19 de marzo de 2026

Federico Lorenz

La dictadura desató un plan sistemático de exterminio que tuvo a la clase trabajadora como su principal víctima. Represión, disciplinamiento e instauración de un modelo económico y social regresivo.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas perpetraron un golpe de Estado que no solo buscaba derrocar un Gobierno, sino refundar la sociedad sobre las bases del terror y un nuevo modelo económico. Lejos de ser una «guerra contra la subversión», como intentaron instalarlo, la dictadura cívico-militar desató un plan sistemático de exterminio que tuvo a la clase trabajadora como su principal víctima. El objetivo era doble: disciplinar socialmente a un movimiento obrero históricamente combativo e implementar una transformación estructural de la economía que liquidara el modelo industrial y redistribuyera el ingreso de manera regresiva.

Sin derechos
Desde el primer día, la dictadura declaró el estado de sitio, intervino la Confederación General del Trabajo (CGT) y los principales sindicatos, suspendió el derecho a huelga, eliminó la inmunidad de los delegados gremiales y autorizó los despidos sin indemnización. En este marco de ilegalidad, la represión en los lugares de trabajo fue feroz y selectiva. No se trató de daños colaterales, sino de una estrategia central: descabezar la organización sindical en las fábricas.

Los datos sobre el destino de los detenidos-desaparecidos son elocuentes. Según estudios basados en registros de organismos de derechos humanos, más del 65% de los desaparecidos eran trabajadores, delegados gremiales y sindicalistas. Un informe detalla que, de esa cifra, entre un 30% y un 35% eran obreros, y entre un 10% y un 15% eran sindicalistas, superando ampliamente a los militantes de organizaciones armadas .

El terror se instaló en las puertas de las fábricas. Cuerpos de delegados aparecían asesinados en las inmediaciones de plantas industriales como un macabro mensaje para el resto de la plantilla. La persecución no discriminó rubros: afectó a trabajadores de Propulsora Siderúrgica, Acindar en Villa Constitución, SMATA IKA-Renault en Córdoba y Mercedes-Benz, entre muchísimos otros. Secuestros, torturas y asesinatos en centros clandestinos como Campo de Mayo tuvieron como objetivo quebrar la voluntad de lucha de un movimiento obrero que, para la dictadura y los sectores civiles que la impulsaron, representaba el principal obstáculo para su proyecto de país.

Matriz productiva y quita salarial
La lapicera de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía ligado al grupo Rockefeller y al capital financiero internacional, fue tan letal como los fusiles. El programa económico implementado a partir de 1976 buscaba una transformación profunda de la matriz productiva argentina.

Las políticas aplicadas tuvieron un claro destinatario: la clase trabajadora. Se implementó una brutal regresividad distributiva del ingreso, cuyo fin explícito era reducir la participación de los asalariados en el producto social. Esto se logró mediante el congelamiento de salarios en un contexto de alta inflación, la eliminación de las paritarias y las reformas financieras que favorecían la especulación por sobre la producción. Como resultado, la participación de los trabajadores en la renta nacional cayó en picada. A fines de 1982, el salario real de los argentinos tocó su nivel más bajo desde la irrupción del peronismo en la vida política del país.

Numerosos investigadores han señalado que la dictadura de 1976 no fue un quiebre más, sino el punto de inflexión que marcó la caída absoluta del salario real, un nivel que jamás se ha recuperado plenamente en las décadas posteriores. El pico histórico del poder adquisitivo se había alcanzado en 1974; con el golpe, se inició un declive persistente. Era la consumación de la revancha oligárquica.

Paralelamente, se produjo un cambio estructural en la economía. La Ley de Entidades Financieras de 1977 consagró la «patria financiera», privilegiando la especulación y el endeudamiento externo por sobre la inversión productiva. Se aplicó una apertura comercial que destruyó vastos sectores de la industria nacional, incapaz de competir con importaciones baratas, pero financiadas con dólares del creciente endeudamiento. Este proceso de desindustrialización licuó el tejido social, disparó el cuentapropismo precario y concentró la riqueza en un puñado de grupos económicos locales y empresas transnacionales. La deuda externa, heredada en 6.000 millones de dólares en 1976, se multiplicó exponencialmente, dejando al país hipotecado por décadas .

