25 de febrero de 2026

Cristian Carrillo

Las voces de los máximos referentes del sector y las entidades que los representan apenas se elevan en un escenario de debacle productiva. Libre competencia, costos y amparo estatal.

Desde hace dos años, la actividad de la industria no hace más que disminuir mes a mes. En una caída sin precedentes, que algunos especialistas ya denominan «industricidio», los principales grupos económicos sostienen un discurso de libre competencia que convive con reclamos sectoriales de protección, regulaciones y beneficios estatales cuando sus propios negocios resultan afectados. Para ejemplo baste el caso de la fábrica de neumáticos FATE, que tras despedir más de mil trabajadores en el bienio 2024/2025, decidió cerrar sus instalaciones en la localidad bonaerense de San Fernando y como consecuencia dejar en la calle 920 familias.

Pongamos en contexto la situación del sector. En diciembre de 2025, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró una caída interanual de 3,9%, de acuerdo con datos del Indec. 10 de las 16 divisiones industriales mostraron retrocesos, entre ellas vehículos automotores (-21,6%), prendas de vestir, cuero y calzado (-16,7%), maquinaria y equipo (-14,8%) y productos textiles (-25,7%). En el acumulado del año, la actividad se mantuvo apenas 1,6% por encima de 2024, en un contexto de estancamiento que, de acuerdo con estimaciones del centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), ubica al nivel industrial alrededor de 9% por debajo de 2022. Como no podía ser de otra manera, el empleo acompañó esa tendencia. Según datos del CEU-UIA en base al SIPA, hasta noviembre de 2025 el empleo asalariado registrado en la industria experimentó una caída del 2,7% interanual, con 32.003 trabajadores menos que un año antes. En los primeros once meses del año se perdieron más de 30.000 puestos industriales, y el sector cuenta con 128.432 trabajadores menos que en el máximo de octubre de 2013. En paralelo, el total del empleo registrado mostró una baja interanual de 3,6%, equivalente a 471.937 puestos.

En este escenario, los principales empresarios argentinos y sus corporaciones sostienen públicamente posiciones a favor de la apertura, la competencia y la desregulación, al tiempo que reclaman intervenciones específicas cuando la dinámica del mercado impacta sobre sus sectores.

Solo ante el cierre de FATE, la UIA − que integra el dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla− rompió el silencio con preocupación por este caso particular, pero también por la situación general de la producción. Tras lamentar el cierre de la firma nacional de neumáticos, advirtió que la industria enfrenta competencia global con prácticas desleales. Y hasta reconoció que el sector industrial desde la asunción de Javier Milei destruyó 65.000 puestos de trabajo.

Lloran y maman
Solo para mencionar algunos ejemplos, veamos las reacciones de un par de grupos económicos. Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, manifestó en reiteradas ocasiones su respaldo a la apertura económica y a la necesidad de competir en un marco de «reglas de mercado». Rocca también advirtió sobre el impacto de las importaciones de acero, en particular desde China, y planteó la necesidad de «nivelar la cancha» frente a lo que considera prácticas de dumping. El grupo siderúrgico, que participa en industrias metálicas básicas –uno de los pocos rubros con incidencia positiva en diciembre (7,4%)– solicitó en distintos momentos aranceles o medidas compensatorias cuando el ingreso de productos importados afecta su mercado. Así, el planteo combina defensa de la apertura en términos generales con pedidos de protección cuando la competencia externa impacta en el acero local. Una dura derrota para el grupo de la T fue la licitación para proveer caños al consorcio Southern Energy para el gasoducto de Vaca Muerta, que ganó la empresa india Welspun Corp, que superó a Techint con una oferta 40% menor, aproximadamente US$200 millones. Sin embargo, el grupo con sede en Luxemburgo se recuperó pronto de tal revés y ya decidió presentarse en la licitación que entrega la construcción del gasoducto, con caños indios.

Por su parte, Luis Pagani, titular de Arcor, defendió en 2017 la reducción de barreras comerciales en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea: «El mundo va hacia una disminución cada vez mayor de los aranceles. No lo veo como entreguismo». Un año antes había señalado: «No creo que tengamos que cerrarnos ni proteger una industria que vende un 40% más caro». Arcor es uno de los principales exportadores de alimentos procesados del país y ha sido beneficiaria de regímenes de promoción industrial y esquemas impositivos especiales a lo largo de toda su historia. En el mercado interno, el sector alimentario registró en diciembre una suba interanual de 0,8%, aunque con comportamientos dispares entre subrubros. Mientras que en el plano sectorial, la industria alimentaria reclamó en distintos momentos barreras sanitarias, controles a importaciones y medidas arancelarias para productos sensibles. La posición pública de inserción global convive con pedidos de resguardo en el mercado doméstico cuando la competencia externa se intensifica.

Otro caso es el del máximo exponente del empresario tech nacional, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien también sostuvo posiciones a favor de un «Estado mínimo», la desregulación y la libre competencia. Sin embargo, frente al avance de plataformas asiáticas como Shein y Temu, la compañía reclamó intervención estatal. Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina, afirmó: «Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas. Es importante tener un marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten». Mercado Libre creció al amparo de regímenes de promoción del software, beneficios impositivos y el desarrollo de infraestructura pública. En el mercado local, ocupa una posición dominante en comercio electrónico y pagos digitales, en un contexto donde el debate sobre regulaciones antimonopólicas continúa abierto.

Si nos centramos en la industria automotriz, este rubro fue uno de los sectores más afectados en diciembre, con una caída interanual de 21,6%. Según Adefa, las exportaciones a Brasil –principal destino– bajaron 22,5%, y las ventas a concesionarios de vehículos nacionales retrocedieron 22%. Las terminales agrupadas en Adefa, entre ellas Toyota, Volkswagen y Stellantis, promueven la integración internacional y la competitividad exportadora. No obstante, el sector opera bajo un régimen de aranceles elevados para vehículos importados, acuerdos bilaterales administrados –especialmente con Brasil– y cupos que regulan el comercio intrazona. El esquema vigente combina integración externa con protección interna. Sin ese marco, distintos analistas del sector coinciden en que buena parte de la producción local enfrentaría dificultades de viabilidad frente a competidores globales de mayor escala.

Por su parte, las entidades representativas de grandes productores agropecuarios y exportadores también reclaman menor intervención estatal, reducción de impuestos y eliminación de retenciones. A la vez, sostienen la necesidad de un tipo de cambio competitivo y políticas que aseguren infraestructura y financiamiento. Pero, el sector agroexportador depende de infraestructura pública –puertos, rutas, dragado– y de políticas cambiarias que inciden directamente en su rentabilidad. La defensa de un «dólar competitivo» implica, en la práctica, intervención estatal en el mercado cambiario, aun cuando el discurso general apunte a reducir la presencia del Estado en la economía.

Resulta llamativo que en un contexto donde la industria no integra el grupo de los ganadores del modelo liberal libertario nacional, sus máximos referentes y las corporaciones que los representan no alcen la voz con mayor ímpetu y solo se escuchen débiles estertores individuales cuando se afecta de forma directa sus intereses. Más aún cuando ni propios ni extraños a esta altura de su recorrido pueden desconocer que la clave del crecimiento de los grupos económicos nacionales o seudonacionales (como el caso de Techint) se produjo, en gran parte, por el vínculo peculiar que establecieron con la intervención estatal, como directos beneficiarios de subsidios, protección de importaciones, contratos de obras públicas, licuación de deuda externa, exenciones impositivas y privatizaciones.

Compartir