23 de agosto de 2024
En el marco de la política sanitaria a nivel nacional, la provincia cuyana implementó el cobro de servicios de salud pública a extranjeros. Opiniones encontradas de especialistas y funcionarios.
Crisis. Según Cornejo los hospitales públicos enfrentan serias dificultades económicas.
Foto: Claudio Gutierrez
El Gobierno de Mendoza puso en marcha un controvertido decreto que establece el cobro por la atención médica a extranjeros en tránsito o turistas, para aliviar la creciente tensión financiera que atraviesa el sistema de salud pública. La medida forma parte de una serie de reformas impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo y ha recibido tanto apoyos como críticas, poniendo de manifiesto un debate complejo y necesario sobre el acceso a la salud y la sostenibilidad de los servicios públicos.
El decreto N°1.266 considera «no residentes» a «los pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nacional de Migraciones. En estos casos los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen. Para ello, podrá requerir la emisión del comprobante de atención y de pago, a fin de gestionar y tramitar el reembolso ante la entidad correspondiente».
Es decir, por principio de atención médica en los hospitales públicos se debe asistir al paciente y luego la institución entregará un resumen de las prestaciones y gastos realizados para recuperar la percepción de esas erogaciones.
El Reforsal (Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza) es un ente autárquico que fue creado en julio pasado y será el encargado de llevar adelante esta tarea. Este nuevo organismo centraliza la cobranza bajo un nomenclador unificado y actualizado que rige desde ahora para todos los efectores estatales. Fuentes de Gobierno estiman que mediante la creación del Reforsal la recaudación podría triplicarse superando los 14 millones de pesos.
En la presentación de esta medida, el gobernador Alfredo Cornejo señaló que los hospitales públicos enfrentan serias dificultades económicas que requieren acciones inmediatas para asegurar su funcionamiento. Daniela Correa –directora del Reforsal– afirmó que la recaudación de estos pagos se destinará a mejorar la remuneración de los profesionales de la salud y a evitar la escasez en especialidades críticas.
Regularización migratoria
«En Chile el año pasado tuvimos, a través de nuestros constituyentes, la oportunidad de modificar el acceso a la salud gratuita y de calidad tal como la tiene Argentina, pero ese borrador fue rechazado. Es decir, la mayoría decidió que no quería salud gratuita, entonces no me parece justo venir aquí a operarse o acceder a prácticas gratis que en Chile son muy costosas. Si queremos salud gratis o a bajo costo entonces debemos luchar para conseguirlo», expresó Verónica Tapia, la titular de la Colectividad Chilena.
Por su parte, el cónsul general de Perú en Mendoza, Alberto Hart, se reunió con el ministro de Salud Rodolfo Montero para transmitir su preocupación por los connacionales que aún no han realizado los trámites correspondientes para la regularización migratoria y se encontrarían bajo la categoría «no residentes», solicitando así un plazo transitorio para su regularización.
Estadísticas. Aunque no hay datos oficiales, se estima que son 3.000 las y los extranjeros que se atienden anualmente sin costo.
Foto: Claudio Gutierrez
«En nuestro caso, no se trata de una comunidad que realice “turismo sanitario”, sino que se ha asentado en la provincia. En Mendoza tenemos cerca de 9.000 peruanos registrados, aunque proyectamos una comunidad de 30.000, aproximadamente. La mayoría no se ve afectada por la medida –dijo Hart–, pero sí existe un pequeño porcentaje de nuestra comunidad en Mendoza que por distintos motivos no han terminado sus trámites migratorios, a pesar de tener criterio de arraigo, es decir, cumplen con los requisitos que exigen las normas migratorias», expresó el cónsul.
Luego Hart añadió que son respetuosos de «la soberanía que le cabe a las autoridades de legislar en esta materia, sin entrometernos». Si bien aún no hay respuestas formales al pedido realizado por el consulado peruano, desde la cartera que dirige Montero habrían accedido a considerar favorablemente un período de prórroga para quienes deben finalizar sus trámites ante la Dirección Nacional de Migraciones.
Es importante aclarar que el alcance del decreto afecta a aquellos trabajadores y trabajadoras de otros países que tengan permiso para estar en Argentina y que no tengan domicilio en Mendoza, ya que ellos también deben abonar por la atención médica en los efectores públicos.
Igualdad de condiciones
Si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que son 3.000 las y los extranjeros que se atienden anualmente sin costo. «Esto significa que una persona que está tramitando su permanencia en la Argentina, que tiene voluntad manifiesta de vivir aquí pero que aún no cuenta con un documento debido al tiempo que demora el trámite, debe pagar por la atención de su salud –afirmaron desde la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (Caref)–. Lo mismo para una familia que llega a nuestro país y solicita ser reconocida como refugiada. El Gobierno de Mendoza desconoce así no solo la Ley Nacional de Migraciones que obliga al Estado a garantizar derechos como la salud a una persona extranjera en igualdad de condiciones que una nacional, sino también los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución», aclararon desde Caref.
Junto a la Asociación Ecuménica de Cuyo, en un duro comunicado, añadieron que dicha medida «pone en riesgo sanitario a toda la sociedad mendocina y consolida una imagen distorsionada de la realidad, responsabilizando a las y los extranjeros de la crisis económica que afronta el sistema de salud».
Propuestas de ajuste
El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, ha manifestado interés en extender esta política a todo el país, argumentando la necesidad de refundar un sistema de salud que considera «quebrado». Mendoza se suma así a otras provincias argentinas que ya transitan por este sendero, priorizando la sostenibilidad económica sobre la universalidad de derechos. Este giro se inscribe en un contexto donde el respaldo a propuestas de ajuste ha ganado terreno. El apoyo mayoritario a esta medida en Mendoza refleja un cambio en las prioridades sociales, en una provincia en la que 7 de cada 10 votantes eligió la plataforma libertaria como forma de gobierno.
Así, la política de cobro a extranjeros no es solo una cuestión administrativa, sino una manifestación de un debate más amplio sobre el rumbo político y social que la Argentina está dispuesta a seguir en los próximos años. En un contexto donde los discursos que privilegian la «libertad individual» a menudo implican el retroceso de derechos colectivos, la medida en Mendoza podría ser un anticipo de un país que, en su búsqueda por la viabilidad económica, corre el riesgo de comprometer sus principios de justicia e igualdad.
