17 de marzo de 2024
Números rojos. Según el INDEC, la inflación de febrero fue del 13,2%, tras el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre.
Foto: NA
En el cuarto mes de altísima inflación y con perspectivas de que el alza de precios continúe golpeando a los sectores de bajos ingresos, siga achicando el consumo y profundice la recesión, desde la Casa Rosada festejan con argumentos poco serios. El motivo esta vez fue la difusión del dato correspondiente a febrero (13,2%), tras el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre.
Aunque en estos tres meses el acumulado del incremento fue de 71,3%, el ministro Luis Caputo realizó declaraciones optimistas. Dijo que ya casi se llega a una suba de un dígito «si se mira la inflación de marzo y se le saca el arrastre y la recomposición de precios relativos de transporte y prepagas».
Justamente, la situación sería plausible si no fuera por esa «recomposición» y otras que no mencionó, como la de alimentos y bebidas, telecomunicaciones y otro conjunto de ítems que vienen impactando de lleno sobre el poder adquisitivo.
Caputo añadió, supuestamente a su favor, que el mercado anticipaba una suba para febrero de «entre el 16% y el 17%».
Otra muletilla fue utilizada por el presidente Javier Milei, quien, sin mayor apego a la veracidad, afirmó que «en la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario». Vale precisar que, según el INDEC, la inflación minorista acumulada entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 fue del 161%. Un nivel altísimo, pero claramente inferior al de estos días, que los funcionarios dicen combatir con medidas cuyos resultados están a la vista.
Lo cierto es que la señal de largada para los aumentos no se dio el 10 de diciembre, fecha de la asunción formal del nuevo Gobierno. Las responsabilidades del oficialismo deben extenderse al momento inmediato posterior a la segunda vuelta eleccionaria, cuando los formadores de precios sintieron que tenían vía libre para remarcar como querían.
Ya triunfante, el electo presidente calificó de «una aberración» a la regulación de precios y anticipó que en su gestión la Secretaría de Comercio iba a dejar de existir «en el sentido que le han dado históricamente los Gobiernos anteriores».
En rigor, la mirada complaciente sobre la inflación no puede sostenerse, cuando todavía restan computar los aumentos que en los próximos días aplicarán las distribuidoras de gas y electricidad. La experiencia histórica indica que, en estos casos, la espiralización es un riesgo cercano, a medida que los distintos agentes procuran volcar las alzas sobre los precios de sus productos y servicios.
Lo que en realidad está ocurriendo es que el Gobierno libertario da pasos de gigante para alcanzar uno de sus principales objetivos: generar un rotundo cambio de los precios relativos, en favor, básicamente, de los grupos empresarios concentrados y en contra de los salarios y las jubilaciones. Por lo tanto, hacia una distribución más regresiva del ingreso. Esta tendencia es corroborada con los datos oficiales sobre el monto creciente de las canastas básicas alimentaria y total.
En nada puede sorprender el informe de la sede local de UNICEF (órgano de Naciones Unidas para la Infancia), según el cual las políticas actuales habían permitido que la pobreza infantil alcance el 70% y la indigencia, en dicho segmento, el 34% en el primer trimestre del año.
En contradicción con el festejo, se pidió esta semana a las empresas productoras de bienes de consumo masivo y a los supermercadistas que moderen las subas, lo que parece ser un reconocimiento implícito de la especulación y la puja distributiva que rodean al fenómeno inflacionario.
Se anunció luego el acceso más rápido a las divisas para importar bienes de consumo masivo y medicamentos que supuestamente compiten con los locales, política implementada en años anteriores que terminó impactando de forma negativa en las pymes, en el empleo y en el consumo.
El cuadro actual desembocará, según anticipan las consultoras, en un fuerte salto del desempleo. Y afectará, seguramente, junto al bienestar de la gran mayoría de la población, a la recaudación fiscal (fuente de la prestación de servicios públicos de salud, seguridad, educación, etcétera).
Esta dinámica de ajuste y pérdida de derechos solo podrá finalizar cuando los ajustados digan «basta».
