10 de febrero de 2024
Transporte urbano. En el AMBA y en las provincias las tarifas aumentaron en las últimas semanas.
Foto: NA
La democracia argentina no registra antecedentes de un Gobierno que en tan poco tiempo, dos meses desde su asunción, exhiba el nivel de resistencia que ha generado la gestión actual, expresada en una creciente convocatoria a la movilización social. El paro y manifestación del 24 de enero, como también las protestas durante el tratamiento del proyecto de ley «Ómnibus», reflejan la preocupación de importantes segmentos de la población ante las medidas ya dispuestas y las que trata de imponer este Gobierno.
La reacción proviene no solo de los sindicatos y organizaciones sociales, ya que también importantes sectores de clase media sufren las consecuencias de la devaluación del peso y la luz verde a los fuertes aumentos de precios en productos de la canasta familiar, combustibles, remedios, medicina prepaga, etcétera.
La defensa gubernamental a rajatabla del mega ajuste y la demora en el tratamiento parlamentario del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sustentan una inquietud que, lejos de aminorar con el traspié oficialista en el tratamiento de la ley «Ómnibus», se amplía con lo dispuesto en un servicio esencial que utilizan millones de argentinos y argentinas a diario.
El Gobierno nacional, concretamente, eliminó el Fondo Compensador del Interior, que se encargaba de subsidiar al transporte público de pasajeros del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional. El subsidio a los usuarios de colectivos de corta y media distancia queda entonces supeditado a la posibilidad presupuestaria de las provincias y municipios, mientras de modo simultáneo se decidió que se desregulen las tarifas.
Pasajeros
Según se informó, los subsidios de trenes y colectivos serían solo para aquellos usuarios de la tarjeta Sube que puedan acceder a la tarifa social con un descuento del 55%. Sin embargo, en la página de Casa Rosada se especificó que el beneficio se limita a los boletos expendidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida se dispuso horas después de que el Gobierno se viera obligado a devolver, para su análisis en comisión, el ambicioso proyecto «Ómnibus», que contemplaba conceder superpoderes al presidente, privatizar unas cuatro decenas de empresas públicas y dar facilidades a inversores extranjeros, entre muchos otros cambios regresivos.
La votación negativa de legisladores que representaban a distintas provincias cuando se trataba la iniciativa artículo por artículo, generó un abierto ataque del jefe de Estado, tanto a esos legisladores como a los respectivos gobernadores.
Lo que hay que tener en cuenta es que, cuando se recortan las transferencias a las provincias, no se está sancionando a los gobernadores sino a la gente que vive en las distintas jurisdicciones. Lo mismo ocurre cuando no se envían fondos de la Nación para sostener la atención de la salud, la educación, la seguridad, o para hacer una obra pública: a quienes se afecta es a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Los distintos perjuicios a la mayor parte de la población, en todo el país, están en la contracara de lo planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el «equilibrio financiero» del Estado nacional durante enero. Como si ese no fuera el resultado de la licuación real del gasto que generó la altísima inflación, y el drástico corte de las transferencias a provincias.
El ajuste también se observa en el freno de la actividad, prácticamente en todos los rubros (industria, construcción, obra pública, comercio, etcétera) con la sola excepción del agro, mientras siguen cayendo los salarios y se deterioran los haberes jubilatorios.
Mientras las grandes corporaciones nucleadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara de Empresas de Estados Unidos (AmCham) expresan su respaldo al Gobierno, una parte importante de la población y sus representantes en el Congreso siguen mostrando su rechazo al supuesto intento de «corregir precios relativos».
Lo cual, como está a la vista, podría traducirse como la intención de engrosar ganancias de algunos pocos grupos concentrados en desmedro de los ingresos de gran parte de la sociedad, en especial de los y las trabajadoras y los y las jubiladas y de aquellos que se quedarán directamente sin ingresos, debido al muy probable incremento de la desocupación.
