25 de agosto de 2026

La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un protocolo médico para analizar las condiciones de salud de personas que se encuentran en las cárceles, que podría beneficiar a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad para obtener la prisión domiciliaria. A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encomendaron al Cuerpo Médico Forense la confección de un «Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados». Según la resolución, el objetivo es «sistematizar los criterios» para que los magistrados puedan tener «mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud». En la acordada, la Corte Suprema apeló a la Constitución Nacional, que establece que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas».