24 de julio de 2026
Bajo el formato de un think tank, la fundación dirigida por Agustín Laje reúne financiamiento empresario, cuadros políticos y proyectos legislativos de reforma que alimentan el ideario libertario y la estrategia ideológica de Javier Milei.
Financiamiento. Actividad académica de la fundación que declaró ingresos de casi 5 millones de dólares ante la IGJ.
Foto: @fundafaro
La Fundación Faro logró colocar al vocero presidencial –tras la salida de Manuel Adorni– y promover la reforma de un Código que surgió de sus usinas. Mientras tanto, su máximo referente, Agustín Laje, está enfrascado en una campaña contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sintonía con la línea que baja desde Washington y apunta a resquebrajar ese sistema de protección.
La Fundación Faro salió a la luz en noviembre de 2024, cuando Javier Milei llevaba ocho meses en la Casa Rosada. Se presenta como un think tank creado para librar la batalla cultural contra las ideas progresistas y cuyo fin es la formación de cuadros, pero hay sospechas de que la Fundación Faro es más que eso.
Antes de la cena fundacional, el periodista Alejandro Rebossio publicó en ElDiarioAr que el cubierto valía 25.000 dólares y que quien estaba a cargo de la recaudación inicial era Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago Caputo. El lugar elegido para esa velada –y para muchas de las que vendrían– fue el Yacht Club de Puerto Madero, que es propiedad de los Neuss, familia cercana a los Caputo.
Las crónicas relevaron que entre los comensales estuvieron algunos de los empresarios más poderosos del país: José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (sobrino de Eduardo y directivo de la Corporación América), Martín Migoya (Globant), Bettina Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), junto con emisarios de distintas petroleras y de la siderúrgica Techint, propiedad de Paolo Rocca.
En esa presentación en sociedad, el principal orador fue Milei. «Quiero felicitar especialmente a mi amigo Agustín Laje, al excelente economista Adrián Ravier y al increíble Axel Kaiser por ponerse al frente de este proyecto», celebró el presidente.
El 23 de junio último, Milei volvió a la Fundación Faro para dar una conferencia titulada «Ideas para una sociedad libre». Esta vez llegó acompañado por Ravier como su flamante vocero. Ravier, antes de asumir en la Casa Rosada, se desempeñaba como diputado nacional, pero su salto hacia la política provino de la Fundación Faro, donde ejercía como director académico. En mayo, Milei y Ravier publicaron el libro La batalla por la macroeconomía, editado por Fundación Faro y Hojas del Sur.
La relación de Laje con Milei se remonta, al menos, a 2019, cuando compartieron un panel en el Auditorio Belgrano, según registraron los investigadores Analía Goldentul y Ezequiel Saferstein. Hay registros anteriores de vínculos entre Laje y Victoria Villarruel. Es que ambos provienen de los grupos que se propusieron dar la pelea por una «memoria completa» de lo sucedido durante la dictadura y se formaron en el Center for Hemispheric Defense Studies (Centro para los Estudios de Defensa Hemisférica), ligado al Pentágono. Laje es sobrino nieto de Raúl Fierro, jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo del Ejército que fue condenado a prisión perpetua por crímenes en el campo de concentración de La Perla, según reveló el periodista Horacio Verbitsky.
Laje estudió Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba y tiene una maestría en Filosofía de la Universidad de Navarra –relacionada con el Opus Dei–. Laje, como rescata el investigador Pablo Stefanoni, tiene un ámbito doble de intervención: las redes sociales y los libros, desde donde busca legitimarse como el intelectual orgánico de la derecha radical. No es ajeno al mundo de las fundaciones que se presentan como think tanks. En Córdoba presidía la Fundación Libre, que perseguía el mismo objetivo que la Fundación Faro: dar la batalla cultural contra las ideas progresistas.
Laje. El escritor y politólogo es uno de los puntales de la batalla cultural mileísta.
Foto: @fundafaro
Batalla cultural internacional
Hace algunas semanas, Laje se embarcó en una pelea contra la CIDH, uno de los organismos que Estados Unidos y los países que se encolumnan detrás de Donald Trump –entre ellos, Argentina– buscan debilitar. A través de un video, Laje arremetió contra la vicepresidenta de la CIDH, la argentina Andrea Pochak, a quien acusó de estar inmersa en un «conflicto de intereses» porque fue abogada de una jueza destituida que presentó una petición ante el sistema interamericano y, trece años después, fue subsecretaria de Derechos Humanos durante la gestión del Frente de Todos. Pochak negó haber tenido intervención como funcionaria en el caso.
