25 de marzo de 2026
Las casas de altos estudios llevan adelante un paro en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento. El éxodo docente y la calidad educativa.
Puertas cerradas. En la primera semana de huelga, las facultades nacionales solicitaron la intervención de la Justicia.
Foto: NA
La primera semana de paro en las universidades nacionales dejó en claro que la protesta por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento del sector por parte del Gobierno de Javier Milei está lejos de aplacarse. El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario coexiste con el repudio hacia la propuesta del Gobierno por una nueva ley «para compatibilizarla con el equilibrio fiscal», según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo una lluvia de cuestionamientos sobre sus gastos injustificados.
«Lo que necesitamos es que la Justicia opere sobre el Gobierno, porque ya dijo que se tiene que cumplir la ley. Y sabemos que los recursos están», enfatiza Daniel Filmus, exministro de Educación, en diálogo con Acción. «Es necesario que la lucha universitaria, más la Justicia, logren que el Gobierno cumpla la ley. No hay antecedentes de que se haya rechazado un veto», remarca sobre el recorrido de la Ley 27.795, defendida del veto presidencial y respaldada por la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, que en diciembre pasado ordenó al Ejecutivo su «inmediata» aplicación. Sin embargo, no sucedió.
«La inconstitucionalidad que está sosteniendo el Ejecutivo hace cinco meses ya va encontrando señalamientos por parte del Poder Judicial, que dio lugar a una cautelar y ahora rechazó las recusaciones que intentó el Gobierno. Es importante que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se expida sobre la cuestión de fondo», analiza Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Éxodo docente
Los números no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Según un informe del Grupo EPC-CIICTI, desde noviembre de 2023 los salarios docentes cayeron un 35,8% real a febrero de 2026. Pese a ello, «la modificación propuesta (para una nueva ley de financiamiento) implica un alza respecto de febrero 2026 de apenas el 3,6% a diciembre 2026».
«Desde que asumió este Gobierno hasta hoy renunciaron 83 docentes, lo que representa el 12% del plantel docente total», señala Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
«En el último tiempo (año 2025 y los primeros meses del 2026) el fenómeno se aceleró, ya que se produjeron 52 renuncias (contra 31 durante el año 2024). Además, se registraron 26 jubilaciones anticipadas de docentes en el periodo 2023-2025, fenómeno que no ocurrió en el periodo anterior», añade. El éxodo docente, que se replica en distintas universidades nacionales del país, tiene un impacto directo y creciente sobre el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios y sobre la calidad educativa.
«Claramente el funcionamiento pleno de nuestra institución está en riesgo», define Rodríguez ante este medio. Y explica: «Por un lado, renuncian los docentes jóvenes, con formación de posgrado en su mayoría, y con una carrera científica muy promisoria; y por otro lado, los profesores con mayor trayectoria, y que lideran los equipos de investigación, se están jubilando anticipadamente. Por lo tanto, la calidad académica que siempre ha caracterizado a nuestra universidad está en peligro».
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, había dicho algo similar días antes: «Si bien se puede improvisar con gente que recién se inicia en docencia, vamos perdiendo calidad porque no es lo mismo que dé clases alguien con 20 años de trayectoria».
El por qué del éxodo está claro. Un informe del CEPA expone que, entre las y los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan (por muy poco) el umbral de la Canasta Básica Total. «El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva percibe salarios que no alcanzan a cubrir la CBT, por lo que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Algo similar ocurre con la mayoría de los escalafones del personal no docente, cuyos salarios tampoco logran superar ese umbral. Considerando que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en enero 2026 fue de $623.990, solo los titulares y asociados con dedicación semiexclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo».
Desmembrar el sistema
A nivel presupuestario el estudio del CEPA, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, el Indec y el Banco Central (BCRA), revela que –a precios de 2026– el presupuesto universitario vigente es un 45,6% menor al que regía en 2023. Si se hubiese aplicado la Ley 27.795, sancionada e insistida por el Congreso en 2025, el presupuesto universitario hubiese quedado solo un 3,7% por debajo del presupuesto vigente en 2023. En cambio, con el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, la pérdida presupuestaria en términos reales volvería a ser del 36,5%.
«Vemos que el Gobierno tiene un proyecto: desmembrar el sistema universitario nacional, volver a principios del siglo XX, cuando había 10 universidades y 12.000 estudiantes, mayormente de clase alta. Hoy tenemos casi 70 universidades y 2 millones de estudiantes de distintas clases sociales y formas de pensar. Es eso lo que al Gobierno le molesta», resume Chevalier, historiadora y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Tras la primera semana de huelga universitaria, la representante docente apunta: «Este paro fue construido desde consultas y asambleas y plenarios, hay una necesidad de dar un mensaje claro de que la universidad no puede funcionar con esta asfixia. El estudiantado asimismo está cada vez más movilizado, porque la situación económico-social se va volviendo más complicada y porque tienen en claro que la situación de la docencia es dramática».
Lo que está en juego
Mientras el paro se sentía en las aulas, en redes sociales circulaban historias sobre docentes universitarios que se veían obligados a dejar sus cargos y dedicarse a otra cosa. «Renuncié porque gastaba más en transporte y en comer fuera de casa que lo que cobraba», escribió un doctor en Física. «La niñera me cobra $8.000, yo gano $6.500 la hora. Inviable», definió una economista. Un historiador hizo un buen resumen: «Si los docentes universitarios siempre cobramos mal, mi pregunta es por qué hace dos años yo vivía bien y podía mantener dos nenes y ahora a mitad de mes me quedo sin plata».
En Agronomía, si bien no hay datos formales sobre el derrotero de los docentes renunciantes, la decana indica que «en su mayoría se han volcado a la actividad profesional en empresas del sector y, en segundo lugar, a la docencia e investigación en el exterior (principalmente Uruguay, Brasil y Estados Unidos). Quienes han tomado cargos en universidades privadas no han renunciado a esta facultad, pero en muchos casos han reducido la dedicación». En otras facultades las clases se complementan con viajes en Uber o repartos de Rappi.
«Si la situación no mejora, el éxodo de docentes seguirá ocurriendo, perdiendo lo más valioso de la universidad, que es su plantel de docentes-investigadores altamente calificado que se ha formado en su seno –alerta la decana de la FAUBA–. Es decir, estamos poniendo en riesgo la calidad de la formación de los futuros profesionales y los desarrollos científicos y tecnológicos que nuestra universidad provee al medio productivo y a la sociedad».
