20 de septiembre de 2026
En un contexto de atropello y despojo territorial de comunidades originarias, una organización liderada por mujeres opone resistencia y reivindica la mirada de género. Luchas del Frente de Mujeres del Salado Norte.

Organización. La pelea del Frente es por la recuperación del rol protagónico de las mujeres como productoras y defensoras de actividades económicas sostenibles.
La situación de muchas comunidades hoy es delicada. La media sanción en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que establece que las acciones de desalojo se tramiten mediante un juicio sumarísimo, parecería haber envalentonado procesos conflictivos que estaban latentes. En varias provincias, las disputas entre las comunidades indígenas y campesinas y ciertas empresas tomaron notoriedad, como en el caso de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas entre Villa La Angostura y Bariloche, que desde hace más de un siglo habitan un sitio ancestral y fueron desalojadas. O como se vivió a comienzos de agosto en Humahuaca, Jujuy, donde la comunidad indígena Santa Rosa sufrió un violento intento de desalojo, con un centenar de policías que, balas de goma mediante, quiso echarla y callar la disputa originada en una diferencia catastral que dio lugar a un reclamo particular. En Misiones el panorama no fue mejor. Allí, unos días antes, el 28 de julio, la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, ubicada en el paraje Cañafístola, dentro del municipio de Garuhapé, había sufrido la irrupción de 50 efectivos policiales que llegaron para ejecutar un desalojo dictado por orden judicial a favor de un empresario forestal.
Ante estas situaciones, que se reconozca la labor de las organizaciones en favor de la conservación de los bosques nativos desde una mirada de género parece ser una luz aliviadora. Este es el caso del Frente de Mujeres del Salado Norte (FMSN), una organización conformada por mujeres que habitan, producen y hacen uso de una superficie de 2.184 hectáreas, ubicada en las cercanías de la localidad de San José del Boquerón, en el Departamento de Copo, en la provincia de Santiago del Estero.
«Nuestra organización surgió hace once años. Con muchas de las mujeres veníamos trabajando desde hace más de veinte en forma conjunta en organizaciones integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el Mocase, y veíamos la necesidad de crear una organización conformada solo por mujeres; hoy somos 60 de entre 16 y 90 años, algunas con primaria incompleta, otras con terciarios, otras universitarias, en mi caso soy comunicadora social de la UBA, vivo en Santiago del Estero desde hace 30 años y además de socia fundadora me desempeño como responsable técnica de la organización, que es ecofeminista, que trabaja en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a nivel local. Hace tres años fuimos elegidas en una convocatoria de más de 80 organizaciones nacionales para ejecutar pilotos para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en coalición con la Fundación Plurales, y de este modo ir constituyendo una línea de trabajo que tenga que ver con la valoración del cuidado de ambientes frágiles, como es el bosque chaqueño, pero que además lo hagamos con enfoque de género», relata en una charla con Acción Lucrecia Gil Villanueva.
Recuperar el protagonismo
Según cuenta Gil Villanueva, durante los primeros cinco años, la organización –que también integra la Coalición Federal en Defensa de la Tierra que trabajó activamente por la quita de artículos de Ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada– construyó módulos de agua para consumo humano y la producción a pequeña escala. También consiguió que unas 50 mujeres de un total de 65 pudieran tener la cisterna autoconstruida junto a su vivienda. A esto, con el tiempo se sumó la huerta en sus casas, de las que se utilizan sus excedentes para trocar por otra cosa dentro de la misma comunidad o se les ofrece a los adultos mayores y a las escuelas. A su vez, hay quienes se dedican a la producción de huevos que suelen vender para generar ingresos.
Si hay algo que impregna todo el trabajo de las integrantes del Frente es la importancia de recuperar el rol protagónico que poseen las mujeres como productoras y defensoras de las actividades económicas sostenibles. «En las comunidades rurales, campesinas e indígenas, las estructuras de liderazgo son patriarcales y poco transparentes, lo que dificulta la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Queremos estar en los espacios de toma de decisión para saber de qué se habla y dar nuestra opinión», afirma Mónica Romero, también integrante del FMSN.
«Hoy se suman al trabajo nuestras hijas y nietas, mi mamá fue fundadora del Frente. Cuando las empresas entran al monte las mujeres somos las más afectadas, porque quedamos aquí, en los territorios, cuando nuestros maridos e hijos van a la cosecha. El problema de tierra aquí lleva más de 20 años, el Gobierno lanzó una orden de desmonte de 6.000 hectáreas, se logró frenar, pero ahora, tras dos años vienen a hacer una inspección de bosque para ver si estamos usando el territorio. Nosotras trabajamos para mejorar la vida en el monte, nuestra presencia es fundamental allí por todo lo que hacemos día a día, cuidando a nuestros hijos, a los animales, produciendo, antes no lo reconocíamos, los saberes que ponemos en juego vienen de nuestras madres y abuelas, todo sirve para mejorar la calidad del agua, de la tierra, y eso lo seguimos transmitiendo», relata a Acción Carla Ruiz, de la comunidad de Piruaj Bajo, integrante de la Comunidad Indígena Yscay Pozo, del Pueblo Lule Vilela, en el Departamento de Copo.
Sujetas de derecho
La ejecución del programa denominado «Productoras de Bosques Nativos» termina a mitad de 2027, contempla una inversión de alrededor de casi 100.000 dólares, y está relacionado con el acceso al agua, el mejoramiento de la producción y la infraestructura para las mujeres y su organización. El plan de inversión propone, además, mejorar actividades del cuidado y la producción directamente bajo el control de las mujeres, como por ejemplo las actividades de manejo de ganado con fines productivos, que dependen e impactan directamente en el estado y la calidad del monte.
«En este contexto nacional, donde el Estado se ha retirado del acompañamiento de las organizaciones que trabajan por el respeto a las comunidades ancestrales, estos proyectos contribuyen no solo para llevar infraestructura sino también para visibilizar la problemática del despojo territorial y de los recursos naturales que afectan a las comunidades campesinas e indígenas, por eso creo que el principal logro de las integrantes del Frente es reconocerse sujetas de derecho, la reivindicación de su cultura y sus conocimientos», concluye Gil Villanueva.
En circunstancias en las que cualquier forma de resistencia es necesaria, la organización de mujeres de pueblos originarios por la preservación del medioambiente, su trabajo y su identidad es invaluable.
