6 de abril de 2026
Abrazo. Pese a todo, el presidente ratificó la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Foto: NA
Tras el envión del triunfo en las legislativas nacionales de octubre del año pasado, muy favorecido por el soplo de Donald Trump, amenazando a nuestro electorado con el diluvio universal si no votaba a su favorito, el Gobierno se va desplazando hacia un pantano del que no logra salir a pesar de las fenomenales acciones propagandísticas montadas para enturbiar el escenario político.
Cierto es que todavía el mileísmo goza de un fuerte apoyo del establishment económico y cultural –a veces explícito, a veces vergonzante–, pero no deja de ser un dato esencial.
Como siempre, a estos sectores los motiva el aprovechamiento de las generosas concesiones del Gobierno para sus negocios, muy particularmente para la explotación de los recursos naturales y para potenciar más sus ganancias vía ajuste de salarios y jubilaciones.
Pero el modelo no solo cruje por su efecto deteriorante de la vida cotidiana de las mayorías, tanto de los núcleos humildes como de las clases medias, sino por los diversos hechos de supuesta corrupción que van surgiendo a la luz pública, cuyo impacto no logra ser disipado por el alboroto triunfalista emitido por el presidente de la Nación, especialmente desde las redes sociales.
El caso de la «victoria» por el fallo de la Corte de Apelaciones neoyorquina sobre la demanda de fondos buitre por la estatización de YPF, del cual el Gobierno pretendió adueñarse como si fuera un éxito propio, es arquetípico, ya que resultó ser efímero e ineficaz en imponer el sentido que el oficialismo pretendió darle.
El aumento del desconcierto y la pérdida de apoyo de diversos sectores que se esperanzaron con las promesas de un futuro promisorio formuladas por el actual oficialismo en tiempos electorales se acentúan con una sensación de peligro generada por el afán presidencial de involucrar a nuestro país en la aventura guerrerista de Trump y Netanyahu. De este modo Milei avanza hacia un incendio peligroso, sin que sus decisiones tengan tratamiento parlamentario, una condición democrática vital en un tema tan crítico como involucrarnos en un escenario de guerra.
Contrato fisurado
Así las cosas se viene una múltiple operación parlamentaria que tiene un doble sentido. Por un lado, desviar la desvergüenza generada por las mentiras y la anterior cruzada moralista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y simultáneamente seguir legislando en beneficio de los grupos económicos locales y extranjeros. Así es que se viene un proyecto de ley de libre acceso a la tierra por parte de extranjeros, un eufemismo que justifica la compra de tierras a precio de ganga, modificando la ley que establece límites a los capitales foráneos.
Con el mismo sentido el Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de Ley de Manejo del Fuego, modificatorio de la ley vigente que protege los ecosistemas y prohíbe el negocio siniestro de la venta de terrenos incendiados deliberadamente.
El intento más próximo, que se trataría esta semana, es impulsar el negocio de las multinacionales mineras reformando la ley de glaciares. En esta temática, que trascendió más de lo esperado, es valioso registrar la postura de los obispos de la Patagonia, que describen con todo su dramatismo las consecuencias de esta iniciativa destructiva para la vida y para el desarrollo productivo.
Los obispos señalan que «ninguno de los que votarían este proyecto respiran nuestro aire, están a miles de kilómetros, y tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos». En suma, convocan a los representantes del pueblo para que respondan al interés de la Nación y eviten un daño ecológico irreparable.
Lo cierto es que por el otro lado se acentúa una sensación de hartazgo por las penurias económicas cotidianas que se expresa en frases como «no llego a fin de mes» o «no puedo pagar el resumen de la tarjeta de crédito». Todo indica que estamos ante una fuerte fisura del contrato electoral y va quedando atrás la sensación de alivio que el Gobierno había logrado instalar por la baja de la inflación, ya que los aumentos de precios, especialmente los alimentos y las tarifas de servicios públicos, golpean fuertemente los deteriorados ingresos de la mayoría de la población.
