17 de marzo de 2026

María Soledad Iparraguirre

Tras años de espera, comenzó el proceso oral por contaminación que juzga a siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios. El largo recorrido de la querella, entre la enfermedad y la muerte. 

Fueron años de espera para la comunidad en lucha de los barrios fumigados en Pergamino, corazón del agronegocio. Sin embargo, en febrero comenzó el juicio oral por contaminación en los barrios de La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia. Pergamino es, junto a decenas de localidades en el resto del país, escenario de la contaminación ambiental que provoca la carga química de pesticidas con que son rociados los cultivos transgénicos, varias veces al año. Existe, entre las poblaciones afectadas, un patrón común de patologías asociadas a la exposición a las fumigaciones entre las que se cuentan cáncer, leucemias, malformaciones, abortos espontáneos, lupus y púrpura. Tras más de diez años de lucha, Sabrina Ortiz (víctima y querellante, portavoz del derrotero iniciado desde el comienzo de la causa en 2018) llega a esta instancia con dolores y temblores en el cuerpo, secuelas de los dos ACV isquémicos que sufrió debido a la neurotoxicidad que padece. 

Los imputados son los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada, presuntos coautores del delito de contaminación presente en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos «envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general». A su vez, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural (órgano de control creado por la Municipalidad local) están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cabe recordar que algunos de los agroquímicos utilizados fueron prohibidos por el entonces Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires y otros, como el glifosato, fueron categorizados como «probablemente carcinógeno humano» por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El proceso se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario y en su alegato de apertura, el fiscal federal Federico Reynares Solari adelantó que demostrará la culpabilidad de los acusados.

Víctimas de todas las edades
A 222 kilómetros de Buenos Aires, Pergamino es el corazón productivo de la provincia y representa el núcleo duro del agronegocio. Pero para las víctimas, la localidad se configura, ante todo, como la «cuna del cáncer». Ortiz venía denunciando desde hacía tiempo las fumigaciones a diez metros de su casa, que le provocaban desprendimientos de la piel, brotes y picazón, pero el año 2011 marcó una bisagra: perdió un embarazo de cinco meses y sufrió dos ACV isquémicos. Tenía 34 años y cantidades de glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca Syngenta) en cantidades 58 veces superiores a las tolerables. En un breve lapso de tiempo, Fiamma, su hija mayor, atravesó cinco cirugías y debió estar en silla de ruedas víctima de una extraña patología llamada steomielitis crónica que genera quistes en los huesos. Su otro hijo, Ciro, desarrolló una linfoproliferación, esto es, la aparición de múltiples ganglios.

Días atrás, en lo que fue uno de los testimonios más esperados y con la dignidad como bandera, Sabrina (que estudió Derecho para defender su vida y la de sus hijos) declaró ante el TOF de Rosario y contó que recién luego de haber recorrido catorce instituciones hospitalarias sin ninguna respuesta favorable de parte de los médicos, una infectóloga le preguntó si la familia vivía en el campo. La consulta a un toxicólogo ambiental arrojó como resultado que tanto ella como sus hijos tienen daño genético causado por la exposición reiterada a los pesticidas.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo, del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, fue el primero en escucharla en 2018 y, basándose en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce que constató la presencia de 18 moléculas de plaguicidas en el agua –más de la mitad considerados cancerígenos–, dictaminó, a través de una medida cautelar, la suspensión de las fumigaciones.

Ortiz y sus hijos no son las únicas víctimas. La querella se completa con Alejandra Bianco, que perdió a su pareja por cáncer linfático, y Florencia Morales, que no podrá ocupar su silla: murió en agosto de 2023 tras batallar contra un cáncer de mama que hizo metástasis en la columna. Tenía 42 años. Paola Díaz, una de las vecinas que dará testimonio, perdió a su hija que falleció por leucemia en 2014: tenía 11 años. «Esperamos una sentencia que, no puedo decir que será reparadora porque lo que ya está hecho ya está, pero sí pensarla hacia las generaciones futuras, que siente un precedente para la salud, para la vida. Por fin llegamos a esta instancia que ojalá sea la última para que se pueda modificar algo, ¿no? Ya el sacrificio humano ha sido muy grande, nuestros cuerpos han hablado, nuestros cuerpos lo han sufrido y lo siguen sufriendo. Espero que la Justicia nos dé una respuesta positiva, que nos tenga en cuenta. Que se compadezca de los que estamos y los que ya no están», señala la abogada.

«Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la expectativa que como equipo querellante tenemos es sencillamente que el Tribunal aplique las penas que están previstas por la ley para los delitos imputados, en función de la cadena de responsabilidades que cada imputado tuvo y vamos a demostrar al final de este debate», explica el abogado Carlos Chuzo González Quintana que, junto con Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, acompañan las querellas. «De todas maneras y más allá del resultado final o del veredicto al que arribe el tribunal, que luego de ocho años de trámite judicial con decenas de recursos interpuestos por los defensores para evitar esta instancia decisiva y las tres veces que este caso llegó a la Corte Suprema y bajó para su juzgamiento, es sinceramente muy trascendental. No solo porque se trata de un caso inédito en la Justicia Federal de la Argentina sino porque se está interpelando un modelo de producción que lleva 30 años contaminando los territorios y enfermando gravemente a sus pobladores. No ha sido ni fácil ni gratuito para las víctimas conseguir sentar en el banquillo a toda la transversalidad del modelo (productores, funcionarios y agrónomos)», señala el letrado.

Las próximas audiencias serán los días 25, 26 y 27 de marzo, y se esperan más de 200 testimonios. El juicio puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube de La Retaguardia.

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