Una investigación sobre la desaparición de siete abogados laboralistas marplatenses en 1976 revela aspectos clave de la complicidad civil con la dictadura. La derogación de la Ley de Contrato de Trabajo y los intereses de las grandes empresas.
14 de diciembre de 2016
Superior tribunal. Homenaje a las víctimas en La Plata durante el jury al juez Hooft. (Juan M. Quintanilla)
La historia reciente como un instrumento de debate y de intervención en el presente es una de las líneas visibles en las investigaciones periodísticas de Felipe Celesia y Pablo Waisberg. Esa perspectiva se renueva con La noche de las corbatas, un libro de reciente edición en que reconstruyen el secuestro de un grupo de abogados laboralistas durante la última dictadura.
«La noche de las corbatas» fue el nombre que le dieron los represores de La Cueva, un centro clandestino que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, a los secuestros de siete abogados del fuero laboral de esa ciudad entre el 13 de junio y el 8 de julio de 1977. Cinco de las víctimas murieron o permanecen desaparecidas.
«Lo que aparece detrás de estos operativos es la complicidad civil en términos empresarios. Este grupo de abogados afectaba muy fuertemente los intereses de grandes empresas marplatenses», dice Waisberg. Se trataba de Norberto Centeno –redactor de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en setiembre de 1974–, Jorge Candeloro, Tomás Fresneda, Raúl Hugo Alais y Salvador Arestín.
La desaparición de los abogados laboralistas encuadró con otros procedimientos –después del golpe de 1976 hubo más de 40 secuestros de delegados sindicales en los puertos de Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca– y con las modificaciones que la dictadura impuso a la Ley de Contrato de Trabajo. «Fue una de las primeras leyes que se cambian después del golpe –destaca Waisberg–. La voracidad por acomodar la distribución de la riqueza fue brutal y se expresa en esa modificación».
Para Celesia, «la ley venía a arreglar el universo laboral y los vínculos entre capital y trabajo. Su modificación es otra prueba de la complicidad civil, porque el general Liendo, ministro de Trabajo, no entendía nada de derecho laboral y debió contar con abogados de empresas que lo asesoraron. Pero fue y es muy importante, porque todavía nos sigue involucrando a los trabajadores argentinos».
Una causa paralizada
La actualidad de los hechos se relaciona en particular con el desempeño del juez Pedro Hooft, acusado de no haber tramitado los hábeas corpus ni las causas judiciales durante la noche de las corbatas. Al ser acusado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2006, se defendió invocando un complot político y judicial en su contra.
Hooft fue sometido a un jury de enjuiciamiento del que resultó absuelto. Entre quienes lo respaldaron se destacó Julio César Strassera, el fiscal del juicio a las Juntas Militares. Además, uno de los sobrevivientes a los operativos de los grupos de tareas, Camilo Ricci, agradeció la intervención del juez. El jury no extinguió la causa penal, pero las actuaciones están paralizadas después de que el juez marplatense se negara a comparecer en seis ocasiones.
«Empezamos el libro hace tres años, en un contexto diferente –recuerda Waisberg–. En este momento, en el cual hay una línea política nacional tendiente a no seguir discutiendo el rol de los sectores civiles en la dictadura y cuando tenemos a un ministro de Justicia que recibe dos veces a los abogados de los represores, un libro así puede ayudar a mantener vivo el debate y a poner sobre la mesa el rol de los sectores empresarios y judiciales durante la dictadura».
En La noche de las corbatas, los periodistas citan dos editoriales del diario La Nación: «La Justicia prevaleció sobre la venganza», dedicado a la absolución de Hooft en el jury, y «No más venganza», un reverdecer de la teoría de los dos demonios. Ante estos embates, agrega Celesia, el secuestro de los abogados laboralistas «es además una historia que expresa de manera particular cómo los episodios del pasado repercuten en la actualidad, y presentarla en el libro es una buena intervención para que sigan estando presentes los procesos de memoria, verdad y justicia».
