15 de mayo de 2024

Gisela Marsala Cardona

Acorde a las políticas nacionales de apertura, grandes bodegas comenzaron a importar productos de Chile y los viñateros de Cuyo denuncian especulación. El rol del cooperativismo.

Diversas asociaciones vitivinícolas de Mendoza y San Juan expresaron su firme rechazo ante la reciente importación de vinos chilenos por parte del Grupo Peñaflor, seguido por al menos otras cuatro bodegas que también han iniciado trámites para importar. En un documento conjunto denunciaron el posible impacto negativo de estas importaciones en la industria local. «Porque defendemos el trabajo le decimos no a la importación de vinos y a la especulación», se titula el comunicado que lleva la firma de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Asociación de Productores del oasis este de Mendoza (Aproem), la Asociación de viñateros independientes de San Juan, la Mesa Vitícola de San Juan, entre muchas otras.
Según representantes de Peñaflor, principal conglomerado de nuestro país, la importación se justifica por la falta de disponibilidad de vino en el mercado local. La empresa afirma que esta decisión busca abastecer la demanda interna de su marca de vino genérico. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo por parte de los viñateros locales, quienes argumentan que el vino genérico nacional está disponible en cantidad y calidad suficientes.
«Hemos mantenido conversaciones con diversas cámaras bodegueras y cámaras trasladistas, las cuales confirman que el vino genérico está disponible y existe no solo en oferta, sino en excelente calidad para abastecer al mercado con normalidad –dice el comunicado–. Nos parece desafortunado y lamentable que se intente atribuir a la falta de calidad en nuestros vinos a los intentos de importación, los que estamos en la industria sabemos los intereses que motivan esos dichos», afirman en el texto difundido públicamente. Al ser consultados sobre cuál podría ser el motivo de tal decisión postularon que «el único interés es desequilibrar el mercado local y ejercer presión sobre los precios a la baja».

«El vino sobra»
Juan José Ramos es presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y desde allí también desmienten el argumento esgrimido para justificar la compra en el exterior. «Al momento de la importación había 700 millones de litros de vino viejo y unos 1.000 millones de litros de vino nuevo, lo que alcanzaba para cubrir 17 meses de consumo. Entonces Peñaflor no ha realizado esa importación porque falte vino, por el contrario, el vino sobra. Dicen que no encuentran la calidad correspondiente y esto tampoco es así, ya que traen un vino con 7% de agua exógena porque así lo permite la legislación chilena, mientras en nuestro país se tolera solo hasta un 2,8%», declaró el ingeniero. 
La importación es legal y no es la primera vez que ocurre; de hecho, Peñaflor también lo había hecho en menor volumen en febrero de 2023, autorizado por el entonces secretario de Comercio Matías Tombolini. En aquella oportunidad la definieron como «muy excepcional», ya que desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca no autorizaban la importación de vino mientras no estuviera vendida hasta la última uva de producción argentina. 
«Hemos llegado a firmar convenios tan desventajosos para nuestros productores que ingresan vinos que no cumplen con las exigencias legales. La aceptación de prácticas enológicas no puede vulnerar las leyes del país importador», declaró Gabriela Lizana, referente de productores de Aproem. Y añadió que «siempre hay ganadores y perdedores en todas las medidas económicas incluso cuando es el mercado el que define supuestamente por la oferta y la demanda. En casos de alta concentración económica como la de los formadores de precio, lo que ocurre es que se imponen los más fuertes en detrimento de los más débiles». 
Al respecto de la formación de precios también aportó Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), quien asegura que «hoy por litro de vino común, el productor recibe $450 mientras que en la góndola un tetrabrik​ está entre los $1.800 y $2.200. Está casi multiplicado por cinco veces el precio que recibe el productor con el que paga el consumidor. Es decir que si baja el precio que se le paga al productor no quiere decir que vaya a bajar para quien lo consume porque el canal comercial no resigna ganancias».
Por su parte, el ministro de Producción de Mendoza y bodeguero, Rodolfo Vargas Arizu, se posicionó a favor de la importación afirmando públicamente que «no hay de qué temer, ya que los vinos de la región son altamente competitivos», a tono con las políticas económicas nacionales a las cuales adhiere el Gobierno de Alfredo Cornejo en la provincia.

Competencia desleal
Ante este escenario la industria vitivinícola argentina se enfrenta a un desafío crucial. Las preocupaciones persisten entre los pequeños productores, quienes temen por su sustento económico y por la competencia desleal con productos extranjeros. 
«La desregulación en la vitivinicultura ha llevado a la desaparición de viñateros y bodegas, sobre todo las más chicas. Hoy el mercado comercial es dominado por unas pocas grandes bodegas mientras los productores chicos tratan de vender su propiedad para algún emprendimiento inmobiliario», añadió Ramos. 
Para Ruggeri, «el cooperativismo está sólido y bien posicionado, pero no estamos exentos de los mismos avatares de cualquier empresa, ya que hoy sufrimos la falta de poder adquisitivo de quienes nos compran. Hay retracción en las ventas, pero seguimos siendo uno de los importantes líderes del mercado».
Esta actividad se caracteriza por su complejidad y diversidad en la cadena de producción, enfrentando desafíos crecientes, especialmente para los pequeños productores, quienes se ven afectados por la reducción del área cultivada y el descenso en el consumo de vino. La importación de vinos ha avivado un debate crucial en la industria vitivinícola argentina, con fuertes repercusiones económicas y políticas. Su futuro dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen para proteger y promover el sector nacional en un mercado cada vez más globalizado y competitivo.

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