8 de febrero de 2026
Con dos meses de vigencia, la prohibición australiana para que las empresas dueñas de grandes redes sociodigitales habiliten el acceso a menores de 16 años contagia a otros países. Brasil, Dinamarca, Reino Unido, España y Francia plantean agendas similares, agregando la restricción del uso de celulares en las escuelas. La reacción de Gobiernos occidentales centrada en adolescentes, niñas y niños es tardía, es limitada, tiene contradicciones y su eficacia es conjetural.
Después de dos décadas de consolidación de la Internet colonizada por las big tech, la prohibición como única respuesta revela la impericia de los Gobiernos para definir políticas creativas sobre el ecosistema de información, entretenimiento, conversación pública y aprendizaje. No todas las reacciones son improvisadas, lo demuestra la experiencia de Australia, pero incluso donde la decisión es fruto de debates y estudios serios, su alcance es moderado.
Mientras las big tech multiplicaban sus beneficios a costa de la salud y la privacidad de miles de personas y organizaciones, muchos de los Gobiernos que ahora invocan la tutela de los menores celebraban la era digital ayudando a los dueños de las plataformas con laxos regímenes tributarios y desprotegiendo derechos de la ciudadanía. Resultado: los capos de las big tech transmutaron en los megamillonarios más opulentos de la historia humana.
Las tecnológicas protagonizaron abusos que van desde el lucro con la salud de personas vulnerables (de todas las edades), la venta de datos personales de millones de usuarios, la vigilancia a escala planetaria en colusión con la NSA (agencia de seguridad de EE.UU.), y la mercantilización del comportamiento humano –público y privado–, hasta la transformación de sus redes en parques de diversiones de la ultraderecha. Aunque es una medida audaz, la prohibición de acceso a menores no impide que esos abusos continúen.
En los últimos años, la Unión Europea (UE) sancionó leyes reformistas de protección de datos y de servicios y mercados digitales que molestaron a las tecnológicas estadounidenses. El Reino Unido aprobó además una ley de seguridad online que impuso deberes de cuidado a las redes digitales. Estas regulaciones, sin ser integrales, suavizan algunas de las técnicas más invasivas de las plataformas en Europa.
Para el investigador Nick Couldry, el problema de fondo es que el modelo de negocios de las big tech –explotar y dirigir la atención social mediante la extracción de datos y su comercialización abusiva– no es alterado en sustancia por esas leyes. No obstante, el actual Gobierno de Donald Trump, que recibió el respaldo explícito de los gigantes tecnológicos, presiona a la UE para que archive sus disposiciones.
Australia adelanta
El Gobierno australiano presenta la prohibición para que las empresas dueñas de redes sociodigitales habiliten cuentas a menores de 16 años no como una «demora en el acceso». La medida comenzó a regir el 10 de diciembre de 2025, aunque fue aprobada por el Parlamento un año antes. En ese lapso se realizaron estudios que mostraron que el 96% de la población entre 10 y 15 años usaba redes digitales y que 7 de cada 10 estuvieron expuestos a contenido misógino, violento, que promovía trastornos alimentarios o suicidios.
Las redes que no pueden habilitar cuentas a menores son Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick y Twitch, según criterios establecidos por ley. Los menores pueden, no obstante, ver contenido público (sin ingresar a través de una cuenta) de estas plataformas.
Ni los menores que infringen la norma ni sus padres son castigados, pero las empresas dueñas de plataformas son pasibles de multas cuyo monto es cuestionado por exiguo (32 millones de dólares por violaciones graves o reiteradas).
Críticas y preguntas
La prohibición suscita reparos de distinto calado. En lo formal, se objeta el criterio por el que se incluyen o no algunas redes (por ejemplo, Discord no está alcanzada por la norma). También se discute el cumplimiento efectivo de la restricción.
En estos dos meses, unas cinco millones de cuentas de menores fueron dadas de baja y, aunque aumentó el número de australianos que descargan redes privadas virtuales (conocidas por la sigla VPN) que permiten simular el acceso a Internet desde otro país, el órgano regulador, eSafety, considera que su magnitud no es relevante.
Las autoridades saben que muchos adolescentes pueden eludir la prohibición, dejando claro que su expectativa de cumplimiento es incremental. Ninguna regulación cambia hábitos sociales de un día para el otro. De hecho, ni los libertarios más grotescos han propuesto, hasta ahora, anular las leyes de tránsito a pesar de que hay conductores que pasan el semáforo en rojo o peatones que cruzan por la mitad de la vereda.
Más estructural es la delegación de funciones de vigilancia y control en las tecnológicas: la ley puede interpretarse como un blanqueo de un modus operandi que ocurre de facto (las big tech extraen datos sin consentimiento informado). Las empresas deben tomar «medidas razonables» para evitar que haya menores en sus redes, para lo que deben usar tecnologías de verificación etaria, lo que incluye un abanico que va desde documentos de identidad, técnicas de reconocimiento facial o de voz, o la inferencia de edad con la que las big tech elaboran los perfiles de consumo. La recopilación y el procesamiento de los datos para identificar a los usuarios es el recurso que nutre el negocio de las tecnológicas. Sería ingenuo confiar en que, una vez cumplido el propósito, eliminen los registros (como exige la ley).
Otra crítica refiere al recorte etario de la interdicción, como si el problema de lucro con la atención, los daños a la salud o los peligros de estafa solo afectaran a menores de 16 años. Los estudios muestran, en cambio, que son los adultos mayores las víctimas más habituales de estafas y operaciones de desinformación. También es verdad que la niñez y adolescencia es considerada una etapa de formación de la personalidad. Por eso aún funcionan extensos sistemas educativos dedicados a las primeras dos décadas de vida y en gran parte del mundo se impide su acceso a determinadas sustancias (alcohol, drogas) o a la conducción de vehículos.
Las redes sociodigitales representan, por otra parte, espacios de contención para muchas personas menores de edad, especialmente para quienes sufren situaciones de agobio o violencia en sus entornos físicos directos. Vedar el acceso sin garantizar opciones superadoras es contradictorio con la intención de proteger a los más vulnerables.
Para la investigadora Sonia Livingstone, «la prohibición deja intactas las prácticas algorítmicas y de explotación de datos (…) se habla poco de cómo esto mejoraría las actividades depredadoras de las plataformas que nos afectan a todos». Sin lo que Couldry llama «una reconstrucción social» que comprenda tanto a las redes sociales físicas como a las redes sociodigitales, será improbable que los objetivos que invocan las políticas de prohibición de redes a menores sean alcanzados.
