16 de abril de 2026
Un informe del Batallón 601 hallado en el archivo de un agente de la DINA desmonta las trampas del negacionismo actual: ya en 1978 los propios represores computaban 22.000 desaparecidos.
Cadena perpetua. En 2000, Arancibia Clavel fue condenado por el asesinato de Prats y su esposa.
Foto: Adrián Pérez
El 24 de marzo pasado, la movilización en la Plaza de Mayo y sus alrededores por el quincuagésimo aniversario del inicio de la última dictadura superó todas las expectativas previas. Sin duda, fue una respuesta al régimen libertario, que hizo del negacionismo una política de Estado. Y con dos ejes: no considerar los crímenes de lesa humanidad como tales (afirmando que las víctimas fueron, en realidad, bajas de una «guerra sucia»), junto al regateo contable del horror.
Tanto es así que, para el presidente Javier Milei, hubo únicamente 8.753 desaparecidos. Ni uno más. Como si ello pudiese aligerar la naturaleza asesina de sus hacedores. Pero sería injusto no reconocer su amplitud numérica frente a Mauricio Macri, ya que durante su paso por la Casa Rosada se mostró aún más amarrete al admitir, a duras penas, 7.010 secuestros seguidos de muerte.
Pues bien, esta cuestión merece ser analizada a fondo.
¿Acaso el propósito de estas distorsiones es instalar un debate aritmético al respecto? Tomar las estadísticas públicas por definitivas (como las de la Conadep, que apenas registró menos de 9.000 denuncias entre fines de 1983 y septiembre de 1984) sería tan falaz como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos hallados, que ni superan los 900. De manera que la estimación de 30.000 –convertida en consigna– no es nada arbitraria, dado que es fruto de diversas variables. Entre estas, el hecho de que la cifra tentativa de cautivos en los tres principales centros clandestinos de exterminio –la ESMA, La Perla y Campo de Mayo– supera con creces el conteo de la Conadep, en un escenario donde, además, hubo otros 197 campos de concentración. Y un plantel de 150.000 represores.
De modo que el único registro exacto solamente lo tienen los asesinos, juramentados –como ya se sabe– en un pacto de silencio inquebrantable. O casi.
Porque dicho arcano sufrió una filtración a través de un añejo paper de inteligencia. Aquella hoja, enviada desde Buenos Aires el 4 de julio de 1978 al cuartel general de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, consignaba: «Se tienen computados 22.000, entre muertos y desaparecidos desde 1975 hasta la fecha». Era el saldo –calculado por el Ejército– del terrorismo de Estado en Argentina, cuando aún faltaban cinco años y medio para el fin del ciclo militar.
En otro párrafo especifica que la fuente de aquel dato fue el Batallón 601 de Inteligencia (B.601). Y al pie del informe hay un nombre de fantasía: «Luis Felipe Alamparte Díaz».
Bien vale reparar en su letra. Y también en la historia de su autor.
El embajador en la sombra
El inicio de esta trama bien podría ser una escena correspondiente al mundo del espectáculo: Adrián Zambelli, metido en un enterito muy ceñido, sacudiendo su melena con frenesí. Era el principal bailarín que acompañaba a Susana Giménez durante una función de La revista de Oro, en el teatro Astros.
Corría el 28 de septiembre de 1974.
Tras caer el telón, un puñado de admiradores lo cercó en el hall en busca de autógrafos. A cierta distancia, lo observaba un sujeto de porte retacón y cara de nutria que lucía un traje oscuro, acaso con demasiada fibra sintética.
Se trataba de «Alamparte Díaz», quien, con acento trasandino, aseguraba tener un puesto jerárquico en la sucursal porteña del Banco del Estado de Chile.
Zambelli creía eso a pies juntillas. Esa noche fueron a cenar al restaurante Edelweiss.
Hacía unos meses que ellos convivían en un departamento situado en la calle Virrey Loreto 1721, de Belgrano. Parecían estar hechos el uno para el otro, aunque el chileno era muy reservado. Y por un motivo de peso.
A la noche siguiente, el tipo participó en los crímenes del excomandante en jefe del Ejército de Chile y ministro del Interior de Salvador Allende, general Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Curtberth, al estallar una bomba debajo del Fiat 125 en el que circulaban por una calle de Palermo Chico.
Eso no alteró –por el momento– la apacible vida del sicario.
Su nombre verdadero era Enrique Arancibia Clavel y, con solo 28 años, era el delegado en Argentina de la DINA, oficiando, además, a partir de 1976, como enlace con el B.601 en el marco del Plan Cóndor, esa alianza estratégica entre las dictaduras del Cono Sur.
Él se sentía chocho en ese papel: sus jefes lo consideraban un embajador en la sombra, y para los jerarcas de la inteligencia vernácula, ese muchacho era nada menos que «el espía oficial de Chile en Argentina».
Pero sin suponer que ello, debido a una azarosa encrucijada geopolítica, lo llevaría hacia la desgracia.
El 24 de noviembre de 1978, cuando ambos países estaban por entrar en guerra debido a un litigio sobre el control de tres islotes en el canal de Beagle, el pobre Arancibia trastabilló por una obviedad: ser un espía chileno.
La cuestión es que fue secuestrado por la SIDE en su domicilio de la calle Virrey Loreto. Y en el doble fondo de un placard, los captores encontraron nada menos que su archivo en seis carpetas correlativas con 400 informes repartidos en 1.688 páginas, donde había detalles exactos del espionaje hecho por la DINA en Argentina, y los papers enviados a su jefe, el mayor Raúl Iturraga Newman, con diversas consideraciones.
Entre estos había algunos cuyo contenido rozaban la comedia. Y uno en particular hizo que él se viera en figurillas, puesto que, de inmediato, motivó la intervención de una patota perteneciente a la Armada.
Era el que revelaba un chisme farandulero que, no sin inocencia, le confió el bueno de Adrián: el tórrido amorío del almirante Emilio Eduardo Massera con la vedette Graciela Alfano. Y describía con minuciosidad los regalos que él le dispensaba: pieles, joyas y hasta un departamento
Semejante infidencia hizo que los marinos se ensañaran brutalmente con su autor, al punto de fracturarle los dedos a martillazos.
En medio de estas circunstancias, la copia del paper enviado a Chile el 4 de julio con el balance de la represión del B.601 pasó totalmente desapercibido.
Acorralado
En 1981, por un pedido de la Santa Sede, Arancibia Clavel recuperó la libertad, pero no su valioso archivo.
Su reencuentro con Adrián fue penoso. Ellos eran ahora la sombra de lo que habían sido. La carrera del bailarín se apagaba como una vela al consumirse. Y como espía, Arancibia ya no valía ni un centavo. Se separaron poco después.
Recién en octubre de 1985, los papeles de Arancibia fueron hallados por la periodista chilena Mónica González en un sótano del Palacio de Tribunales, durante su exhaustiva investigación sobre el asesinato de Prats.
Esa documentación constituía una verdadera bitácora del Plan Cóndor en la Argentina. Y, en lo respecta a Arancibia, también probó su participación en la captura y muerte en Buenos Aires de Jean Claudet Fernández, quien era un nexo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile con el ERP.
En su letra hubo, además, evidencias de que Arancibia había sido parte de la denominada «Operación Colombo», una macabra fake de la DINA que consistió en el intento de encubrir los asesinatos de 19 militantes del MIR con la falsa versión de un tiroteo entre facciones en pugna, mediante el «hallazgo» de cadáveres argentinos con cédulas de identidad chilenas.
Por el crimen de Prats y su esposa, Arancibia fue a parar nuevamente tras la rejas en 1998. Y dos años después fue condenado a perpetuidad. No obstante, a mediados de 2007 –a raíz de una caprichosa interpretación del «dos por uno»– le fue otorgada la libertad condicional.
Tal vez Arancibia ignorara que, meses antes –el 24 de marzo de 2006–, el detalle numérico de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina había sido publicado por el diario La Nación, en un artículo de Hugo Alconada Mon. Su título: «El Ejército reconoció 22.000 crímenes», cuyo contenido, desde luego, se basaba en el paper decomisado durante el allanamiento a su hogar, en 1978.
Tal documento, perdido entre otros 400, fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, en Washington DC.
Por esos mismos días, Zambelli moría debido a una larga enfermedad.
De Enrique Arancibia Clavel poco se supo hasta el 28 de abril de 2011. Al clarear ese día fue despanzurrado a puñaladas en su alcoba por un taxi boy.
Ahora, sus papers continúan hablando por él.
