23 de febrero de 2026
Aprobado. 135 a 115, el resultado celebrado por el poder económico.
A partir de los acontecimientos en el Parlamento nacional, el poder económico, tanto local como internacional, celebra su éxito en la aprobación de la denominada «reforma laboral» que, en realidad, desde el punto de vista de los trabajadores, implica una contrarreforma en materia de derechos sociales y laborales.
Si algo ha dejado de positivo el debate es que va quedando claro que la ley no va a generar nuevos puestos de trabajo y tampoco oficiará de «blanqueo» o registro de los millones de trabajadores que están en situación de informalidad, es decir, que no acceden a los derechos básicos contemplados en las actuales leyes.
También el Gobierno avanzó en su proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil, que dispone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, a pesar de la opinión del propio episcopado católico que afirmó «que bajar la edad no bajará el delito», agregando que «se trata del uso del dolor social con fines de impacto mediático».
Agenda regresiva
El Gobierno se propone también darle tratamiento a una nueva Ley de Glaciares que, como señala el exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, implicará una grave regresión ambiental, ya que mutila la legislación de 2010 que protege las reservas de agua dulce críticas para el consumo humano y la producción.
La ofensiva del «vamos por todo» libertario incluye también el tratamiento exprés de una nueva reforma del Código Penal. Es bueno recordar que las reformas punitivas que se implementaron son incontables.
Y la última novedad es el intento de consagrar por ley un nuevo y severo recorte a los recursos del sistema universitario, lo cual implicaría una herida de gravedad al funcionamiento y la propia existencia de las universidades públicas.
En definitiva, a pesar de los reproches del ministro de Economía, Luis Caputo, al empresariado, por no festejar efusivamente la «reforma laboral», esta ley «estructural» viene siendo impulsada y exigida por las corporaciones empresarias, tanto las locales como las de Wall Street, incluyendo a los bancos acreedores y al propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que una vez más cumple su función de condicionamiento político.
En realidad, estos grandes poderes son los verdaderos beneficiarios del modelo y sus principales inspiradores. De cualquier modo, llama la atención el rol de algunas grandes organizaciones empresarias, como la Unión Industrial Argentina, que a pesar de que el sector industrial está viviendo una caída abrupta de su producción y del trabajo, lo cual además implica una pérdida de cientos de miles de empleos, sostiene su apoyo al modelo de Javier Milei, siempre inspirado en la concepción thatcheriana, con un dogmatismo antiproteccionista que es una rareza en el propio mundo capitalista.
Industria. El sector está en la mira del Gobierno mientras la UIA apoya el modelo.
Foto: NA
Lo que viene
Llama la atención que la propia vocera del FMI, Julie Kozack, además de apoyar su vieja demanda de esta reforma estructural laboral, haya soslayado que el Gobierno incumplió su compromiso ante el propio organismo de normalizar el cálculo del IPC. Todo indica que, dado que nuestro país es su principal deudor a nivel mundial, lo que les importa es que se generen los dólares para pagarles a ellos, más allá de las consecuencias que pueda haber en materia de crecimiento de la pobreza, desmembramiento del sistema productivo y de que nos vayamos acercando a un ciclo económico recesivo a partir de la caída del salario y el incremento de los precios.
En términos democráticos, es criticable que se haya votado una ley tan trascendente sin que los legisladores la hayan podido leer y analizar con el tiempo necesario. Sin embargo, el debate tuvo ecos importantes en la opinión pública y además desnudó planteos muy críticos por parte de la oposición, particularmente del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien habló de acuerdos espurios y «packs» a medida para conseguir los votos de legisladores que desconocieron los mandatos originarios de los pueblos que los votaron.
Emergieron también críticas a los sectores que conducen la Confederación General del Trabajo (CGT), por sus acuerdos silenciosos con el Gobierno. Sin embargo, es remarcable el surgimiento de un polo crítico, con densidad representativa en el movimiento obrero, que ha jugado un importante rol en la escena política y que fue determinante para la convocatoria a un paro nacional.
En suma, se viene un marzo de luchas sindicales por el salario, de las mujeres marchando en el 8M y de un esperado gran 24 de marzo, en el que se expresarán multitudes por Memoria, Verdad y Justicia.
