11 de marzo de 2024
Casa Rosada. Reunión de representantes de las provincias con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Foto: NA
La agenda de los últimos días fue impactada por una gran paradoja política: los burócratas del Fondo Monetario Internacional, si bien apoyan decididamente el corazón del plan económico mileísta, salieron desde sus distintos estamentos a expresar su preocupación ante los peligros del actual ajuste fiscal por el carácter extremo y, consecuentemente, por las posibles reacciones sociales que podrían ponerlo en cuestión desde sus propias bases.
Todo comenzó con las declaraciones presuntuosas del presidente de la Nación desde el inicio de su gestión, jactándose de que su programa superaba largamente al del propio FMI. Lo cierto es que, transcurridos 90 días de mandato, los 20 millones de pobres existentes antes de su asunción crecieron abruptamente en siete millones, con una cifra similar de indigentes, es decir, de adultos, niños y niñas que pasan hambre. Según el propio presidente, los próximos meses serán más críticos aún, ya que vienen más aumentos de tarifas de transporte, y se agregan los de luz, agua, gas, además de las prepagas y los medicamentos.
La vocera del Fondo, Julie Kozack, secretaria adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, fue clarísima en su actitud dual. Valora la «fuerte consolidación fiscal», el freno a la emisión monetaria, la política cambiaria y una inflación que estaría «empezando a bajar». O sea, lo primero es el apoyo decidido al plan de Javier Milei inspirado en el neoliberalismo thatcheriano que todos ellos admiran. Al mismo tiempo, tanto ella como la número 2 de ese organismo internacional, Gita Gopinath, reiteraron su preocupación por los posibles desbordes sociales ante la envergadura y profundidad de lo que llaman «ajuste doloroso».
La otra paradoja de estos días fue la reaparición del exministro de Economía Domingo Cavallo haciendo una invocación a las grandes corporaciones formadoras de precios para que se contengan y moderen sus apetencias. La vida ya ha demostrado que estos tiburones nunca reaccionan a solicitudes de carácter moral, ya que su único norte es la potenciación de la tasa de ganancia. Siempre han respondido igual cuando alguien les habló «con el corazón».
Los funcionarios del Fondo soslayan que otorgaron el crédito histórico de 45.000 millones de dólares al expresidente Mauricio Macri para que pueda finalizar su mandato. Ya sabemos cómo terminó esa historia: Macri fue derrotado, nos dejó la deuda y los dólares se fugaron.
En ese marco, la otra gran cuestión de estos días es la propuesta presidencial de los 10 puntos del llamado Pacto de Mayo, a partir de la cual se realizó en la Casa Rosada la reunión con gobernadores y algunos vices, el viernes 8 de marzo. El decálogo en cuestión no es otra cosa que un remedo de las pautas tradicionales del Consenso de Washington de los años 90 del siglo pasado. Vendría a ser un Mayo washingtoniano, ahora con tonada libertaria.
La táctica ya es muy conocida: chantaje a gobernadores retirándoles fondos que les corresponden constitucionalmente y en virtud del Presupuesto nacional, a cambio de la aprobación de la ya derrotada ley Ómnibus. Esencialmente en los capítulos que le otorgarían al presidente los plenos poderes y le dejan las manos libres para la privatización de las empresas públicas, la liquidación de la educación y las universidades públicas, la continuidad del ajuste y el desguace del Estado.
Resulta imprescindible acotar que el establishment local apoyó enfáticamente el sentido y la convocatoria presidencial de ese pacto, pero todo indica que las exigencias del Gobierno nacional no resultan viables para los mandatarios provinciales, porque no resuelven sus perentorias necesidades; ni siquiera con el retorno del Impuesto a las Ganancias, que implicaría una fuerte sanción a los sectores asalariados de clase media que verían rebajados sus ingresos en medio del ajuste en curso.
Por último, presenta otra cuestión de carácter simbólico. El contrasentido de apropiarse de una conmemoración patria del 25 de Mayo de 1810, cuando se produjo una revolución de independencia nacional anticolonialista y americanista que derrotó a un imperio luego de 300 años. Resulta imposible pensar en alguna similitud entre los patriotas de aquel lluvioso día, con un Gobierno sometido a las corporaciones internacionales, asociado a una burguesía local depredadora y que celebra su sumisión al Reino Unido, niega la disputa por la soberanía de la Islas Malvinas y pondera al canciller británico como «su gran amigo».
