18 de mayo de 2026

De acuerdo con datos estadísticos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2% en febrero. El indicador acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se observaban desde 2004. El fenómeno responde de forma directa a un escenario contractivo generalizado, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas. La imposibilidad de afrontar las deudas afectó de manera uniforme a casi la totalidad de las entidades bancarias y plataformas de crédito del país. En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) reflejó este impacto al encadenar 10 meses consecutivos de aumento. El indicador sectorial arribó a los 5,1 puntos, una cifra que consolida a los hogares dentro del rango técnico catalogado como «Fragilidad Familiar» y que expone el desacople entre las variables macroeconómicas y la economía diaria de la población.