22 de febrero de 2017

Asesinada. Funeral de la activista Berta Cáceres. (Sierra/AFP/Dachary)

El gobierno hondureño está contestando con ataques a las recientes denuncias de Global Witness. La organización produjo un documento en el que catalogó al país como «el más peligroso del mundo» para luchadores ambientales y denunció que desde 2010, más de 120 personas «fueron asesinadas por enfrentarse a empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente». Además, aseguró que «las causas de los conflictos están vinculadas con las elites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política» y que su investigación «saca a la luz acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición». Las autoridades contestaron que los datos no tenían sustento. El presidente, Juan Orlando Hernández, intervino pidiendo que se «presenten evidencias» y señaló que se está «dañando la imagen del país». Global Witness ya pidió la intervención de la OEA en Honduras e insistió con que el poder «usa medios criminales para aprovecharse de los recursos naturales y y mata a quienes se ponen en su camino».