10 de febrero de 2026
Córdoba. La capital mediterránea fue escenario de la primera marcha contra la quita de derechos laborales.
Foto: Nicolás Parodi
Aun en pleno verano, volvemos a tener una semana de alto voltaje político a partir de la iniciativa del Gobierno nacional de impulsar la ley que denominó de «reforma laboral», junto a la Ley de Glaciares y a la Ley Penal Juvenil. Iniciativas que, más allá de los resultados en la Cámara de Senadores, generarán un amplio debate, no solo en el recinto sino también en la opinión pública. Cabe señalar que este aspecto está relativizado por la época del año en la que se trata la iniciativa, en la que una buena parte de la sociedad está de vacaciones o fuera de su actividad habitual. Hubiera correspondido que se tratara en las sesiones ordinarias a partir del mes de marzo, para favorecer el debate en torno a iniciativas que, de aprobarse, modificarán la vida de millones de personas.
Más allá de las negociaciones con gobernadores y las dirigencias políticas, ciertamente hay vastos sectores que se oponen, muy particularmente el de los trabajadores, ya que esta ley afecta directamente la base de sustentación en materia de derechos laborales y sociales que se ha ido articulando a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.
El Gobierno ejerce la presión, que algunos consideran extorsión, a las provincias para doblegar la voluntad de los legisladores, con la anuencia de los Gobiernos liberales y de derecha, además de peronistas «amigables» que mandan a votar leyes atentatorias contra la vida de las mayorías sociales, que incluyen a la ciudadanía de sus propias provincias.
Esta ley tan trascendente, de ser aprobada en general y más allá de lo que pudiera ocurrir en particular, luego irá a Diputados, por lo tanto será el centro de la contienda política del mes de febrero. La ofensiva incluye la trascendente reforma de la Ley de Glaciares y del régimen penal juvenil, iniciativas que pretenden sacar en tiempo récord.
Se debe tener en cuenta que estas iniciativas tienen otro trasfondo: tratar de cumplir con demandas de las corporaciones empresarias, el Fondo Monetario Internacional y las fuerzas políticas conservadoras afines al Gobierno.
Las calles hablan
Los editorialistas de los principales medios hegemónicos dan por descontado el triunfo del Gobierno y relativizan las movilizaciones en plazas y avenidas, que ya hubo en Córdoba, y que habrá el martes 10 en Rosario y el miércoles 11 en la Capital Federal, convocadas por las organizaciones sindicales, partidos políticos, feminismos, científicos y otros sectores culturales.
El argumento principal del mileismo es un sofisma, ya que la eliminación de los derechos laborales y el debilitamiento de las organizaciones sindicales indicadas como la vía para crear empleo fueron utilizados en diversas épocas con iniciativas flexibilizadoras y «modernizadoras» que nunca lograron los resultados enunciados.
Por otra parte, el denominado capítulo fiscal también genera una gran controversia por dos razones: es inconstitucional, ya que las iniciativa tributarias deben tener como cámara de origen a la de Diputados, y deben tener un tratamiento especial y no ser tratadas en medio de otra ley, en este caso la laboral.
Pero además, la reducción de diversos impuestos a las sociedades generará una transferencia muy importante de riquezas a favor de las corporaciones empresarias, que desfinanciarán al Estado y muy particularmente a la Anses, o sea, al sector de los jubilados.
Más que números. La semana estuvo marcada por la renuncia del director del Indec y la falta de claridad en torno a la inflación oficial.
Foto: NA
Acuerdo poco recíproco
El otro acontecimiento político de gran trascendencia fue la firma del convenio «recíproco» entre Estados Unidos y la Argentina. Resultó muy significativa la foto en la que se veían exultantes a Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, festejando el «triunfo» junto al canciller argentino, Pablo Quirno, quien también celebraba, aunque no queda claro cuál sería la motivación argentina para festejar, ya que la «reciprocidad» entre la gran potencia y nuestro país es muy cuestionable. Argumentan que hay simetría, sin embargo, esta resulta rarísima ya que la Argentina elimina 221 posiciones arancelarias y Estados Unidos bajará solo dos.
En estos días se generó también una fuerte disputa política ante la decisión del ministro de Economía y del presidente de la Nación de no actualizar el índice de inflación según las pautas que ya estaban establecidas e informadas oportunamente por el renunciante director del Indec, Marco Lavagna, y por el propio presidente de la Nación.
La postergación de la actualización lleva casi dos años, pero en el presente ya se extendió el conocimiento en una parte importante de la sociedad acerca del significado de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos (gas, luz, agua) en el indicador, que, como es sabido, ya se incrementaron muy por encima de la inflación general. Todo indica que el Gobierno pagará un alto precio político por la pérdida de credibilidad de este elemento tan importante. Muy particularmente si tenemos en cuenta que la «muerte de la inflación» es una consigna determinante de las políticas y la comunicación del presidente Milei.
Ante este escenario, habrá que seguir con atención las manifestaciones de los próximos días y las reacciones de la población a las políticas de ajuste que afectan a su vida cotidiana.
