2 de febrero de 2026

Comienza el mes de febrero con la peculiaridad del tratamiento en las sesiones extraordinarias del Congreso de un conjunto de leyes que en realidad deberían ser tratadas en otro momento del año y no en pleno verano, cuando una buena parte de la ciudadanía está de vacaciones o disminuye su actividad laboral habitual. Con lo cual, no tiene la mirada puesta en las cuestiones políticas, económicas y sociales. Ese encuadramiento no es un tema menor, sino determinante, ya que restringe la influencia de la opinión pública.

Precisamente, en el plano parlamentario se viene el tratamiento de la denominada reforma laboral, de la Ley de Glaciares, y se sumó, a último momento, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil.

El tema crucial, y que genera más debate, polémica e incluso confrontación no solo en el plano parlamentario sino en el plano social y sindical, es el de la ley de reforma laboral.

Las reformas, en realidad, tienen una connotación histórica relacionada con el progreso de los derechos sociales. Sin embargo, en este caso no se trata de una ley que implique un progreso sino más bien lo contrario, ya que tiene un sesgo de favorecimiento al abaratamiento de despidos y retrocesos en materia de derechos laborales y sociales. De allí el fuertísimo apoyo que la iniciativa del Gobierno nacional tiene por parte de las corporaciones empresarias: la UIA, AEA y AMCHAN han brindado un apoyo muy determinante a esta ley. Por otro lado, las flexibilizaciones modernizantes nunca generaron empleo o el blanqueo del trabajo de los millones de trabajadores y trabajadoras que no están registrados. Es decir, el gran debate es si es una ley que moderniza, como dice el Gobierno, o es una ley que retrocede en materia de derechos laborales que se fueron conquistando a lo largo de todo el siglo XX, especialmente durante el primer peronismo. Hoy están en juego muchas de las conquistas de esos años: la jornada laboral de ocho horas, las indemnizaciones, las vacaciones. También se avanzaría en la ampliación del carácter de «esenciales» a muchos otros gremios, comprometiendo el derecho a huelga. Y, fundamentalmente, se determinaría el convenio por empresas, que líquida los convenios colectivos de trabajo, generando un debilitamiento profundo del poder del movimiento obrero. Como dijo el secretario general de la UOM, «en vez de tener que discutir un convenio en mi gremio voy a tener que discutir 16.000 convenios por la cantidad de empresas que hay». Es ineludible que se va a generar un fuerte debate y un grado de conflictividad social según como se vaya desplegando la situación en el Parlamento y las entidades sindicales y políticas. Está en juego la actitud política de los gobernadores, de la CGT, con sectores dialoguistas, con otros más confrontativos.

Otro costado no menor es que si bien se trata de una ley que pretende transformar las relaciones del trabajo, tiene un capítulo tributario, lo cual genera una fuerte controversia, ya que se trata de una cuestión impugnable. Los temas tributarios, según la Constitución Nacional, tienen que tener un tratamiento específico por parte del Congreso. El proyecto reduce el impuesto a las ganancias, favoreciendo a las sociedades empresarias, lo cual impacta en los recursos coparticipables que reciben las provincias, ya que se bajan las alícuotas en 3,5 puntos, lo que implica una pérdida muy importante de ingresos para las administraciones provinciales.

Agua en peligro
Acerca de la Ley de Glaciares, hay un eje también muy conflictivo, ya que el Gobierno recoge la presión de las empresas mineras, quienes reclaman poder desplegar su acción en las zonas de glaciares. Por otro lado, está la posición de muchos pueblos vecinos a esas zonas que defienden la ley inspirada oportunamente por Daniel Filmus. La misma tuvo y tiene como objetivo proteger las reservas de agua dulce y prohíbe la actividad minera en el 1% de la cordillera, que es el porcentaje donde hay glaciares. En el otro 99% está liberado. La Barrick Gold y las grandes corporaciones multinacionales presionan para que se reforme esta ley, lo cual pondría en peligro las reservas hídricas del país.

En estos días también apareció una noticia muy preocupante desde el punto de vista social, ya que se conocieron los índices de mortalidad materno-infantil, observándose que hay un crecimiento del 37%, tomando los resultados de 2024 y comparándolos con los de 2025.

Si bien este número requiere una ponderación más compleja, nos advierte de una verdadera tragedia humanitaria, como siempre es la cuestión de la mortalidad infantil, que seguramente está relacionada con las deficiencias presupuestarias y de proyectos en materia de salud pública en los hospitales y de los programas especiales que se implementaron oportunamente para proteger a las gestantes y a la niñez en el momento del nacimiento.

Otra preocupación trascendente en este momento es el tema de los incendios en el sur, que generaron una reacción social no solo en la zona patagónica sino en todo el país, ya que queda claro que las restricciones presupuestarias para enfrentar esta problemática han contribuido a la incapacidad de enfrentar el fenómeno, que ya lleva más de 200.000 hectáreas devastadas. A último momento se declaró la emergencia ígnea, pero todo indica que fue una decisión tardía.

La otra cuestión que emergió en estos últimos días es la polémica entre el presidente de la nación y Paolo Rocca, jefe del monopolio metalúrgico más grande de la Argentina y de proyección mundial, a quien el presidente descalificó como «Don chatarrín de los tubitos caros». Ciertamente, esta confrontación es relativa, ya que el propio Rocca reiteradamente festejó el triunfo de Milei en 2023 y lo mismo en 2025 y fue uno de los más importantes contribuyentes económicos a la campaña electoral del presidente. Lo que a nosotros nos interesa es la defensa de la industria como tal.

No hay una Argentina sin industria. Sería otro país, y eso es lo que en el fondo está en juego entre este magnate y el presidente de la nación. Es el gran riesgo de las políticas que atentan contra uno de los sectores más trascendentes para el desarrollo nacional y la generación de empleo.

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