28 de julio de 2024

Al final del camino, promete el Gobierno nacional, habrá «inflación mensual cero», cuando no deflación. Para arribar a esa meta, que se alcanzaría antes de fines de año, según el ministro de Economía, Luis Caputo, está justificado el altísimo costo que está pagando la mayor parte de la población. De modo que el objetivo a cumplir tendrá prioridad, sin importar la profundidad de la recesión, el salto del desempleo, la baja de salarios y jubilaciones, con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.

El supuesto escenario de una inflación menor a la actual, por lo pronto, se viene construyendo con remanidas recetas neoliberales, comenzando con el endiosamiento de la «emisión monetaria cero», lo que equivale a anticipar que puede haber menos pesos de los que la economía requiere para poder funcionar.

En ese sendero se dispuso intervenir en el mercado de dólares financieros (CCL y MEP) con el objeto de frenar la emisión y, además, reducir el valor de dichos dólares financieros, a fin de que no espiralicen la inflación.

Otras medidas recientes se presentaron como un inicio de desarme del «cepo» cambiario. Así, quienes tienen que obtener financiación para pagar las importaciones pueden conseguir los dólares del Banco Central en plazos más reducidos, mecanismo orientado a grandes empresas, pues la gran mayoría de las pymes ya tenían la autorización para pagar a partir de los 30 días.

Resultante
Mientras se aguarda la resultante de las medidas gubernamentales, el interrogante principal que se va planteando es: si no se acumulan divisas, ¿cómo afrontar entonces los vencimientos de la deuda del Tesoro con acreedores privados en 2025, cuando vencen cerca de 9.000 millones de dólares (de los cuales, tres mil millones son intereses)?

A lo que se agregan los intereses con organismos internacionales, que suman aproximadamente 4.900 millones de dólares, de los cuales unos 3.000 millones corresponden a deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Precisamente, la estrategia del Gobierno pasa por endeudarse otra vez con el FMI o acordar con inversores privados. Las tratativas con estos últimos ya empezaron y surgen temores de que las tenencias de oro enviadas al exterior se ofrezcan como garantía de los eventuales créditos.

Como garantía de confianza a quienes puedan apoyarlo, el Gobierno exhibe un ajuste sin precedentes, con miras a reducir al Estado a una expresión mínima. El gigantesco recorte del gasto público, por supuesto, anticipa la desatención generalizada en materias de educación, salud, seguridad, cultura, cuidado del ambiente, infraestructura productiva y social, etcétera.

Los crecientes niveles de pobreza e indigencia derivados de estas políticas tienen también como justificativo la necesidad de recortar partidas presupuestarias, achicar estructuras estatales y no emitir moneda. ¿Para qué? Para bajar impuestos, lo que redundaría en una morigeración en el alza de precios, aunque nada indica que vaya a verificarse.

En este sentido es preciso dar una gran batalla cultural para revertir la idea, reiterada por grupos concentrados y sus medios afines, acerca de que el Estado es un reducto de ineficiencia y de corrupción al que hay que destruir.

Un aspecto central, al respecto, en un país que históricamente ha mostrado problemas en el sector externo, es que debe ser el Estado el que administre y priorice el uso de las escasas reservas, evitando a su vez recurrir al endeudamiento externo, que solo agrava los problemas.
En definitiva, se debe poner el eje en la economía productiva, en el mercado interno, en el consumo popular y en la generación de empleo. Lo contrario nos lleva un callejón sin salida donde prevalece el interés de los acreedores y de minúsculos grupos locales.

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