flagelo, durante el año 2014 unas 277 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Pero la tragedia no termina allí, la misma organización estima que estas muertes dejaron a 330 hijos sin madre, de los cuales 270 son menores de 18 años.
«Por segundo año consecutivo estamos pidiendo la pérdida automática de la patria potestad del femicida que quede condenado. En la actualidad esto no es así y estas criaturas están siendo criadas, como en el caso Arce, por el asesino de su propia madre. Esta iniciativa no es en contra de nadie, es a favor de estos niños y niñas, porque hay un vacío legal al respecto», sostuvo en diálogo con Acción Ada Rico, presidenta del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro.
Según explica Rico, la patria potestad en la Argentina es compartida. Una vez que se disuelve un vínculo, como en este caso, que la madre muere, la patria potestad corresponde al padre. «Lo que hay que analizar aquí es que la madre no murió por accidente sino que fue asesinada por el padre de los chicos», subraya.
Actualmente, estos niños quedan en una guarda provisoria para ser criados a veces por la familia de la madre, pero muchas otras por la del padre, hasta que sigue su curso el pedido de pérdida de la patria potestad, un trámite sumamente engorroso y largo. «En muchísimos casos el femicida sale de la cárcel antes de que este periplo se complete, por esto creemos que es muy importante pensar en estas criaturas, para ver de qué manera se las puede proteger», asegura.
En este sentido recordó el caso de Adriana Marisel Zambrano, asesinada en 2008, cuyo femicida fue condenado a 5 años de prisión porque la Justicia le otorgó la figura de homicidio preterintencional, es decir que consideró que la asesinó sin intención. «En 2013 salió de la cárcel y sigue teniendo la patria potestad sobre la hija de Zambrano, que vive con su abuela materna y, si bien esta inició el trámite para que le saquen la patria potestad al homicida, aún no ha concluido y en cualquier momento esa nena puede tener que regresar a convivir con el asesino de su madre», indicó Rico.
Hace un año desde la ONG presentaron un anteproyecto de ley que propone justamente la suspensión en algunos casos y la pérdida incluso de la patria potestad cuando el femicidio haya sido comprobado y el homicida condenado. La iniciativa, que aún no ha tenido eco parlamentario, va más allá y propone a su vez que «la jueza o juez interviniente priorice el otorgamiento de la tutela de las hijas e hijos a familiares de la mujer víctima». Según reza el artículo 6° del anteproyecto, que propone la incorporación del artículo 107 bis al Código Civil argentino, en dicha decisión «deberá respetarse el interés superior y el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes, dándose intervención al Ministerio Público y al equipo interdisciplinario que se designe a tales efectos, el cual deberá estar especializado en Derechos de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su edad, serán obligatoriamente asistidos por letrados especializados en derecho de la niñez y con perspectiva de género conforme lo establecido en el artículo 27 de la ley 26.061 y su reglamentación».
A su vez, el proyecto establece que será el Estado el que garantice la contención y atención psicofísica, el desarrollo educacional y la asistencia económica de las personas que tomen a su cargo a los niños y las niñas.
«Lo que busca la iniciativa es que ante un procesamiento o condena se proceda a la suspensión (en el caso de procesamiento) o a la pérdida automática (en el caso de ser condenado) de la patria potestad de los hijos que el femicida tenga en común con la mujer víctima. No tenemos el dato de cuántos niños y niñas están bajo la guarda de los femicidas, como en el caso de Arce, lo que sí sabemos es que en muchos casos con el homicida preso se obliga a la familia materna a llevar a los chicos a hacer la visita al penal. El daño que se genera en esos chicos es irreversible», señala María Alejandra Lauría, abogada de la ONG.
El Código Civil establece la pérdida de la patria potestad en el caso de que hubiere un peligro respecto de esos niños y niñas. Para Lauría, «ese peligro no hay que probarlo, con la condena se conoce. El hecho de que esos chicos estén con la persona que mató a su madre constituye una violencia moral completa, está probado el daño. Los derechos de los niños y niñas están completamente violentados porque están con una persona en la cual saben que no pueden confiar, crecen con una versión distorsionada de los hechos y la única voz que reciben es la de los culpables de que su madre esté muerta».
Daño psíquico y riesgo inminente
Según surge de los informes de femicidios presentado por el Observatorio de femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2013 se registraron 1.518 femicidios de mujeres y niñas. Asimismo, 138 hombres y niños fueron víctimas de femicidio vinculado, es decir que murieron por quedar en la línea de fuego o bien fueron asesinados intencionalmente en pos de hacerle daño a la mujer víctima.
Entre quienes sobreviven, el impacto de la tragedia no es menor. Desde la ONG consideran que la conmoción psicológica y los síntomas en las niñas y los niños cuyas madres fueron asesinadas por el propio padre de familia que debía cuidarlos y protegerlos son múltiples y complejos. En el ámbito emocional se produce un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de culpa, miedo, rabia, tristeza, descenso de la autoestima y sensación de impotencia. Lo común es que se haga el diagnóstico de depresión y/o estrés postraumático crónico.
Para Lía Ricón, médica y directora de la carrera de Médico Especialista en Psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires y miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, «si el femicida está en la cárcel el niño sufrirá por tener un padre homicida, pero podrá conservar la confianza en el cumplimiento de las leyes que ha promulgado la sociedad en la que nació. En cambio, si el homicida está libre, el monto de peligro y de angustia se incrementa a niveles que sin ninguna duda perjudicarán la salud mental del chico».
«Un femicida es alguien que en la edad adulta cometió un crimen. Nuestra experiencia clínica nos dice que los cambios de los humanos no son abruptos y no se puede pensar que alguien tan fácilmente se arrepienta y se transforme en buen padre. Desde mi perspectiva y de acuerdo con mi experiencia y con las estadísticas, el homicida es en general reincidente y los cambios milagrosos no son reales, con lo cual estos chicos corren riesgo», asegura Ricón.
A Rico, en tanto, su trabajo a cargo del Observatorio Zambrano le indica que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia. «Estas criaturas han convivido con ese padre agresor, violento, han visto los insultos, los golpes, el maltrato, y en muchos casos hasta presenciaron el femicidio, entonces estamos hablando de un daño psicológico muy importante, si además a esto le agregamos la posibilidad de ser criadas por el agresor, indudablemente necesitan años de acompañamiento y de atención psicológica para poder elaborar un episodio tan traumático. Mientras esto ocurre es importante que no se vean obligados a ser criados por el asesino», advirtió.
Si el anteproyecto presentado por la ONG prospera y es debatido en el ámbito parlamentario, una vez que la Justicia haya condenado al femicida, sin la necesidad de ningún trámite, en ese mismo momento perdería la patria potestad. Si estuviera procesado pero no condenado también perdería ese derecho transitoriamente, a modo preventivo. En ambos casos lo que no se perdería son las obligaciones de asistencia y manutención de esos chicos. «Actualmente, los juicios por violencia de género se están llevando a cabo muy rápido, un año en promedio, entonces una vez que la Justicia lo condene no debería tener ningún derecho sobre esa criatura, aunque sí obligaciones. Hace un año presentamos el anteproyecto desde La Casa del Encuentro para que los distintos bloques puedan analizarlo y hacerle las modificaciones necesarias, todavía no se trató, esperamos que este año sí lo hagan, porque estas mujeres fueron asesinadas, las familias no logran justicia y además no pueden acompañar la educación y la crianza de esas criaturas que quedaron sin madre», concluyó Rico.
—María Carolina Stegman
