3 de mayo de 2024
«El medicamento es un bien social», declaraba el exministro de Salud Arturo Oñativia. La discusión por una política de precios y control, el rol del Estado y la necesidad de impulsar el desarrollo de una industria nacional.
Las páginas de Acción daban cuenta, hace cuarenta años, de la lucha que el exministro de Salud Pública en el período presidencial de Arturo Illia, el salteño Arturo Oñativia, había dado para promover la legislación que controló precios, calidad y otros aspectos de los fármacos, enfrentándose a la resistencia de los mismos poderes concentrados de siempre. Poco había durado, pues con el asalto al poder de Onganía, la ley Oñativia fue derogada, y su creador, dejado cesante «por razones políticas». Apenas instaurada la democracia, el Gobierno salteño reparaba esa injusticia.
En una entrevista mano a mano, mientras se recuperaba de una larga enfermedad, en diálogo con Acción, Oñativia exponía minuciosamente la problemática del mercado de los medicamentos en el país. Daba cuenta entonces de que las multinacionales extorsionaban porque «la industria química internacional tenía un porcentaje muy alto de los capitales del país». En la década del 60 –tal como en 1984–, «la Argentina era deudora y ellos presionaron en base a la renegociación de la deuda externa».
El exfuncionario denunciaba que el mercado internacional de medicamentos, concentrado en cien compañías, monopolizaba la exportación hacia los países subdesarrollados: «Ejercen una acción corruptora y distorsionadora en todos los lugares donde actúan», contaba y advertía sobre las anomalías en los otorgamientos de certificados de autorización para la venta: «Tradicionalmente, esos certificados vienen acompañados por coimas».
Al ser consultado por la «rebeldía» de los laboratorios nacionales, Oñativia argumentaba que «a cualquier industria a la que se le toque el bolsillo, aunque sea en un porcentaje mínimo, levanta resistencia», y recordaba: «Nuestra ley fue muy criticada y se dijo que era estatizante, un control abusivo contra las industrias». En este punto reflexionaba por qué esas acusaciones no eran válidas: «En este rubro no existe la libre oferta y demanda, no existe el libre precio ni la libre venta».
«El medicamento es un bien social», planteaba el médico sanitarista y señalaba que, frente a la ausencia de mecanismos que protejan al enfermo, «está la obligación indiscutible del Estado de regular la comercialización».
En cuanto a la «sobrevaluación» de los precios, apuntaba a «la sobrefacturación de la materia prima importada, que en algunos casos supera en un ciento por ciento el precio internacional». También señalaba el rol del médico y sugería «enseñarle a conocer el papel social del medicamento», porque «debe prescribir solo lo indispensable y lo más económico».
Para ese año ya el 50% del gasto en salud se lo llevaban los medicamentos y Arturo Oñativia denunciaba «la distorsión terrible» al contar con diez mil especialidades medicinales cuando «con tres mil se puede cubrir todo el espectro terapéutico del país».
«El país requiere de una ley de medicamentos completa, que abarque todos los aspectos comerciales y técnicos y le dé impulso a la industria nacional para que deje de depender de las multinacionales y adquiera plena autonomía», esgrimía, convencido de que era la única salida.
Defensor de las necesidades sanitarias del país, recalcaba la urgencia de discutir e imponer criterios para defender el bolsillo del consumidor. Y soñaba con tener, «alguna vez, un sistema centralizado de salud, un sistema integrado y único de salud, que sería un gran paso adelante en la lucha para terminar con muchas anomalías en el campo médico».
