30 de enero de 2024

Adriana Meyer

Se cumplen 15 años de la desaparición forzada del joven de Lomas del Mirador, un caso emblemático de violencia institucional. El reclamo de su familia por verdad y justicia.

Luciano Arruga todavía no había cumplido los 17 años cuando la madrugada del 31 de enero de 2009 policías del destacamento de Lomas del Mirador lo detuvieron en una esquina del barrio 12 de Octubre, lo golpearon salvajemente y lo desaparecieron. Trabajaba en una fábrica de fundición, era de River y le gustaba Charly García, la cumbia y el reggaeton. Estaba en la secundaria y era lector de Julio Verne, Emilio Salgari y Julio Cortázar. Aquella noche había estado con sus amigos hasta tarde, pero en un momento se alejó para ir hasta su casa, que quedaba a pocos metros, donde vivía con sus dos hermanos. Mientras volvía lo pararon y se lo llevaron. Enseguida comenzó la búsqueda por comisarías y hospitales, su familia presentó un hábeas corpus que fue rechazado.
El hostigamiento policial había comenzado en septiembre de 2008, lo paraban cuando andaba cartoneando. Su hermana, Vanesa Orieta, le decía que no lo hiciera, pero él quería sumar un mango más a sus ingresos. El 22 de ese mes lo detuvieron y fue salvajemente golpeado. «Acá no te hicimos nada, negrito de mierda, terminás con un tiro en el pecho, te vamos a llevar a la Octava para que te violen», le dijeron al liberarlo. En esa seccional funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura, y en democracia se caracterizó por aplicar torturas.

Alzar la voz
En aquel momento, Vanesa tenía 26 años, cursaba la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y era empleada en una empresa en Morón. «Fueron 15 días de incertidumbre, la policía intervino nuestros teléfonos y apretó a amigos de mi hermano en la brigada. No lo estaban buscando». Luego, sus abogados probaron que Luciano estuvo detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, donde lo mataron a golpes. En diálogo con Acción, su hermana repasa estos 15 años de logros, como encontrar su cuerpo y cerrar el destacamento, pero también de dificultades y sacrificios. «Impacta el número, pero enero siempre lo transitamos con bronca, fueron años de organización y lucha, de pensar acciones para concientizar sobre la represión estatal y nos hicimos un espacio en esta sociedad para manifestar nuestra voz, aunque la llegada no sea masiva, para denunciar la desaparición forzada de mi hermano y muchos otros casos», dice.
–¿En qué estado está la causa de Luciano?
–Este aniversario también marca el enquistamiento y la falta de respeto de un proceso de impunidad, la respuesta pendiente sobre cómo llegó a concretarse su desaparición, por qué nos costó tanto encontrar sus restos y a 15 años seguimos exigiendo verdad, justicia y condena a todos los responsables materiales, políticos y judiciales. Vamos a seguir denunciando a las figuras más representativas que terminaron con la vida de mi hermano, pero yendo más allá de Lu, es una historia de pibes y pibas de barrios empobrecidos, discriminados y criminalizados por todos los gobiernos constitucionales de la era democrática.

–¿Qué falta para que no haya impunidad?
–Todo. Saber la verdad sobre por qué fue secuestrado, qué pasó durante esas tres horas cuando no se pudo reconstruir lo sucedido con Luciano, entre el momento en que dejamos de saber de él hasta que fue embestido por un auto en la vía rápida de la General Paz. Supuestamente una patrulla de la bonaerense lo obligó a cruzar esa avenida donde lo mató un vehículo. En la causa judicial iniciada en 2009 por desaparición de persona, los sucesivos funcionarios fueron cómplices para entorpecer todo esclarecimiento: mantuvieron a la policía en la investigación, nos negaron el hábeas corpus que finalmente fue lo que nos permitió encontrar su cuerpo (N. d. R: El hallazgo fue el 17 de octubre de 2014. El cuerpo había sido enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN el 11 de mayo de 2009, luego de haber estado en el hospital Santojanni, donde había llegado con el SAME tras haber sido atropellado en la General Paz y Mosconi, la misma noche que lo secuestró la policía. Lo operaron y falleció el 1° de febrero de 2009). Nos investigaron a nosotros, sobre nuestros cuerpos recayeron violencias y amenazas, lo cual hizo nuestras vidas muy duras. Es una impunidad que está naturalizada en nuestra sociedad, que nunca permite llegar a la verdad de estos hechos represivos, usando las mismas lógicas de dejar pasar el tiempo y desgastar a las familias. Esas y otras acciones nos obligan a seguir exigiendo que avance la investigación. Hablamos de impunidad porque tampoco avanzan los juicios políticos que pedimos hace 10 años contra el juez Gustavo Banco, las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas. Todo esto no nos permite cerrar una etapa de la vida.
–Según Correpi, en lo que va del Gobierno de Milei, hubo 38 muertos. ¿Hay un crecimiento exponencial de la represión estatal?
–Sí, pero esto no nace de la nada. Carlos Stornelli sigue siendo fiscal, en la reunión que tuvimos habló con gritos de odio para decirme que en su gestión en el Ministerio de Seguridad no había policías corruptos, un funcionario que en lugar de dar respuestas se violenta con la familia y defiende a una institución mafiosa y corrupta. El actual ministro de Justicia tuvo palabras de elogio hacia él. Era funcionario de Daniel Scioli, y ni él ni Fernando Espinoza en La Matanza nunca discutieron que la inseguridad también es que un niño en un barrio no tenga sus derechos fundamentales, ni frenaron el planteo de que el «otro» peligroso sea la persona pobre. Los sucesivos gobiernos aumentaron las medidas de disciplinamiento, mandan tandas de gendarmes al conurbano. Cada uno colaboró en poner en juego las columnas vertebrales de la democracia. Lo digo con bronca y tristeza, vamos a volver a transitar caminos con una carga totalmente violenta, pero los nuevos personajes tienen mucho material y herramientas de gobiernos anteriores para convalidar socialmente gran parte de estas medidas de ajuste, represivas y xenófobas, que no encuentran un freno rotundo en la sociedad. Es un momento para rearmarse del duro golpe, con replanteos en cada espacio, pero haciendo ejercicio de memoria para no cometer los mismos errores. No pudimos hacerlo hasta ahora para entender que las lógicas represivas de la dictadura se siguieron repitiendo en democracia. Debimos levantar bien altas las banderas de los derechos humanos contra la represión estatal y la violencia institucional, para evitar que estos discursos de derecha que nos gobiernan tengan también su base social que los acompaña.

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