30 de marzo de 2026
A contrapelo de las iniciativas represivas del Gobierno nacional, el programa Entramados, de la provincia de Buenos Aires, pone el acento en un enfoque preventivo, integral y no punitivo.
Realidad compleja. El delito suele aparecer como una respuesta frente a la escasez de oportunidades legítimas.
Foto: NA
Horas antes del tratamiento del nuevo régimen penal juvenil, la senadora Patricia Bullrich expresó su alegría en las redes sociales y repitió una frase hecha que lleva su firma: «Ahora, el que las hace las va a pagar». El Gobierno nacional recurrió a clichés sobre el garantismo, utilizó casos de alta repercusión y restringió el debate a la edad de punibilidad. Contra la propaganda oficial, una experiencia en curso en la provincia de Buenos Aires demuestra que incrementar el castigo y encarcelar a los jóvenes a partir de los 14 años no es la solución para el delito juvenil.
El programa Entramados fue presentado en abril de 2025 y actualmente se implementa en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. Destinado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años que estén en conflicto con la ley o en situación de riesgo penal, esta iniciativa conjunta del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Seguridad de la provincia pone el acento en un enfoque preventivo, integral –al comprender cuestiones de trabajo, educación, ambiente y sociedad– y no punitivo.
«Entramados apuesta al retorno de los jóvenes a la escuela, a su inclusión en el ámbito comunitario, y por otra parte a cuestiones como el contexto cultural donde la transgresión aparece como viable», señala el criminólogo Enrique Font, integrante del Consejo Directivo del programa en representación del Ministerio de Seguridad de la provincia.
A falta de argumentos, el Gobierno nacional y gobernadores provinciales, entre ellos el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, instalaron consignas efectistas como «delito de mayor, pena de mayor», donde se soslaya el rol frecuente de los menores como mano de obra descartable en bandas criminales. «La lectura correcta de la situación es que no hay jóvenes manejando economías de drogas, armas, robo de autos, sino más bien estructuras de adultos que pueden dar lugar a la participación de niños, niñas y adolescentes en los delitos», afirma Font.
Entramados apunta a desligar a jóvenes en riesgo del ambiente del delito. El programa promueve con ese fin dispositivos como casas de día y espacios comunitarios para recrear sentidos de pertenencia y propuestas formativas y laborales «para competir con la inmediatez que ofrecen las economías ilegales»: talleres de oficios y capacitaciones que aporten alternativas de subsistencia.
Medidas confidenciales
«El último, Jeremías Monzón: torturado y asesinado por menores. Le dieron veinte puñaladas y ahora están en su casa como si nada. Ya se termina esta brutalidad», dijo Bullrich en un video publicado antes del tratamiento del dictamen de ley en el Senado. Pero no es cierto: la Justicia dispuso medidas confidenciales para los menores de 14 y 15 años detenidos por el crimen en Santa Fe y la joven de 16 años también involucrada en el hecho fue trasladada a un instituto cerrado de Rosario.
Monzón fue hallado el 22 de diciembre. Los menores filmaron el crimen y el video circuló en redes sociales hasta que la Justicia prohibió su difusión. Como es frecuente en los delitos protagonizados por jóvenes, la discusión pública puso el acento en la supuesta impunidad de los responsables y un mes después el Gobierno nacional tomó el caso para enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal.
La madre de Monzón habló ante los senadores antes de que el proyecto tuviera su dictamen de ley. El Gobierno también presentó a familiares de otras seis víctimas de homicidios y delitos graves cometidos por menores. «Es el modo Blumberg de imponer reformas regresivas –señaló la abogada Claudia Cesaroni en X–. Llevan a familiares de víctimas, lxs legisladores consienten que eso suceda, no se atreven a discutir argumentos con personas que padecen un dolor horrendo, y luego votan lo que les pidan».
El modelo punitivo pretende medir su efectividad en términos de encarcelamientos y condenas, y con el nuevo régimen los menores podrán recibir hasta 15 años de prisión. En contraste, los resultados de un programa de prevención pueden ser menos visibles y más abstractos.
«La prevención es difícil de medir –admite Enrique Font–, pero hay hechos que se pueden comprobar en Entramados, como la conformación de espacios multiagenciales, la capacidad de contacto de los servicios locales de municipios con los pibes, el abordaje mismo de esos pibes. A medida que el programa avance habrá datos más cualitativos sobre su incidencia en las trayectorias de vida».
Empleo inexistente
Entramados comienza con la elaboración de un diagnóstico local a través de entrevistas para establecer una hoja de ruta que define las acciones a seguir. Según un documento que analiza la información obtenida en los municipios bonaerenses, «la participación en actividades delictivas aparece como una respuesta frente a la escasez de oportunidades legítimas y a la urgencia de resolver necesidades básicas y consumos propios de las dinámicas juveniles». En ese cuadro, «las economías ilegales, en particular las vinculadas al narcomenudeo, se presentan como opciones en territorios donde el empleo formal juvenil es escaso o inexistente».
El delito juvenil aparece así en historias de vida signadas por la exclusión y condensa múltiples problemas: deserción escolar, experiencias tempranas de violencia, fragilidad de los vínculos familiares y comunitarios y presencia discontinua del Estado. «El reconocimiento del momento de la transgresión es relevante y debe ser tenido en cuenta –puntualiza Font–. Los menores de 18 años deben tener una respuesta ante las primeras transgresiones».
Font destaca un registro en curso, «algo que no se hace en ningún otro lugar del país» y fundamenta las intervenciones: «Todos los niños, niñas y adolescentes que por algún motivo resultan aprehendidos son incluidos en una base de datos confidencial, a lo que solo tienen acceso el servicio local y el Organismo Provincial de Niñez. El registro implica seguir la situación de cada menor y acompañarlo».
Con el apoyo de Unicef, el programa coordina políticas provinciales y municipales y asigna recursos para las acciones de prevención. También promueve la justicia restaurativa, el enfoque que busca reparar los daños producidos por el delito: en el partido de Almirante Brown, un programa preexistente con la dirección de la jueza Marta Pascual «trabaja con pibes que han cometido transgresiones y han estado privados de la libertad y también con víctimas de delitos», apunta Font; en Ensenada existe «un esquema de padrinazgos comunitarios voluntarios, donde referentes de la comunidad apadrinan pibes en coordinación con el municipio».
El delito juvenil tiene «una causa estructural», agrega Font: «Las expectativas de inclusión, ciudadanía, derechos, acceso a un trabajo digno y bien remunerado hoy están en tensión con la exclusión que producen las políticas económicas del Gobierno nacional. El programa no puede impactar en ese plano, pero reconocer esas variables sirve para atemperar su impacto negativo». Y también para disputar la hegemonía del punitivismo en la discusión sobre seguridad.