Tristeza y solidaridad
A pesar del terror generalizado, la clase trabajadora no fue un sujeto pasivo. La resistencia, aunque diezmada y obligada a la clandestinidad, existió y adoptó formas novedosas y creativas para eludir la feroz represión.

Los trabajadores, ante la prohibición de la huelga y la ocupación militar de las fábricas, desarrollaron un «repertorio de acciones» de corta duración y limitada extensión que les permitía protestar sin exponerse a una represión inmediata. Surgieron así metodologías como el «trabajo a tristeza», que consistía en presentarse en el lugar de trabajo, pero desarrollar las tareas con lentitud, a desgano, o directamente sin producir. Otra táctica fue el «trabajo a reglamento» (cumplir las normas de manera tan estricta que se ralentiza la producción) o el «quite de colaboración». Los sabotajes productivos también fueron moneda corriente, especialmente en plantas automotrices y siderúrgicas, causando pérdidas millonarias a las empresas como forma de lucha.

Esta resistencia, inicialmente fragmentada y defensiva, fue creciendo en organización. Para 1979 se produjo la primera toma de fábrica (Aceros Ohler) y para 1981, bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini, la CGT comenzó a articular un plan de lucha que desafió abiertamente al régimen. La primera gran movilización fue la peregrinación a San Cayetano en noviembre de 1981, donde 50.000 personas corearon por primera vez «Se va a acabar, la dictadura militar».

A esta resistencia fabril se sumó la lucha inclaudicable de las Madres de Plaza de Mayo, que con sus rondas desafiaron la prohibición de reunirse en espacios públicos y llevaron al mundo un mensaje de denuncia que quebró el aislamiento informativo impuesto por la dictadura. La solidaridad internacional, impulsada por exiliados y organismos como la CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos), logró visibilizar la masacre y aislar políticamente al régimen, pidiendo el corte de la ayuda económica y militar por parte de potencias como Estados Unidos.

Una herida abierta
La última dictadura cívico-militar argentina representó un punto de no retorno. Las secuelas que dejó fueron dobles: por un lado, 30.000 desaparecidos, un movimiento obrero diezmado y una sociedad atravesada por el miedo. Por el otro, una transformación económica estructural que desmanteló amplios sectores de la industria nacional, endeudó al país crónicamente y condenó a los trabajadores a una pérdida salarial de la que, casi medio siglo después, no han podido recuperarse. La lucha y la resistencia de aquellos obreros, delegados y sindicalistas, desde el «trabajo a tristeza» hasta las huelgas generales, no solo enfrentaron al terror, sino que mantuvieron viva la llama de la libertad y la justicia social que hicieron posible la recuperación democrática. Recordar esa historia es también defender la democracia y los derechos conquistados contra los discursos que, hoy, intentan justificar lo injustificable e instalar, por la vía parlamentaria, lo que no pudieron consumar a sangre y fuego.

La recuperación democrática no fue una concesión graciosa del poder, sino el resultado de esas luchas acumuladas. En las fábricas, en las parroquias, en las plazas y en el exterior, miles de hombres y mujeres mantuvieron encendida una convicción elemental: que la dignidad no se negocia y que los derechos no son dádivas, sino conquistas.

Hoy, cuando los debates sobre el modelo de país vuelven a plantearse con intensidad, esa historia interpela. No como un ejercicio de nostalgia, sino como una brújula. Porque si algo demuestra la experiencia de aquellos años es que incluso en contextos de terror es posible tejer redes, reconstruir organizaciones y volver a poner de pie proyectos colectivos. La democracia argentina nació de esa obstinación.