7 de abril de 2024

Cada medida de ajuste y desregulación dispuesta desde la Casa Rosada se orienta supuestamente a la «libertad» como motor de la economía y del bienestar general, pero es evidente que quienes se benefician son siempre los actores más poderosos.
El presidente Javier Milei ratificó que no corregirá el rumbo y que espera mantener el ritmo de cambio en las reglas de juego. «Todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y las 3.000 que tenemos pendientes también. Y seguiremos trabajando en más reformas», afirmó.
No es extraño, en este frenesí, que reciba los más cálidos elogios por la audacia y la profundidad de las disposiciones adoptadas, tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de los empresarios locales ubicados en la cúspide de los negocios.
La vocera del FMI, Julie Kozack, calificó los avances del programa gubernamental como «impresionantes» y evaluó que se está implementando «decisivamente un plan de estabilización ambicioso para restaurar la estabilidad macroeconómica», en referencia al superávit fiscal (financiero) de enero y febrero.

Desde luego, lo que está ocurriendo en el país es algo mucho más preocupante, como lo perciben millones de argentinos y argentinas que padecen el permanente achique de sus ingresos por la altísima inflación, que está lejos todavía de dar respiro.
Por el contrario, se espera otro golpe sobre el poder adquisitivo producto del aumento de las tarifas de gas, que se incrementaría en abril entre el 250% y el 480% respecto del valor promedio abonado en marzo, según las distintas categorías de consumo.
Se dispuso, además, un aumento del 1.000% del cargo fijo que recae directamente en el usuario, y si bien es más alto a mayor ingreso, según los tres segmentos existentes, tendrá un mayor impacto en los menores consumos.

Malos tragos
Habrá, además, que apurar el mal trago del aumento en las boletas de AYSA en el área metropolitana, que en promedio mensual y sin impuestos, según se informó en los medios, pasará a costar $30.784 (hasta ahora era de $9.962).
El valor del servicio se actualizará mensualmente a partir de junio, de acuerdo con una fórmula que combinará el índice de precios mayorista, el minorista y la evolución de los salarios que mide INDEC.
Otro impacto para consumos esenciales se derivará de la eliminación del fideicomiso para el trigo, creado en marzo de 2022 con el fin de subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos elaborada por los molinos.
Esa política, ahora revertida, permitió volcar en los dos últimos años al mercado doméstico 800.000 toneladas del cereal, materia prima de la harina, el pan, los fideos, para garantizar abastecimiento y morigerar el alza de precios.
El telón de fondo de esos movimientos es la caída del consumo interno y la extensión del proceso recesivo, como lo demostró el cobro de tributos de marzo, que cayó un 15,5% interanual en términos reales, muy afectada por los impuestos que dependen de la actividad interna, como el IVA (-19%). La recaudación impositiva tuvo su peor performance desde mayo de 2020, en plena pandemia.
Por su parte, las contribuciones patronales cayeron un 16,3% y los aportes personales un 26,7%, como reflejo del impacto que viene sufriendo el empleo, mientras los salarios acumulan una baja interanual del 22%. Recorte significativo, aunque menor al que sufren los jubilados y pensionados, a los que se les ofrece «compensar» con un 12,5% el hueco que dejó una inflación muy superior.
La fórmula del ajuste de gastos y el congelamiento de la actividad tiene costos sociales muy elevados. Y nada justifica que los paguen los sectores más vulnerables: trabajadores activos y en edades de retiro. Esta tendencia seguramente deberá ser revertida a futuro, en el marco de otras políticas dirigidas a restablecer condiciones de empleo decente y de mayor equidad distributiva. 

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