18 de febrero de 2026
Fate. El cierre de la planta deja sin trabajo a casi mil familias.
Foto: NA
Como era de prever, vivimos en pleno febrero días tensos en materia política que se concentran esencialmente en el debate parlamentario del proyecto oficial de «reforma laboral», su repercusión en la vida social y política y en la discusión cotidiana de la opinión pública.
Lo contrastante es que mientras se despliega esta situación en el Congreso Nacional, se van manifestando numerosas situaciones críticas de carácter social.
Precisamente este lunes 18 estalló un caso grave y arquetípico como es el cierre de la fábrica Fate, una empresa emblemática de la industria nacional, perteneciente al holding encabezado por el empresario Javier Madanes Quintanilla, uno de los hombres más ricos de la Argentina. El cierre de la fábrica de neumáticos no solo deja sin trabajo a cerca de mil familias, también produce una ruptura de un proceso productivo importante que generaba riqueza hacia el mercado interno a partir del encadenamiento con empresas proveedoras, mayormente pymes, que también sufrirán las consecuencias del cese de producción.
Se conocieron, además, nuevos datos de crecimiento de la desocupación y amenazas de más cierres de empresas, muy particularmente entre las pequeñas y medianas que son las más afectadas y sufridas por esta ilimitada apertura de importaciones.
La situación se potencia con una caída muy importante del salario de trabajadores. Ambos factores estructurales se conjugan generando una fuerte caída de la actividad económica y, consecuentemente, de la producción y el trabajo.
Salarios golpeados
Destacamos el tema del salario como una cuestión central, su progresivo deterioro se agrava con una reactivación del proceso inflacionario, muy particularmente en dos cuestiones vitales. Por un lado, el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte (sin ir más lejos, desde hoy el boleto de colectivo en el AMBA cuesta un 31% más caro) y en segundo lugar el incremento de los alimentos, especialmente carne, verdura, fruta, pan, productos esenciales para la vida diaria, cuyo aumento afecta especialmente a los sectores humildes y la clase media.
En ese marco se discute esta ley de «modernización laboral» –eufemismo que pretende disimular el recorte de derechos de los trabajadores– que tuvo una aprobación en Senadores lograda con cierta holgura por el Gobierno, pero que despertó una reacción importante de los trabajadores, quienes realizaron masivas movilizaciones convocadas por un sector del movimiento obrero. Córdoba, Rosario y Buenos Aires fueron los puntos centrales de las convocatorias, aunque es dable destacar que en la movilización a Plaza de Mayo se produjo un fenómeno político-comunicacional: la invisibilización de las decenas de miles de manifestantes que salieron a la calle, ya que los medios de comunicación optaron, prácticamente sin excepción, por enfocarse en los desmanes que generaron extraños grupos minúsculos. Lo cierto es que hay un crecimiento de la polémica en torno a este proyecto de ley en la medida que se va conociendo públicamente su articulado y emergen de este modo una cantidad de determinaciones que restringen los derechos laborales y sociales de la mayoría de los trabajadores.
Plaza de Mayo. La marcha porteña fue minimizada en los medios por los incidentes causados por extraños grupos minúsculos.
Foto: Getty Images
Ganadores y perdedores
Para que quede claro a quienes pretende beneficiar el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, reprochó a los empresarios porque –a su juicio– no festejaban «enfáticamente» la media sanción de la ley. Sin embargo, es imprescindible señalar que desde hace meses todas las organizaciones gremiales empresarias, salvo las que aglutinan a las pymes, convocaban a que se promueva y sancione esta ley, la reclamaban como una necesidad imprescindible para poder competir en mejores condiciones y señalando que de esa forma se generaría más trabajo.
De allí que las corporaciones, el gran empresariado, sí celebran como pide el ministro; algunos entre cuatro paredes, otros públicamente. En cambio, y mostrando con claridad quienes ganan y quienes pierden si el proyecto avanza, los sectores del trabajo sienten que retroceden en sus derechos a partir de lo cual la conducción de la CGT se vio obligada a convocar a un paro general el día del tratamiento en la Cámara de Diputados.
Consecuentemente, el escenario político queda abierto cuando parecía que el oficialismo tenía resuelto el avance del proyecto, y paralelamente la situación social genera cada vez más expectativas por el agravamiento de la cuestión laboral y de algunos indicadores que impactan en la vida de la sociedad.
