20 de octubre de 2026
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la Justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios. La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, es que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.
