7 de abril de 2026
El abogado ambientalista Enrique Viale analiza los objetivos del proyecto oficialista, qué cambiaría y a quiénes beneficiaría. Mitos y falacias sobre una reforma «regresiva y hecha a medida».
«¿Cuántos diputados tienen relaciones con las empresas mineras? ¿Cuántos senadores? ¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente? Se llama Flavia Royón. Tiene una consultora y es integrante consultora de Río Tinto, una de las principales beneficiadas por esto», sostuvo Enrique Viale, destacado abogado especializado en derecho ambiental, en el marco de las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), aprobada en 2010 y considerada un hito a nivel regional y mundial.
En la misma línea, y en alusión al diputado José Peluc, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), preguntó: «¿Usted en San Juan no tiene relación con proveedores mineros? ¿No tuvo una reunión hace poco con representantes del sector?». Para Viale, detrás del debate existe un interés concreto de grandes empresas: «La reforma de la Ley de Glaciares está hecha a medida de grandes trasnacionales mineras. Tiene nombre y apellido».
El 25 y 26 de marzo pasados, de las más de 100.000 personas inscriptas para discutir en la Cámara de Diputados la modificación de la Ley de Glaciares, solo se autorizó el uso de la palabra a 400.
En el Senado, la reforma pasó con un tratamiento express y logró media sanción. Luego de las dos audiencias públicas, el Gobierno apuesta al respaldo de los gobernadores para modificar la ley después de Semana Santa. Entretanto, la oposición y los ambientalistas señalaron que llevarán la discusión al terreno judicial.
Enrique Viale es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó estudios de posgrado en la misma casa de estudios y se especializó en Derecho Ambiental. Es miembro del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y forma parte del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN). Es fundador del «Pacto Ecosocial del Sur».
El especialista describe el momento como «crucial» y subraya la gravedad de una eventual aprobación de la reforma: «Una vez destruido un glaciar, no hay forma de volver atrás, y esa es la desesperación que tenemos. A diferencia de otras leyes que pueden revertirse, esto es irreversible».
«Argentina tiene grandes triunfos socioambientales que en otras partes del mundo son leídos como históricos.»
Son jornadas intensas para Viale. Recibe a Acción en su casa, visiblemente cansado, pero firme en su decisión de defender lo que está en juego: «Argentina tiene grandes triunfos socioambientales que en otras partes del mundo son leídos como históricos. Desde hace tiempo digo que quizás el germen de la resistencia frente al avance de las ultraderechas está en el movimiento socioambiental, que muestra al resto de la sociedad que existe otro camino».
–¿Qué establece la Ley de Glaciares y cuáles son sus aspectos fundamentales?
–Lo primero que hay que decir es que la Ley de Glaciares tuvo una base social muy grande. Es una ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, que establece una serie de reglas y normativas para protegerlo y la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivelogía, Glaciología y Ciencias Ambientale (IANIGLA), un instituto muy prestigioso dependiente del CONICET. La información registrada en el inventario es una herramienta fundamental para la identificación y delimitación de las zonas protegidas en el marco de la Ley Nº 26.639. No es una ley antiminera, es una ley que protege la naciente de los ríos. En los glaciares y el ambiente periglaciar nacen gran parte de los ríos de nuestro país, que le dan agua, trabajo y vida a siete millones de personas.
–¿Qué argumentan quienes atacan la legislación vigente?
–En una de sus cláusulas, la Ley de Glaciares establece que se prohíbe hacer minería y actividad hidrocarburífera y otras cuestiones sobre glaciares y ambiente periglacial, pero no es la esencia de la ley, ese es solo un inciso de un artículo; la palabra «minería» aparece una vez. El Inventario Nacional de Glaciares cubre solo el 0,21% del territorio nacional argentino. Es decir, una porción muy ínfima, pero es donde nacen gran parte de los ríos de nuestro país. La iniciativa responde a intereses de grandes mineras, que están ejerciendo un lobby enorme para cambiar la norma a medida de sus proyectos.
–Sostiene que la reforma es regresiva. ¿Qué implica ello en términos de protección ambiental?
