18 de agosto de 2024

Sin hacer un estudio exhaustivo puede afirmarse que pocas veces como en la actualidad se van acumulando datos estadísticos que desmienten la versión oficial sobre la supuesta marcha «milagrosa» de la economía. Del mismo modo, existen pocos antecedentes –todos ellos ligados a experiencias neoliberales– de tan marcada expropiación de ingresos populares en beneficio de capitales concentrados.

«Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos», dijo el presidente Javier Milei al hablar días atrás ante los empresarios en el Consejo de las Américas, a la vez que se jactó de que «todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos».

Desde luego, esa «recomposición» ha sido más bien sinónimo de «pérdidas» en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, como se comprueba a diario en la mayor parte de los hogares, consecuencia de la inflación inducida o permitida por el propio Gobierno nacional.

Veamos más en detalle esta faceta del «milagro». En lo que va del año el costo de vida acumula un 87% de suba. Es decir, el mayor incremento de los últimos 32 años. Pero si la medición toma como base a noviembre pasado, el salto llega al 134,6%, lo cual refleja una gigantesca transferencia de ingresos en favor de aquellos actores con poder para fijar los precios y capacidad de sortear los peores efectos de la recesión.

Del otro lado del mostrador, puede verse la situación que atraviesan unos cinco millones de jubilados y jubiladas que cobran el haber mínimo más bonos. En julio, ese segmento percibió haberes de 285.622 pesos, valor que no alcanzó a cubrir el costo de la canasta básica total de una persona (291.472 pesos). Es el primer año de la serie actual (iniciada en 2017) en que ese conjunto de adultos mayores queda por debajo de la línea de indigencia.

Aunque esas son las consecuencias obvias del «ajuste más grande de la historia de la humanidad», el presidente insistió en que mantendrá el rumbo en 2025, con un proyectado «déficit cero» en el presupuesto de la Administración Pública.

Para lograr ese equilibrio se propondrá alcanzar un superávit primario (más ingresos que gastos) de modo de pagar puntualmente los intereses de las deudas con acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos.

Ese escenario es claramente empobrecedor y recesivo, sin señales de recuperación a la vista, dada la abrupta caída de los ingresos y su correlato de baja de la demanda interna.
El consumo registró en julio una caída interanual del 16,1%, proporción mayor incluso a la del peor mes del gobierno de Mauricio Macri, en julio de 2016, cuando el retroceso fue del 4,5%, de acuerdo con el análisis de la consultora Scentia.

Difícilmente pueda esperarse en este marco que repunte la producción, más allá de lo que pueda suceder en unos pocos sectores. De momento, la industria apenas utilizó en junio un poco más de la mitad de su capacidad instalada (54,5%, 14 puntos porcentuales menos que la del mismo mes de 2023).

Mientras exista una gran ociosidad de los equipos e infraestructuras y un mercado interno que no reacciona, es difícil que la inversión repunte, salvo aquella asociada a la explotación de los recursos naturales, que de todas formas genera muy poco empleo.

Recaudación
Más allá de la presentación de resultados ilusorios, el horizonte planteado contempla la persistencia del ajuste, para compensar la reducción de los ingresos fiscales que aporta el impuesto PAIS, una de las principales fuentes de crecimiento de la recaudación, al igual que las retenciones a las exportaciones.

En septiembre, la alícuota se reducirá 10 puntos (al 7,5%) y el gravamen caducará a fin de este año. La merma en los recursos fiscales se completará si se cumple la promesa de reducir retenciones.

Es en este contexto que surgen las hipótesis de mayor represión, por parte del Gobierno, para seguir adelante con su plan ajustador.
Esta semana también fueron explicitados los mensajes para el disciplinamiento de la clase política, durante la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por el atentado que casi termina con su vida.

La ex jefa de Estado describió el clima que se instaló antes del fallido intento de asesinato, y fue incluso más hacia atrás, comentando distintos episodios de violencia que vivió durante sus dos presidencias. Los vinculó con la crispación que produjeron, en los poderes concentrados de la economía, políticas como la recuperación de YPF y de los fondos de los/as trabajadores/as (con el cierre de las AFJP y la vuelta a un sistema de reparto), y la creación de la AUH, entre otras.

Acto seguido, denunció la articulación del poder económico concentrado, que «digita» desde arriba, con los medios de comunicación y el poder judicial. «Si uno mira quienes van a ser los beneficiarios del RIGI hoy en Argentina, son los mismos con nombre y apellido, o sus hijos (…). Los que se llevaron de capital fijo en los años 90 se lo van a llevar de recursos no renovables ahora», afirmó.

Queda aún por ver si la ciudadanía convalida ese proyecto regresivo, en el que el Estado se hace a un lado y deja todo en manos del mercado, para perjuicio de la mayor parte de la población, las MiPyMEs, las provincias y las universidades, entre otros. 

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