Laje tiene buenas razones para apuntarle a Pochak: ella integra el bloque progresista dentro de la CIDH, es relatora de temas de memoria y movilidad humana –desde donde denunció la política de Trump contra las personas migrantes– y fue una de las pocas que se opuso a una iniciativa para que los comisionados puedan contar con asistentes administrativos que no sean personal de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La propuesta –que fue aprobada– puede ser una vía de injerencia indirecta en el organismo. En su voto en contra, Pochak había usado justamente la expresión «conflicto de intereses», que luego invocó Laje en su contra.
Para montar la campaña contra Pochak, Laje apeló a una intervención ante la CIDH del exsubsecretario de Derechos Humanos Joaquín Mogaburu, que estuvo menos de tres meses en el cargo y también se formó en la Universidad de Navarra. Laje no es quien narra directamente el caso: lo hace a través de una integrante del Global Center for Human Rights, otro grupo embarcado en la batalla cultural de la derecha que tiene su sede principal en Washington. El fundador del Global Center for Human Rights es el abogado argentino Sebastián Schuff, que proviene del llamado Frente Joven, otro de los sectores que convergen dentro del área celestial de La Libertad Avanza (LLA) alineada con Santiago Caputo.
El Frente Joven tiene un diputado nacional, Santiago Santurio, a quien la Fundación Faro le publicó recientemente un libro titulado Dios, Patria y Familia. Entre los colaboradores de esa publicación figura otra referente del Frente Joven, Ana Mármora, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) –del cual dependen el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Sitio ESMA–. Mármora está casada con Agustín Caulo, secretario de Culto y Civilización. En diciembre pasado, además, firmó un convenio de cooperación con el Global Center for Human Rights. Está claro que la batalla cultural no reconoce fronteras, y Laje busca convertirse en un referente de esa ofensiva a nivel continental.
El ala celestial
La Fundación Faro tiene su rama dispuesta a dar la batalla por la memoria: es la que está enquistada en el Museo Sitio ESMA y busca hacer cambios en el guion del lugar. Parte de esas ideas suele difundirlas el cineasta Diego Recalde, vocero de la Fundación Faro, que negó que haya existido un golpe de Estado en 1976 y, por el contrario, habló de una «continuidad de la dictadura peronista».
Dentro de la Fundación Faro funcionan, además, equipos que trabajan en quince leyes para modificar el sistema judicial argentino. Quien está al frente de esta tarea es Manuel García-Mansilla, el juez que Milei designó por decreto para la Corte Suprema y cuya designación terminó siendo rechazada por el Senado. García-Mansilla presentó algunas de estas iniciativas en octubre del año pasado en una reunión que encabezó junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, funcionaria que milita en las filas caputistas.
En los últimos días circuló la versión de que el Gobierno presentaría un nuevo Código Civil y Comercial en el que trabajó García-Mansilla. Desde el Ministerio de Justicia le dijeron a Acción que, en realidad, se trataría del Código Procesal Civil y Comercial, en cuya elaboración tuvo intervención el exdecano de Derecho de la Universidad Austral –también ligada al Opus Dei–.
Sin embargo, García-Mansilla tiene en sus planes la reforma del Código Civil y Comercial que se aprobó hacia finales del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al frente de esa reforma habían estado Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer. A Lorenzetti, que tiene buena sintonía con Milei y con el ala celestial del Gobierno, no le avisaron de ningún cambio, por ahora. El año pasado, García-Mansilla había dicho que la modificación sería casi total: alcanzaría al 80% del Código.
En su única y tardía presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la Fundación Faro declaró ingresos por casi cinco millones de dólares que, según afirmó, provenían de donaciones y talleres. Tras una intimación de la IGJ –que funciona dentro de la órbita de Juan Mahiques en el Ministerio de Justicia–, la Fundación acercó un listado de aportantes, pero el Gobierno se negó a revelar cuáles son las fuentes de financiamiento del think tank desde donde se nutre de cuadros e ideas para librar su batalla contra todo aquello que el presidente engloba como izquierda.
