21 de marzo de 2026

Luciana Bertoia

A medio siglo del comienzo del último golpe de Estado, el Gobierno intenta detener las investigaciones por crímenes de lesa humanidad y busca imponer la agenda falaz de la «memoria completa». Batalla cultural y retrocesos concretos.

Javier Milei suele jactarse de que le gusta acelerar en las curvas. Cuanto más peligrosa es la jugada, mejor. Hacer añicos el consenso que desde el retorno de la democracia era hegemónico en la sociedad argentina se inscribe en esa lógica de conductor suicida. Sin demasiados vaivenes, la administración de La Libertad Avanza (LLA) combinó a lo largo de los dos años de gestión una pelea por instalar la narrativa de los perpetradores y una serie de maniobras tendientes a poner límites al proceso de investigación y sanción de los crímenes cometidos. A 50 años del golpe de Estado, el eslogan de la «memoria completa» –que repiten distintas figuras del Gobierno– no hace más que mostrar todo lo que falta saber.

Cuando todavía no era presidente, Milei soltó toda la artillería de la familia militar más rancia: decir que no son 30.000 los desaparecidos, calificar lo sucedido como una «guerra» en la que se cometieron «excesos» y agraviar a los organismos de derechos humanos. Con esas declaraciones, dejaba en claro que, en este tema, no tenía demasiadas discrepancias con Victoria Villarruel, militante de los grupos que se presentan como de «memoria completa».

La noción de «memoria completa» surgió de los cuarteles. Solía ser utilizada por el general Ricardo Brinzoni –que terminó acusado por la masacre de Margarita Belén (1976)– como contracara del reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos. El gesto más claro de Milei fue decir que el 24 de marzo es el «Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Completa».

El presidente argentino es parte de un grupo de líderes de las derechas extremas que están en ascenso en el mundo. Su principal referencia es Donald Trump, pero encuentra varios espejos para mirarse en América del Sur, que suelen combinar elementos novedosos y una retórica vinculada a la reivindicación de los regímenes dictatoriales. Jair Bolsonaro saltó a la fama cuando, siendo diputado, votó a favor del juicio político de Dilma Rousseff y se lo dedicó al coronel que la había torturado durante la dictadura. José Antonio Kast, que asumirá la presidencia de Chile durante marzo, no esconde sus elogios a Augusto Pinochet.

En el discurso de Milei no existe una reivindicación directa del accionar de la dictadura, sino una justificación. Todo gira en torno a establecer que las Fuerzas Armadas debieron responder a la agresión de las organizaciones armadas de izquierda. Se hace, de esa forma, una lectura ahistórica que no habla de la formación de los militares en la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS) estadounidense o en la contrainsurgencia de la escuela francesa. Tampoco hay una referencia a las constantes asonadas que se produjeron entre 1930 y 1976 ni a la coordinación que existía en el cono sur para la persecución de las disidencias.

Milei tiene referentes ideológicos en esta batalla cultural. El intelectual orgánico de LLA es Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, que se presenta como un joven nacido en democracia que buscó por sus propios medios confrontar con el «adoctrinamiento» escolar. En realidad, Laje también es parte de la familia militar. Como reveló Horacio Verbitsky, es sobrino-nieto de Raúl Fierro, exjefe de inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército que comandaba con mano de hierro Luciano Benjamín Menéndez. Cerca del presidente también están su biógrafo Nicolás Márquez –que fue un referente para Laje dentro de los grupos de «memoria completa»– y Juan Bautista «Tata» Yofre, que pregona la tesis del «fuimos todos» para diluir las responsabilidades sobre los crímenes.

Milei no solo se nutre de la batalla cultural. Desde que llegó al Gobierno hizo algunos cambios quirúrgicos que apuntaron a obstruir las investigaciones por crímenes de lesa humanidad:

• En el Ministerio de Defensa, desarmó los equipos que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas para aportar pruebas a las causas judiciales.

• Tanto Defensa como Seguridad rechazaron proporcionarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para contribuir con la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura.

• Se eliminó la unidad especial de investigación que funcionaba dentro de la Conadi y la habilitaba a acceder a archivos estatales.

• Se degradó la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y se le quitó la facultad de querellar, tal como advirtieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierto. El proceso fue acompañado por el despido masivo de trabajadores, lo que incluyó también a los abogados y las abogadas que llevaban esos expedientes.

• Se decidió el traslado de todos los presos por crímenes contra la humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde gozan de canchas de tenis y otras comodidades impensables para las personas privadas de su libertad por otro tipo de delitos.

El Gobierno tiene sus emisarios con los represores o con sus familiares. En los primeros meses de la gestión de LLA, Cecilia Pando reconoció que habían hecho gestiones con los entornos de Milei y Villarruel para que encontraran una «solución». Hubo visitas oficiales en las cárceles. Salió a la luz que un grupo de diputados oficialistas discutía distintas iniciativas con familiares y abogados de criminales de lesa humanidad. Una de ellas era plantear la prisión domiciliaria automática a partir de los 70 años; otra, sostener que existe un «plazo razonable» para investigar como forma de frenar las pesquisas en curso.

En paralelo, el Poder Judicial dio algunas señales de querer acomodarse a los tiempos. La más nítida provino de la Cámara Federal porteña, que sostuvo que debía investigarse como una grave violación a los derechos humanos la bomba que Montoneros colocó en 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), sede de la Inteligencia de la Policía Federal y centro clandestino de detención. El tema está a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal –que ya había sostenido que estaba prescripto–. Por su parte, la Corte no dio señales de querer pronunciarse, al menos por ahora, sobre las causas de la «justicia completa». El Gobierno hace lobby para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) homologue un acuerdo con la familia de un militar asesinado en 1975 como forma de influenciar a los tribunales locales.

A pesar de todo, los juicios siguen. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 1231 condenados y 250 absueltos. La gran mayoría de los represores está en arresto domiciliario. De los 425 detenidos, solo 61 están en la Unidad 34 de Campo de Mayo y otros 18 en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Hay, en la actualidad, doce procesos en marcha: tres de ellos iniciados en lo que va del año.

El reclamo de verdad y justicia se profundiza con los 50 años del golpe, en un contexto en el que la represión es reivindicada por el Gobierno mientras vuelve a usar motes como «zurdos» o «terroristas», como solía emplear la última dictadura, o cuando la portación de apellidos vinculados al terrorismo de Estado funciona como una cucarda. La llegada de Carlos Presti, un militar en actividad, a la cima del Ministerio de Defensa –que, además, es hijo de un jefe de la dictadura– se inscribe en esa lógica.

«Recordamos porque en ese recuerdo está nuestra identidad y el sentido de nuestras luchas del presente. No somos solo presente. Nos identificamos como pueblo con aquellos que fueron perseguidos y con lo que perdimos y aún tenemos que recuperar», dice Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).

Para Adriana Taboada, psicóloga, referente de la Comisión Zona Norte e integrante de la mesa nacional de organismos, las calles y la construcción colectiva deben estar apuntadas a dar la batalla por el sentido. «Este año saldremos con la centralidad de los 30.000 y la pelea contra el negacionismo y la falacia de la memoria completa. ¿Cómo? Exigimos que nos digan dónde están. Ellos quieren cambiar la narración, pero siguen sin decir qué hicieron con cada desaparecido. Eso mantiene la vigencia del crimen y del horror porque hay 30.000 insepultos. Eso contraría los fundamentos de nuestra cultura: los ritos funerarios», sostiene.

Si la memoria está «incompleta» no es por obra y gracia de las víctimas, sino de los perpetradores, que 50 años después se reafirman en su pacto de silencio.