11 de abril de 2026
Con avances a partir de nuevas evidencias y pedidos de indagatoria, las investigaciones de los casos $Libra, Andis y Adorni ponen en jaque al Gobierno, que no logra desactivar el impacto político.
Comodoro Py. Los tribunales federales que llevan a cabo los procesos, aceleraron las gestiones en las últimas semanas.
Foto: Horacio Paone
Las causas que inquietan a la Casa Rosada tuvieron importantes novedades en tribunales en los últimos días y se instalaron en la agenda mediática, provocándole un problema al Gobierno, que no encuentra la forma de cambiar el relato púbico que narra hechos de presunta corrupción. Se trata de los casos «$Libra» «Andis», y «Adorni», que tramitan en Comodoro Py. Los dos primeros involucran al jefe de Estado y a su hermana Karina –secretaria general de la Presidencia–, y el tercero al jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La causa que tiene por protagonista a Adorni se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza, y adquirió un fuerte impulso en la última semana luego de que se concretaran diversas medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación. Este último jueves, por ejemplo, a instancias del fiscal el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y de la firma AS Innovación Profesional, que es de ambos.
El juez y el fiscal buscan determinar si Adorni tiene respaldo económico para justificar «en blanco» todos sus gastos del último tiempo.
En la mira judicial se encuentran: la hipoteca de un departamento ubicado en Parque Chacabuco donde vivía Adorni, en la que intervinieron dos mujeres vinculadas con la Policía Federal; la compra de un inmueble en Caballito también financiado de una forma poco habitual por dos jubiladas que al ser consultadas por la prensa dijeron no conocer al jefe de ministros; y la adquisición de una casa en el country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. La Justicia también investiga los viajes que realizó el funcionario nacional, entre ellos, el que hizo con su familia en un vuelo privado a Punta del Este y que dijo que fue pagado por el periodista y amigo suyo, Marcelo Grandio, quien tiene un programa en Canal 7, señal que estaba bajo la órbita de Adorni cuando era vocero presidencial.
El juez también ordenó el levantamiento del secreto fiscal de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni, que en su mayoría son jubiladas.
Por ahora
En las tres operaciones que están bajo análisis judicial intervino la escribana Adriana Nechevenko, quien declaró como testigo este miércoles y tuvo que volver a tribunales el jueves. Tras prestar testimonio, Nechevenko fue entrevistada en el canal de streaming de Infobae donde dijo que conoce a Adorni desde hace más de 20 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada, y que son las primeras compra-ventas de este estilo en las que interviene con él.
La escribana afirmó que no le consultó al funcionario por el origen del dinero, indicó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco para comprar la casa en el country y que ambas operaciones se realizaron el mismo día, el 15 de noviembre de 2024. También aseguró que ella fue quien acercó a las mujeres policías (una retirada y su hija, que está en actividad), quienes le prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete con una tasa del 11% anual para una de las operaciones.
La escribana contó además que Adorni planea pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca que trabó sin interés para comprar el departamento de Caballito de la calle Miró en el que vive actualmente y que habría sido vendido por un conocido, hijo de una de las dos jubiladas que figuran en esa operación. Con la declaración de Nechevenko quedó claro que hay un enjambre de compra-venta de inmuebles poco claro que la Justicia busca dilucidar.
Además, el fiscal Pollicita analiza los viajes de Adorni. Tiene en su poder un total de 19 vuelos, entre los que fueron oficiales y los privados. El investigador estudia si el funcionario viajó a Aruba con su pareja. También tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Angeletti de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a un viaje oficial. Ese último informe describe que el importe total de los tickets superó los 10.000 dólares. La reserva de Adorni estuvo a nombre de jefatura de Gabinete. El escándalo sobre sus bienes y viajes llevó a Adorni a bajar su perfil. No obstante, el presidente Javier Milei lo respalda. Al menos por ahora.
Escribana. Adriana Nechevenko a la salida de su declaración como testigo en la causa del jefe de Gabinete.
Foto: NA
Ventanilla de pagos
El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del Coimagate, detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) «entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo» y pidió 29 indagatorias nuevas que ahora debe resolver el juez Lijo.
El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los últimos hechos que investigó «implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial».
Entre los pedidos de indagatoria se incluyen las ampliaciones de Diego Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente que estaba al frente del organismo donde la Justicia halló «una enorme trama de corrupción»; y la de Miguel Ángel Calvete, ambos sindicados como jefes de una gran asociación ilícita que funcionó en la Andis. En total son cinco ampliaciones de indagatorias. Las restantes 24 declaraciones serán tomadas a nuevos imputados, en su mayoría ejecutivos y empresarios de firmas vinculadas con servicios de salud.
Para el fiscal Picardi, no hay dudas: «La Andis fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia». «El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello», agregó. Los actos de corrupción se habrían llevado a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025.
Teléfonos que hablan
Las dos querellas que forman parte del caso que investiga la presunta criptoestafa de $Libra requirieron en los últimos días que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, entre otros acusados.
El 5 de abril pasado, el querellante Martín Romeo y su abogado Nicolás Oszust, pidieron en total 16 indagatorias. Apuntaron contra los Milei, pero también contra Adorni y los intermediarios Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Por su parte, el querellante Juan Patricio Marchetto, que es representado por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois (también diputado), requirió a la Justicia el 27 de marzo que se cite al jefe de Estado, su hermana y a 7 acusados más.
El pedido de las dos querellas se basa en el resultado que arrojó el peritaje que se realizó sobre los celulares y computadoras de Novelli y Morales. Respecto al jefe de Estado, Marchetto señaló que «la prueba reunida acredita que negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría –directa o indirectamente a través de su entorno– contraprestaciones millonarias en criptoactivos a cambio de actos propios de su función».
En el análisis de los dispositivos que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), se encontró documentación que complicó a Milei. Por ejemplo, entre los documentos analizados por la Datip figura un archivo que menciona el pago de 5 millones de dólares del entorno de Hayden Davis, creador del token $Libra, a los intermediarios por el apoyo del jefe de Estado al lanzamiento del criptoactivo. Del mismo estudio también surge que al momento del lanzamiento y colapso de $Libra, Milei y Karina mantuvieron frenéticos llamados con Novelli, quien se encontraba en Dallas con Davis.
Ahora el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver los pedidos. ¿Puede complicarse aún más la situación judicial del presidente y su círculo más cercano? Más temprano que tarde comenzará a despejarse el interrogante.