–La modificación que pretenden retrocede en materia de protección ambiental. Claramente, esto va mucho más allá de una regresión ambiental: es parte de un modelo de industricidio, ataque a la ciencia, de primarizar la economía al máximo, que solo quede campo, agronegocio, energía fósil y minería. Argentina no solo tiene incorporado el principio de no regresión ambiental a través de la firma del acuerdo de Escazú, sino que también en la Ley General del Ambiente tenemos el principio de progresividad, es decir, que hay que proteger cada vez más. Este es un caso típico de manual de regresividad ambiental, que está muy relacionado con el avance de las ultraderechas en el mundo y que tienen como una de sus políticas fundamentales la flexibilidad ambiental.
«No es una ley antiminera, es una ley que protege la naciente de los ríos. En los glaciares y el ambiente periglaciar nacen gran parte de los ríos de nuestro país.»
–¿Cuáles son las principales falacias sobre la Ley de Glaciares que sostienen quienes pretenden modificarla?
–Desde que empezó la discusión sobre la Ley de Glaciares se repiten una serie de mentiras para justificar una reforma inconstitucional y regresiva. Hace poco presentamos con Maristella Svampa el informe «10 mitos y falacias sobre la Ley de Glaciares». Dicen que la Ley de Glaciares prohíbe la minería en todo el país. Falso. La ley solo prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en glaciares y ambiente periglaciar, el 0,3% del territorio de la Cordillera; la ley protege las nacientes de agua y ecosistemas de alta montaña donde el daño sería irreversible. Dicen que si se reforma la ley, la minería puede generar un millón de empleos. Falso. Dicen que la Ley de Glaciares no respeta el federalismo; también falso. Defender glaciares no es ir contra el federalismo: es evitar que decisiones tomadas aguas arriba perjudiquen a millones de personas aguas abajo.
–¿Qué pasaría con IANIGLA de modificarse la ley?
–La modificación le daría un rol secundario a IANIGLA. Cada provincia, un funcionario de segundo nivel, podría decir que un glaciar o un ambiente periglaciar no tiene relevancia hídrica y que deberá ser sacado del inventario y por lo tanto destruido. Va a empezar una especie de dumping ambiental entre las provincias, peleándose en relajar aún más su protección y una provincia además podría alterar un glaciar que termina dando agua a más de una provincia. Esa es la desesperación que tenemos y por eso lo queremos parar ahora, porque el daño sería para siempre. Una vez destruido un glaciar, no hay marcha atrás.
–Si el área protegida (0,3%) por la normativa es tan pequeña en relación con el territorio nacional, ¿por qué existe interés en avanzar también sobre esa porción?
–Esa es una buena pregunta. Hay al menos seis proyectos concretos, con nombre y apellido, algunos ya en ejecución, sobre este 0,3%. Uno es el proyecto Vicuña, en San Juan, de la empresa BHP, que fue responsable del desastre de Brumadinho en Brasil. Más de treinta muertos, cedió una represa y arrasó un pueblo entero. Los CEO de Vicuña se reunieron dos veces este año con el presidente Milei. Barrick Gold con el proyecto Veladero; Río Tinto con BlackRock en Los Azules; Glencore con Pachón en San Juan; y el proyecto Mara en Catamarca. Detrás de esto están las provincias de Mendoza, San Juan y Catamarca. Hay intereses geopolíticos muy fuertes. Y la gran minería es tan voraz que no quiere ningún tipo de límites.
«A más extractivismo, menos democracia. La minería es una actividad con corporaciones muy acostumbradas a no respetar la soberanía y a manosear las instituciones.»
–Más de 100.000 personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas, realizadas algunos días atrás. ¿Esperaban una respuesta semejante?
–Es impresionante y está generando conmoción política. Lo que hizo el oficialismo de cercenar la participación es un manoseo de la democracia. Nosotros siempre lo decimos: a más extractivismo, menos democracia. La minería es una actividad con corporaciones muy acostumbradas a no respetar la soberanía y a manosear las instituciones. Además de lo grave y concreto que sería que se rompa un glaciar, la Ley de Glaciares tiene un simbolismo muy grande. Es decir «pude entregar hasta la fuente de agua. Así que después de eso puedo hacer todo». Porque se conoce que después van por la Ley de Bosques, del Manejo del Fuego, por la Ley de Tierras; ya lo dijeron públicamente. Vienen por los glaciares, vienen por todo. Es muy bueno que tanta gente se inscribiera para participar; la sociedad está poniendo un límite. Esperemos que tenga resultados.
