Políticas diferenciadas

30 de septiembre de 2023

Los voceros de la oposición liberal y ultraliberal rechazan a diario cada una de las medidas del Gobierno orientadas a recomponer el poder de compra de los sectores populares. Ya sean las referidas al Impuesto a las Ganancias (cuya modificación beneficiará a 800.000 trabajadores), como la devolución del IVA sobre los productos de la canasta básica para los sectores de menores ingresos, o el refuerzo de 94.000 pesos en dos cuotas mensuales para trabajadores informales de entre 18 y 64 años y que no reciben ningún beneficio del Estado.
Para esos críticos se trata de disposiciones «electoralistas», como si la inminencia de los próximos comicios debiera postergar la adopción de medidas favorables para los segmentos más vulnerables de la población, más aún cuando se agudizó temporariamente el proceso inflacionario, producto de la devaluación del peso requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los cuestionamientos tienen como argumento, además, el supuesto incremento del déficit fiscal, por eventuales mayores gastos y menos ingresos públicos. Lo cierto es que, de producirse esa brecha, bien podrían acompañar las diversas iniciativas oficiales que apuntan a incrementar de manera progresiva los ingresos tributarios del Estado nacional.
La realidad es que las medidas procuran un esquema en favor de los sectores populares. En relación con el IVA, por ejemplo, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, consideró injusto que los trabajadores de la economía popular y los jubilados tengan que pagar el mismo impuesto al valor agregado cuando compran productos de su canasta básica, que el que paga el dueño de una empresa o el CEO de una compañía.
En cuanto a Ganancias, Massa recordó que hace más de diez años que venía pregonando su reforma «como principio de mejora en la puja distributiva de la Argentina, en defensa de la condición de clase media de nuestros trabajadores y trabajadoras». Hay que recordar, con respecto a este gravamen, que en paralelo con la eximición dispuesta, se creó un impuesto cedular para los mayores ingresos, para quienes ganen más de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Ese monto funcionará como base imponible y las alícuotas van del 27% al 35%.
A la vez, para financiar la ayuda a trabajadores informales se estableció un pago extraordinario a cuenta del Impuesto a las Ganancias (15%), que será afrontado por empresas del sector de intermediación financiera y de seguros que hayan obtenido en el último período fiscal una ganancia igual o superior a 600 millones de pesos.
Hay que añadir, en la misma dirección reparatoria, que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil definió esta semana que el monto será, para octubre, de unos 132.000 pesos, para noviembre, de 146.000 pesos, y de 156.000 pesos para diciembre, subas que no solo sirven para el cálculo de la base imponible de Ganancias, también impactan en las prestaciones por desempleo y en los haberes de cerca de un millón y medio de personas jubiladas y pensionadas, que cobrarán un adicional en octubre y noviembre, hasta que se fije el nuevo haber jubilatorio mínimo para diciembre.
Estas y otras decisiones son muestras de un rumbo económico claramente orientado hacia el bienestar del grueso de la población. Frente a los antagonismos que algunos candidatos tratan de fomentar, resulta interesante destacar las palabras de Massa el viernes pasado. El ministro hizo un llamado a la unidad y señaló que «sin empresas no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay empresa», para agregar que «el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan, sino los que timbean, los que especulan, los que atentan contra la Argentina». Hacia el futuro inmediato, indicó que «en tres semanas se define el futuro de la Argentina, decidimos si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado».