25 de septiembre de 2026
Los tribunales cierran causas que investigaban al aparato de inteligencia macrista y en paralelo el Gobierno de Milei fortalece a la SIDE con más presupuesto y atribuciones.
SIDE. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un considerable aumento de sus recursos.
Foto: Horacio Paone
El 24 de septiembre de 2017, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) camufló a uno de sus agentes en una reunión que organizaciones clasistas estaban haciendo en el Hotel Bauen. El objetivo del encuentro era organizar actividades para protestar contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se haría en diciembre de ese año. El espía, después de infiltrarse en el evento, redactó un informe en el que explicó que se estaba gestando la «insurgencia». Era parte de un seguimiento que venía haciendo sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), por lo que añadió a su reporte un listado de aportantes y de cuadros formados en esa organización. Para la Justicia federal argentina, el accionar del espía fue correcto: estaba desarrollando una tarea preventiva ante un potencial peligro, que era el entorpecimiento de una cumbre internacional. El fallo, lejos de ser una anomalía dentro del Poder Judicial, se inscribe en una serie de decisiones que convalidan las actividades de inteligencia mientras el Gobierno de Javier Milei fortalece el aparato de espionaje.
Desde los primeros días de septiembre se empezaron a conocer una serie de sentencias que ponen fin a denuncias sobre el presunto accionar ilegal de los servicios de inteligencia durante la administración de Mauricio Macri.
El 1 de este mes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cabezas de la AFI macrista, por las tareas que el organismo había desplegado por la realización de la conferencia de la OMC en 2017 y la del G20 en 2018, las que incluyeron los seguimientos al PTS y la confección de fichas sobre periodistas, académicos y activistas que querían participar de las actividades.
De la cantera
La investigación se había originado por una denuncia que presentó en junio de 2020 la entonces interventora en la AFI, Cristina Caamaño, después de encontrar unos sobres con esa documentación en la oficina que ocupaba Martín Coste, director operacional de Contrainteligencia. Coste también fue favorecido por Martínez de Giorgi, al igual que Carlos Tonelli Banfi, a cargo del área de Eventos Especiales.
El juez no niega que las tareas de inteligencia se hayan hecho. Por el contrario, las justifica en razones de seguridad. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en la causa, es un eje problemático. «Esta interpretación es especialmente preocupante: convierte el contexto de un evento internacional y sus necesidades de seguridad en justificación suficiente para relevar y sistematizar información sobre opiniones y actividades políticas y sociales», destacan desde el organismo.
Pocos días después, la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de Macri en otra causa: una que investigaba la aparición de unos discos rígidos en la AFI donde se habían almacenado correos electrónicos de periodistas y dirigentes políticos. En ese caso, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi entendieron que no se había asegurado la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos, por lo que no podía continuar la pesquisa.
El fallo se firmó después de que Bertuzzi fuera designado oficialmente en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py. Muchos lo vieron como un gesto de complacencia hacia el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que viene de la cantera del macrismo.
«La Justicia está pagando al contado», dice Myriam Bregman, dirigente del PTS y querellante en la causa por el espionaje en las cumbres internacionales, consultada por Acción. «No fue casualidad que se aprobaran casi 170 pliegos en el Senado. Algunos creyeron que era únicamente Javier Milei el que estaba detrás de esas designaciones, pero hay un nombre que sobrevuela, el de Macri, a quien ahora le están cerrando todas las causas de espionaje».
Auguadra. Según el funcionario, el organismo tendrá un rol clave durante la visita del papa en noviembre.
Foto: redes sociales
Bajo sospecha
Antes de la feria de julio –mientras los pliegos se debatían en la Cámara Alta–, Julián Ercolini archivó otra causa de espionaje: la del llamado Proyecto AMBA, que estaba centrada en el despliegue de bases y agentes que hizo la AFI entre 2016 y 2017 en territorio bonaerense. La fiscal Alejandra Mángano había pedido el archivo por una sencilla razón: su conexidad con el expediente sobre la vigilancia ilegal que sufrieron las familias del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.
Macri llegó a ser procesado por el espionaje a los familiares de los marinos. Fue, de alguna manera, la madre de todas las batallas. En julio de 2022, la Cámara Federal dictó su sobreseimiento porque entendió que las tareas de seguimiento y perfilamiento estaban justificadas ante un posible riesgo para la seguridad del presidente o la seguridad interior.
En noviembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, convalidó la decisión de la instancia anterior. La tercera integrante de la Sala II, Ángela Ledesma, advirtió entonces que les estaban dando carta blanca a los servicios. El voto de Yacobucci fue explícito en ese sentido: dijo que los agentes de inteligencia, en pos de asegurar la integridad de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo, pueden tener la necesidad de limitar derechos y, en esa línea, ejercer controles ante manifestaciones de apoyo, adhesión, algarabía, festejo, crítica, repudio, reclamos justificados y protestas sociales.
La opinión de Yacobucci es invocada, una y otra vez, por distintos jueces desde entonces –sobre todo desde que la Corte Suprema dejó firme el fallo–. «En aquel momento dijimos que en caso de quedar firme los sobreseimientos, no solo sería revictimizaría a las familias de la tripulación del ARA San Juan, sino que sentaría un precedente tan peligroso que equivaldría a dejar a toda la población en estado de sospecha, y así está sucediendo», afirma la abogada Valeria Carreras, que llevó el reclamo por falta de justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el CELS, la impunidad tiene efectos mayores. «Se consolida un criterio que corre los límites de la democracia: la apelación a la seguridad nacional no puede ser una habilitación absoluta a que organismos de inteligencia recolecten información sobre opiniones y actividades políticas, sociales o periodísticas de las personas», sostienen desde la organización.
Los fallos se dieron en la antesala de que el Gobierno presentara un proyecto de ley que busca crear un Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que funcionará como una especie de jefatura de Gabinete ampliada en la que estará la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) –sucedánea de la AFI–. Ese consejo podrá investigar supuestas amenazas a la seguridad nacional y las pesquisas podrán permanecer ocultas.
Fondos reservados
La Casa Rosada también envió el Presupuesto 2027, donde prevé un incremento de los fondos de la SIDE en casi un 90% con respecto a lo que fue el ejercicio 2026. El año pasado, había presupuestado 97.137 millones de pesos para el organismo que dirige Cristian Auguadra. Para el próximo, son 181.472 millones de pesos.
A esto hay que sumar las partidas adicionales que Milei suele otorgar por decreto. En julio pasado, le dio casi 50.000 millones a la SIDE, partida que fue reforzada con otros 30.000 millones a principios de septiembre.
Auguadra estuvo a finales de agosto en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). No pudo explicar por qué los fondos reservados del organismo rondan el 20% del total de los ingresos. Lo que sí buscó instalar es que la SIDE jugará un rol clave durante la visita del papa León XIV –que estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre–. El diputado Agustín Rossi sostiene que la principal responsabilidad en esas tareas deberá ser del Ministerio de Seguridad, pero la sospecha es que «La Casa» (como se llama a la Secretaría de Inteligencia) encontrará la excusa para meter sus narices, extender sus tentáculos y hacer crecer sus arcas. Todo con el beneplácito del Poder Judicial.
